Doble crimen en Vicente López: después de su sobreseimiento, la primera imputada demandará al Estado por 100 millones de pesos
“Quiero cobrar lo que me corresponde, ese dinero es para mis nietos”, dijo María Ninfa Aquino, que estuvo detenida 12 días
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Cuarenta y ocho horas después de haber sido sobreseída de la causa donde se investigan los homicidios de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso, el matrimonio acribillado en el garaje de su casona de Vicente López, María Ninfa Aquino, la empleada doméstica de las víctimas y primera imputada de la causa, anunció que decidió demandar por 100.000.000 de pesos a la provincia de Buenos Aires por los 12 días en que estuvo detenida siendo inocente.
Así lo informó a LA NACION su abogado defensor, Hugo López Carribero. “Me cag... la vida y quiero cobrar lo que me corresponde, ese dinero es para mis nietos que son más pobres que una laucha”, dijo Aquino, según el letrado.
Aquino fue sobreseída totalmente de la causa por el juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa. “Llegada esta instancia del proceso, advierto que se configura un cuadro de certeza negativa que me permite afirmar que la señora Aquino no ha participado en el hecho ocurrido el 24 de agosto de 2022 en el cual se diera muerte a María Mercedes Alonso y [José] Enrique Del Rio no solo por haberse desvirtuado la incriminación que le realizara Martín Del Rio, hijo de las víctimas y quien se encuentra detenido imputado como autor [del doble crimen] habiéndose dictado la prisión preventiva, sino también por haberse corroborado el descargo que Aquino ensayara al deponer en forma injurada, rechazando esa imputación”, explicó el magistrado en su resolución.
Ayer, en una conferencia de prensa convocada para hablar de su sobreseimiento, Aquino sostuvo: “No puedo creer en la Justicia, me hicieron mucho daño. Me maltrataron, dijeron cosas que no correspondían, me acusaron de cosas que no cometí. No son buenas esas cosas. Fue muy injusta la Justicia con nosotros, con mi familia y conmigo”.
El doble crimen ocurrió el 24 de agosto pasado, en Melo y Gaspar Campos, en Vicente López. Como presunto autor de los homicidios, desde el 7 de septiembre, está preso el hijo menor de las víctimas, Martín Del Río, acusado de doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la máxima del Código Penal, prisión perpetua.
“En el caso se observa la existencia de condiciones excepcionales que permiten desoír el principio de la libertad durante el proceso, toda vez que se verifica riesgo procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación. Ese riesgo procesal surge a partir de la pena que se espera como resultado del procedimiento, en virtud de la escala penal con la que viene conminado el delito cuya comisión se le atribuye al encausado”, sostuvo el juez Costa al fundamentar la prisión preventiva del sospechoso.
El juez Costa sostuvo que “no puede pasarse por alto la actitud asumida por el imputado a posteriori del hecho, intentado desviar el curso de la pesquisa hacia terceras personas [como Aquino], como así la desaparición de importantes elementos de prueba vinculados con la autoría del hecho, todo lo cual da cuenta de indicadores de riesgo procesal de entorpecimiento probatorio”.
Sobre el imputado, Martín del Rio, Aquino afirmó: “No quiero que Martín salga mas de la cárcel, voy a ir al juicio a declarar contra él”.
Las víctimas estaban convencidas de que se iban a mudar a un departamento del exclusivo edifico Château Libertador, en Núñez. Pero su hijo menor nunca había hecho la millonaria operación inmobiliaria como José Enrique Del Rio y Alonso pensaban.
“El encartado [por Martín Del Rio] tejió un entramado profundo de mendacidades que no logró prolongar más en el tiempo, el que no se descarta haya estado motivado en el ocultamiento del manejo y administración de los bienes de sus progenitores, el cual podría quedar al desnudo”, sostuvieron los fiscales Marcela Semería, Martín Gómez y Alejandro Musso al fundamentar el pedido de prisión preventiva en un dictamen de 101 páginas.
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