El gobierno porteño se comprometió a entregar a Nación antes de mayo la cárcel que construye en Marcos Paz
Cuando quede inaugurada la nueva unidad penitenciaria, con capacidad para 2240 presos, será desocupada la prisión porteña
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LA NACION
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometió a entregar durante el primer cuatrimestre del año la cárcel que construye en el partido de Marcos Paz, que tendrá capacidad para alojar a 2240 presos y pasará a estar bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
Cuando el gobierno de Jorge Macri haga efectiva la entrega de la nueva unidad penitenciaria, que se construye en el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz, se desocupará la cárcel situada en el barrio porteño de Villa Devoto, la última prisión nacional que funcionaria en la ciudad de Buenos Aires y que tiene 1186 plazas disponibles.
“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado. Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto y avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”, dijo Macri después de una recorrida que hizo por instalaciones de la futura prisión federal.
En las últimas horas, los gobiernos nacional y porteño firmaron un “acta de entendimiento” donde se estableció que la Ciudad entregará durante el primer cuatrimestre de este año la nueva cárcel federal que está construyendo en Marcos Paz y que será traspasada a la órbita de la Nación.
“El acuerdo contempla la posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinadas al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos”, sostuvo el gobierno porteño en un comunicado de prensa.
El convenio fue firmado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y su par de la Ciudad, Horacio Giménez, en representación de Macri.
“El acuerdo permite ordenar el alojamiento de presos, descomprimir la cantidad de detenidos alojados en comisarías y fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal en el marco de los estándares técnicos y de seguridad vigentes”, se informó en el comunicado.
La construcción de la nueva cárcel de Marcos Paz fue proyectada como parte de un acuerdo entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en 2018, pero se había paralizado en 2020, cuando el presidente de la Nación era Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta era el jefe de gobierno porteño.
En 2018, durante los gobiernos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, se firmó un convenio en el que se estableció un esquema de financiamiento para construir el Complejo Penitenciario Federal V en Marcos Paz, con un costo total de 130 millones de dólares. La Nación, a través del Ministerio de Justicia, comprometió 60 millones de dólares, divididos en dos cuotas: la primera de 30 millones, al inicio de la obra, y la segunda, de igual monto, al alcanzar un 15% de avance, sujeto a la presentación de informes parciales. Estos fondos fueron desembolsados entre 2018 y 2019.
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires debía aportar los 70 millones de dólares restantes, con la expectativa de financiar parte de este monto mediante la venta del terreno del penal de Devoto, una vez desocupado y rezonificado. Además, la Ciudad asumía la responsabilidad de ejecutar y supervisar los contratos, asegurando el uso adecuado de los fondos y reportando avances periódicos.
Este acuerdo tenía como objetivo crear 2240 plazas de alojamiento para trasladar a los aproximadamente 1800 internos de Devoto, la última cárcel en funcionamiento dentro de la Capital, para avanzar con su cierre, una demanda histórica de los vecinos del barrio.
Sin embargo, la construcción en Marcos Paz −avanzada en un 75%, aproximadamente− fue suspendida en marzo de 2020 por el gobierno de la Ciudad por sucesivos roces con la administración de Alberto Fernández. Es que si bien durante los primeros meses de gestión el vínculo entre Rodríguez Larreta y el Presidente atravesó una suerte de “luna de miel”, esa armonía fue breve.
Un motín de la policía bonaerense llevó a Fernández a aumentar los fondos destinados a la provincia para atender las demandas salariales. Para financiar esta medida, se recortó la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires, reduciéndola del 3,5% al 1,4%. La decisión, argumentada como una redistribución para “corregir desigualdades”, fue cuestionada por Rodríguez Larreta, quien la calificó de unilateral y perjudicial para la autonomía porteña. El jefe de gobierno de la Ciudad presentó entonces una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que avaló su reclamo.
En la víspera de la Navidad de 2024, la fuga de 17 presos alojados en la Alcaldía 9 de la Policía de la Ciudad, situada en Liniers, disparó una fuerte disputa entre la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y Rodríguez Larreta.
“Larreta en 2022 dejó de construir la cárcel que tenía que construir. Entonces hoy hay dispersos presos por todas las comisarías, lo que saca policías de la calle, resta seguridad a la ciudadanía y suma problemas”, dijo Bullrich tras la evasión protagonizado por 17 presos, la decimoquinta fuga de dependencias porteñas durante 2024.
Rodríguez Larreta, que en diciembre pasado asumió como legislador porteño, argumentó en su momento que la construcción del penal era una obra nacional que debía ser financiada con fondos federales, y que entre 2019 y 2023 no recibió transferencias para avanzar, ni tampoco la titularidad de los terrenos de Devoto para solventar los trabajos.
Finalmente, tras la polémica entre Bullrich y Rodríguez Larreta, en enero del año pasado, el gobierno porteño reanudó las obras de la nueva prisión.
“El reinicio de la obra de la cárcel en Marcos Paz es una respuesta concreta para que los porteños vivan más seguros. Nos importa mucho más resolver que discutir. Y lo que tenemos que hacer es terminar la cárcel”, había dicho Jorge Macri.
Además, en noviembre pasado, la Legislatura porteña aprobó la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS) de la Ciudad, que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
“La creación del Servicio Penitenciario se complementa con la Ley de Ejecución de la Pena y ambas propuestas constituyen un punto de inflexión en el desarrollo institucional de la Ciudad, que a partir de ahora podrá disponer de un sistema carcelario propio, moderno, eficaz y diseñado por especialistas”, dijeron fuentes oficiales.
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