Coronavirus: la situación en las cárceles de todo el país entra en su fase más crítica

Comienza una de las semanas más críticas en la historia del sistema carcelario argentino. Los gravísimos problemas estructurales que arrastra desde hace décadas, con instalaciones que se deterioran cada vez más ante una superpoblación irrefrenable -y escandalosa, en el caso de la provincia de Buenos Aires-, se agravaron al máximo con la amenaza del coronavirus. Como una pandemia dentro de otra, las unidades penales de todo el país, y aún más las de la Capital y el conurbano, se convirtieron en una bomba de tiempo. Y motines como los de Florencio Varela o Devoto, sumados a los de Santa Fe y Corrientes, con revueltas mortales, presagian un estallido de consecuencias imprevisibles.

El SARS-CoV2 ya entró en las cárceles. La semana pasada, el caso positivo de un recluso de la U41 de Florencio Varela fue la mecha que encendió el trágico alzamiento del miércoles pasado, en el que murió el interno Federico Rey, de 23 años, alcanzado por proyectiles de plomo disparados durante la refriega desde el sector donde estaban apostados los agentes penitenciarios.

Calificadas fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y de la Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial entregaron a la fiscalía de Quilmes que intervino tras el trágico hecho tres cartuchos servidos. Además, confirmaron que la persona que efectuó los disparos mortales ya fue identificada y en las próximas horas podría ser detenida.

Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a minuto

Fuentes del sector penitenciario dijeron a LA NACION que fue registrado un caso positivo de Covid-19 en el penal de Villa Devoto, escenario, el viernes, de un virulento motín en el que la exigencia principal era obtener prisiones domiciliarias y excarcelaciones extraordinarias en el contexto de la pandemia.

El preso infectado en este caso, dijeron las fuentes consultadas, es uno que cayó al vacío desde una altura de cinco pisos cuando era izado con sogas por otros internos. Esa fue una de las crudas imágenes que se viralizaron en la web durante las 12 horas que duró la revuelta en el añoso edificio penitenciario porteño.

Horas antes de que estallara el motín había recuperado la libertad otro recluso que, según se confirmó este fin de semana, también estaba contagiado con el virus SARS-CoV2.

Los contagios comprobados y el riesgo de que el virus entre como un tsunami en los atestadísimos pabellones penitenciarios y se cobre un número incalculable de víctimas son el contexto en el que se dirimen variados intereses, no siempre tan altruistas o enfocados exclusivamente en el derecho a la salud y en la necesidad de proteger a la población carcelaria. Entre las aguas tormentosas están quienes agitan las olas para lograr beneficios que en otras circunstancias ni siquiera se animarían a solicitar.

Las fake news agravan el problema. En Florencio Varela ese fue, de hecho, el disparador de la revuelta. Calificadas fuentes judiciales confiaron a LA NACION que luego de que se confirmara que el preso Julio Arakaki (condenado a perpetua por el asesinato de su hija de 12 años, en 2012, y gravemente enfermo) se había contagiado de Covid-19 en la U41, un abogado acicateó a referentes del penal para que presentaran masivamente pedidos de excarcelación y de prisión domiciliaria. Y como para remachar ese clavo contaminado, entre los pabellones del penal de Varela comenzó a circular un audio de un presunto médico que decía, palabras más, palabra menos: "Acá estamos contaminados, nos vamos a morir todos".

La mecha, que ya estaba cortísima luego de casi un mes de restricciones de las visitas familiares (cruciales para los internos, por cuestiones afectivas y porque es cuando reciben ropa, comida y otras vituallas), se encendió. El resultado fue el alzamiento del miércoles y la represión en la que murió el preso Rey bajo el fuego penitenciario.

En los 63 penales bonaerenses -57 unidades y seis alcaidías- hay 45.000 reclusos y 24.000 agentes. Desde la semana pasada, 1213 presos hacen huelga de hambre en 12 cárceles. Piden que se cumpla el fallo de Casación que ordena prisiones domiciliarias y excarcelaciones. En Devoto, el motín quedó en pausa hasta el miércoles. Las nubes negras aún se abaten sobre el cielo penitenciario.