Crimen de las turistas francesas en Salta: tras el escándalo, la esposa de Santos Clemente Vera finalmente aceptó hacerse el hisopado para un ADN

SALTA (De una enviada especial).– Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, el hombre que pasó 11 años preso por el doble crimen de dos turistas francesas hasta que la Corte Suprema anuló la condena, aceptó someterse a una extracción de ADN luego de un primer intento fallido, el viernes pasado, en el que terminó siendo arrastrada por efectivos policiales para hacer cumplir el estudio de manera compulsiva.

Yapura y otras ocho mujeres fueron convocadas a aportar muestras para un estudio comparativo de ADN luego de que un laboratorio francés detectara perfiles genéticos femeninos en restos hallados en una de las víctimas, Cassandre Bouvier.

La extracción se realizó este miércoles, cerca de las diez de la mañana, en el edificio del Poder Judicial y el Ministerio Público de Salta, situado en la avenida Bolivia 4671, en la zona norte de la capital provincial.

La prensa no pudo ingresar al edificio porque, según indicaron los oficiales presentes, “no es un espacio público”. En la previa estuvieron el abogado Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina; Roberto Reyes y su hijo Ezequiel Reyes, letrados de la defensa; José Humberto Vargas, defensor de Santos Clemente Vera desde agosto de 2011; el perito Gabriel Boselli, y el esposo de Yapura.

Dentro de la sala estuvieron el perito de parte, el funcionario judicial técnico y Yapura, a quien se le realizó el hisopado bucal.

Afuera, Clemente esperó a su mujer en la panadería Tribunales, junto a varios miembros de Innocence Project Argentina. La espera terminó tras una hora. Yapura regresó junto al perito y sus abogados, que habían quedado afuera de la sala.

El clima estuvo lejos de ser el mismo que el del viernes pasado en las instalaciones del Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Ese día, Yapura había sido trasladada mediante el uso de la fuerza pública desde su casa.

“Siempre estuve a disposición y nunca me negué a colaborar. Cuando me requirieron, vine, pero necesitaba garantías de que todo se hiciera correctamente, porque ya tenemos antecedentes de irregularidades en la causa”, sostuvo Yapura a LA NACION.

En ese momento, la defensa había solicitado la participación del perito de parte Boselli mediante videollamada desde Buenos Aires. Cuando llegaron, les dijeron que eso no iba a ser posible. “Nadie salía de la oficina, nadie daba explicaciones. Solo estaba la policía afuera esperando, la misma que había ido a buscarme a mi casa. Después llegaron más efectivos y mujeres policías. Se armó todo un operativo y nadie me explicaba qué iba a pasar”.

Fue en ese contexto que se produjo el forcejeo con efectivos policiales y las escenas de tensión que quedaron registradas durante el fallido primer intento de extracción.

“Lo único que pensé fue en algo que siempre me ronda la cabeza: que quieren involucrar a los Clemente, que quieren cerrar el caso con Clemente preso. Y pensé en mis hijos, en cómo los afecta todo esto y en cómo me afecta a mí. Ellos están muy conmocionados y asustados. Pensé en su salud y en protegerlos”, explicó Yapura.

Y agregó: “No me pueden negar mis derechos. Tengo derecho a tener abogados y un perito de parte. Entonces decidí resistirme porque era lo único que me quedaba. Si ni siquiera respetaban los escritos que presentaban mis abogados, mi única herramienta era mi propia fuerza. Sentí que iban contra mi persona, mi dignidad, mi familia y mi marido, que es lo que más me importa. Fue mi manera de protegerme”.

Según el informe oficial de la Unidad Fiscal, Yapura se negó reiteradamente a ingresar a la sala de extracción, se arrojó al suelo y obligó al personal policial femenino a utilizar la fuerza para hacer cumplir la orden judicial.

El reporte judicial también indicó que, una vez dentro del edificio, la mujer habría intentado morder al personal del CIF mientras sus abogados, Reyes y Vargas, registraban la escena con sus teléfonos celulares y le pedían que reclamara la presencia del gobernador Gustavo Sáenz.

Otro de los puntos que llamó la atención de los fiscales fue el hallazgo de un micrófono inalámbrico oculto entre las prendas de Yapura. Según interpretó la fiscalía, el dispositivo habría sido utilizado con la intención de “instalar falsedades en los medios”, en medio de la cobertura realizada por documentalistas franceses que siguen el caso.

Para la defensa, la situación fue muy distinta de la que describieron las autoridades judiciales. “Nada de eso ocurrió. La señora, que no está imputada ni sospechada en la causa, fue trasladada compulsivamente el viernes. Lo único que pedía era la presencia de los fiscales o la participación de su perito de parte”, sostuvo Vargas.

Y añadió: “Se excedieron completamente. La arrastraron desde este mismo pasillo hasta el interior de la oficina. La tomaron de los brazos y la llevaron a la fuerza por todo el sector”.

Vargas también señaló que la defensa había presentado previamente documentación médica que acreditaba que Yapura atravesaba un postoperatorio por un cáncer de mama. “No les importó. La arrastraban de los brazos por el piso. Ella nunca se negó a la extracción en sí, sino a realizarla sin garantías mínimas, como la presencia, aunque fuese virtual, de su perito de parte. Eso jamás fue aceptado: nunca apareció un fiscal a explicarle nada”, sostuvo a LA NACION.

Para Garrido, este episodio provoca gran indignación. “Por un lado, fue una sorpresa por la forma en que se dispusieron estas medidas sobre Beatriz, y también genera indignación por la violencia que se ejerció sobre ella. Es una persona que ya tuvo que atravesar la detención de su marido durante más de 10 años y hacerse cargo sola de sus hijos. Ahora el tema vuelve a empezar y, siendo una persona ajena a la causa, ni sospechada ni imputada, la violencia ejercida sobre ella remueve todo eso otra vez”, contó.

Innocence Project Argentina realizó una presentación judicial luego del incidente. “Cuando ocurrió el hecho de violencia emitimos un comunicado manifestando nuestro repudio, pero además presentamos un escrito como ‘amigos del tribunal’ [amicus curiae] ante el juzgado que interviene en la apelación contra la decisión que dispuso la extracción compulsiva de ADN”, explicó Garrido.

Y agregó: “Ella se opuso y, en principio, no debería verse obligada. Desconfía del sistema judicial por todo lo que le pasó. En la presentación acompañamos criterios que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene sosteniendo desde hace años: que forzar a una persona a aportar ADN debe ser una medida excepcional, justificada por extrema necesidad, proporcional y evitando en la medida de lo posible el uso de violencia física. Si la muestra puede obtenerse por una vía menos invasiva, debe hacerse así. Acá ocurrió todo lo contrario”.

Para Yapura esta situación es volver al pasado y repensar los 11 años que su marido estuvo en la cárcel. “Yo tengo miedo, ahora. Pensé que todo esto terminaba en 2023, que después de eso iba a empezar la libertad. Y ahora, casi dos años después, seguimos con lo mismo”, contó.

Esta tarde, a las 17, habrá una conferencia de prensa para hablar del episodio encabezada por los abogados Micaela Prandi, coordinadora de Innocence Project Argentina; Lucas Pasarín, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Garrido, Reyes y Vargas. También estarán presentes Yapura y Santos Clemente Vera.

El 15 de julio de 2011, Cassandre Bouvier, de 29 años, y su amiga Houria Moumni, de 24, ambas estudiantes del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona en París, ingresaron en la reserva natural de San Lorenzo, en Salta. Catorce días después, el 29 de julio de aquel año, sus cuerpos fueron hallados tras haber sido víctimas de abusos, golpes y disparos.

Fue un turista chaqueño, Gustavo Héctor Goojo, quien encontró los cuerpos de las dos turistas francesas mientras caminaba por la zona junto a su esposa el 29 de julio de 2011. Según el registro de ingreso en la reserva, las jóvenes habían entrado el 15 de julio. Sus mochilas fueron encontradas posteriormente en el Hostal del Cerro, donde se hospedaban.

Durante años, el caso estuvo atravesado por denuncias de irregularidades en el proceso judicial y por sospechas de encubrimiento, con señalamientos sobre una posible protección de los verdaderos responsables por parte de sectores del poder político y judicial en Salta.

En 2014, tres guías de la zona, Gustavo Lasi, Santos Clemente Vera y Daniel Vilte, llegaron a juicio por el doble crimen. Lasi fue condenado a 30 años de prisión tras comprobarse que su ADN era una de las huellas genéticas encontradas en los cuerpos de las víctimas. En cambio, Vilte y Vera fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Lasi, luego, declaró que Vera, en estado de ebriedad, lo había obligado a violar a las turistas a punta de fusil. Aunque ese testimonio nunca pudo ser confirmado, resultó determinante: en 2016, el Tribunal de Impugnación de Salta revocó la absolución de Vera y lo condenó a prisión perpetua como coautor, pese a la ausencia de pruebas directas en su contra.

Jean-Michel Bouvier, el padre Cassandre, nunca creyó en la culpabilidad de Vera y sostuvo que los verdaderos responsables seguían libres y habían sido encubiertos.

En diciembre de 2023, la Corte Suprema, tras la intervención de Innocence Project Argentina y con el respaldo del padre de Cassandre, anuló la condena y ordenó la liberación de Vera. Lasi, en tanto, sigue encarcelado.

En noviembre de 2025, Jean-Michel Bouvier presentó en París una denuncia para que la Justicia francesa investigue el caso. En el escrito solicitó la citación de unos 30 exfuncionarios salteños, entre integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad.

El planteo sostiene que hubo “serios fallos” en la investigación argentina y que aún no se han esclarecido las verdaderas circunstancias del crimen. Además, insiste en que existen perfiles de ADN detectados por peritos franceses que nunca fueron incorporados ni analizados en profundidad por la Justicia local, lo que refuerza la hipótesis de que podría haber otros responsables.

En paralelo, la causa avanza con una revisión integral del expediente a cargo de una Unidad Fiscal Especial creada en 2025, que trabaja con un enfoque actualizado y técnicas que no existían en 2011.

El equipo analiza más de 7000 fojas, reorganiza la cronología de los hechos y revisa la consistencia de las pruebas, al tiempo que incorpora nuevos peritajes, como análisis de celulares con tecnología forense moderna y estudios científicos realizados por expertos franceses que no habían sido plenamente considerados.

También se investigan posibles irregularidades de la pesquisa inicial, en un intento por detectar inconsistencias y ampliar las líneas de investigación con el objetivo de reconstruir lo ocurrido con mayor precisión.

Por Sarah Mota

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