Delitos. Los doce casos policiales que conmovieron este año a la sociedad

Las estadísticas oficiales solo se conocerán a mediados del año próximo, pero los recortes parciales de datos permiten definir que, de manera obvia, el delito bajó durante el momento de mayor aislamiento social por la pandemia. Sin embargo, las autoridades también tienen una certeza: los episodios más violentos no disminuyeron.

Los datos marcarán en los próximos meses si es correcta la sensación colectiva sobre una mayor dosis de agresividad en las calles. Situaciones de esas características quedaron expuestas en homicidios y también en la repetición de reacciones vecinales ante delincuentes, golpeados en muchos casos antes de ser entregados a la policía. Siempre con un elemento central que, como quizá nunca antes, potenció los debates sobre inseguridad: las grabaciones de cámaras de seguridad.

En otro momento podía llegar a conocerse filmaciones vinculadas con homicidios, pero hoy la difusión de grabaciones es tan amplia que hasta un hurto menor tiene su espacio público. Se observa casi en directo la violencia del delito y el temor de las víctimas.

Este año dejó, además, otra serie de imágenes en el campo de la seguridad pública, como esos pasacalles que advirtieron sobre el hartazgo social ante el delito o los brazos caídos de la policía bonaerense en días de protesta. En estos meses se vio crecer tanto el misterio de los camiones con dinero como aumentar las fricciones entre el ministro bonaerense Sergio Berni y la ministra nacional Sabina Frederic. Y sucedieron varios casos que se consignarán por los efectos sociales y políticos que causaron.

Las imágenes grabadas con un celular provocaron la indignación colectiva. Fernando Báez Sosa estaba indefenso en el suelo, mientras una patota lo atacaba. Las mortales patadas recibidas en la cabeza por ese adolescente de 18 años golpearon también a la sociedad que acompañó con masivas marchas el reclamo de los padres de la víctima.

La definición de "caducó" usada por los agresores para referirse a Báez Sosa potenció la brutalidad de es homicidio que modificó la temporada no solo en Villa Gesell, sino en toda la costa. La fiscalía pidió laelevación a juicio de las acusaciones contra Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, y Ayrton Viollaz.

Las autoridades aseguran que la violencia de género aumentó durante la etapa de aislamiento social obligatorio. Y los femicidios no fueron contenidos. Aún no hay datos oficiales sobre las mujeres asesinadas este año por la violencia machista. Hace pocos días se notificaron los 227 femicidios registrados en 2019. Las muertes de Cristina Iglesias y su hija Ada, de siete años, no solo impactaron en el momento de conocerse eldoble femicidio en Lanús, sino que representan en sus nombres a las restantes víctimas mortales de la violencia de género por los puntos en común que tienen sus asesinatos con otros episodios: varios días de búsqueda y la certeza judicial que la pareja de la mujer, Abel Romero, las mató y enterró en su propia casa.

A partir de las medidas tomadas para prevenir la propagación del coronavirus Covid 19, diferentes juzgados aceleraron las medidas para beneficiar a presos. Más de4500 detenidos fueron excarcelados con diferentes excusas. Eso no evitó el amotinamiento de varias prisiones, que tuvo su eje central en el penal de Villa Devoto. El hartazgo social frente a la salida de presos evitó que se cumpliesen las exigencias de los detenidos y se frenaron las excarcelaciones.

En medio de los controles más duros para evitar la circulación del coronavirus, un joven de 22 años dejó su casa en Pedro Luro con la intención de llegar a Bahía Blanca para encontrarse con su exnovia. Fue demorado en dos controles policiales en la ruta 3 y a partir de ese momento se perdió el rastro.

Facundo Astudillo Castro se transformó en un complejo caso judicial y se volvió también una preocupación política por la hipótesis que aún apunta a la responsabilidad de la policía bonaerense. Sus restos fueron encontrados el 15 de agosto y la autopsia no encontró rastros para señalar un homicidio.

Luis Espinoza presenciaba una carrera clandestina de caballos a 70 kilómetros de la capital tucumana cuando irrumpió una partida policial. Tras una refriega, nadie supo más de ese hombre. La investigación judicial demostró que nueve policías lo habían ejecutado de un disparo y que arrojaron su cuerpo enun barranco en Catamarca.

Uno de los aspectos que, incluso, las autoridades marcaron con relación a los delitos cometidos durante la cuarentena fue la mayor violencia observada este año. Esas características tuvo el asesinato de Débora Ríos, sorprendida por delincuentes en una parada de colectivos en Moreno. La mujer, de 36 años y madre de un adolescente de 13, se dirigía a su puesto de trabajo en una estación de servicio cuando fue atacada.

Un testigo escuchó el grito desgarrador: "¡No me hagan nada! ¡Tengo un hijo!". Los ladrones no tuvieron piedad y le asestaron 31 puñaladas para llevarse su mochila y un celular.

Frente a repetidos casos de violencia por parte de delincuentes, la sociedad dividió sus opiniones frente al caso de Jorge Ríos, el herrero de 71 años que mató a uno de los cinco ladrones que lo habían sorprendido en su casa de Quilmes. Fue golpeado y torturado antes de poder tomar una pistola 9mm.

Para algunos, se defendió. Otros consideran que actuó como justiciero. La Justicia caratuló el expediente como homicidio agravado.

Mientras en Tucumán poco se avanzó tras el asesinato de Espinoza, en Córdoba un caso de gatillo fácil generó una fuerte repercusión política. Tres comisarios y diez agentes quedaron imputados por el asesinato del adolescente Blas Correa, baleado cuando el auto en el que se movilizaba con amigos eludió un control policial.

Otro similar caso de gatillo fácil ocurrió en una localidad cordobesa en octubre. La muerte de Joaquín Paredes, de 15 años, se sumó a la de Correa y derivó en que por primera vez una mujer quedase al frente de la policía cordobesa.

Al igual que en otros episodios conmocionantes, las grabaciones de cámaras de seguridad aportaron no solo claridad a los hechos sino también apuntalaron polémicas. Juan Pablo Roldán, inspector de la Policía Federal, fue acuchillado por un hombre con sus facultades psíquicas alteradas.

La secuencia que llevó al ataque realizado por Rodrigo Facundo Roza generó la controversia no solo social, sino también entre las autoridades a cargo de la seguridad pública. El agresor fue abatido por su propia víctima solo después de que esta recibiese la mortal estocada. Regresó entonces la polémica por la necesidad o no de contar con pistolas Taser.

Jorge Neuss era uno de los empresarios más importantes en nuestro país. Con su esposa, Silvia Saravia, eran una pareja buscada para las fotografías de galas de beneficencia y eventos sociales de alto nivel. Las sonrisas en esos acontecimientos se perdían dentro de las paredes de la vivienda que compartían en el country Martindale.

El femicidio tuvo un importante impacto ya que el asesino era una figura pública. También expuso que los casos de violencia de género atraviesan todas las clases sociales y que la mujer víctima puede tener sus propios círculos de amistades y, pese a eso, no poder evitar la violencia machista. Neuss se suicidó tras el asesinato, como hicieron varios femicidas este año.

El abuso sexual y asesinato de la niña Abigail Riquel, de nueve años, provocó el enojo colectivo en un barrio periférico de la capital tucumana. Cientos de vecinos se lanzaron en un informal operativo de búsqueda, captura y destrucción del sospechoso, que finalmente fue atrapado por la turba. José Antonio Guaymás fue desnudado y golpeado hasta la muerte, en uno de los más brutales episodios de violencia colectiva contra delincuentes que se registraron este año.

Varios días después se conoció que el ADN encontrado en el cuerpo de la menor coincidía con el violador linchado, pero ese caso establece una marca en el termómetro social, que incluso en otras zonas, como en el conurbano, expone preocupantes síntomas de grupos que piensan antes en la venganza que en la justicia.

El armenio Dimitri Amiryan había llegado a nuestro país hace diez años. Tenía pasión por las travesías en bicicleta y se juntaba con amigos para movilizarse por la ciudad. Esperaba por sus compañeros en el cruce de la avenida Madero y San Martín cuando fue interceptado por un joven ladrón. Las bicicletas se volvieron en esta época de pandemia un bien codiciado y, como en el caso de los celulares, se armó rápido un irregular mercado de reventa que favorece a los delincuentes. El chico de 15 años no dudó y disparó. Fue atrapado a unos 500 metros de la escena del crimen, en una de las entradas de la villa 31.

Sus antecedentes marcaron que había sido detenido al menos cuatro veces este año. Siempre por robo a mano armada. Nadie pudo evitar que la progresión de sus delitos terminase en un homicidio. Este episodio abrió el último debate del año sobre inseguridad: la edad de imputabilidad de los menores. Al igual que en las otras polémicas generadas en estos meses, nada cambió.

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