El jefe máximo de los fiscales pidió el juicio político de la jueza Julieta Makintach para destituirla
La denuncia fue hecha ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense
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Tras el escándalo por el documental Justicia Divina que derivó en la nulidad del debate donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, denunció a la jueza Julieta Makintach, quien tenía un rol estelar en la “docuserie”, ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes oficiales. Se trata del primer paso de un eventual jury de enjuiciamiento, que podría derivar en la destitución de la magistrada si el veredicto es de culpabilidad.
La semana pasada, tras la audiencia donde el Ministerio Público Fiscal exhibió las pruebas que vinculaban a la jueza Makintach con el documental, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso una licencia compulsiva de 90 días para la magistrada.

“La medida surte efecto desde el día de la fecha y se extiende por 90 días. Por la naturaleza de los hechos involucrados y la urgencia del caso, se dispuso trasladar la resolución al Procurador General [por Conte Grand], a fin de que evalúe el actuar de la doctora Makintach en los términos de la Ley N° 13.661 (de enjuiciamiento de magistrados) en orden a la pertinencia de la acusación de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires”, se había informado desde el máximo tribunal en un comunicado de prensa.

Ahora, la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerense deberá sortear al tribunal que juzgará a la magistrada, que estará a cargo de la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, e integrado por cinco conjueces legisladores (senadores o diputados con título de abogado) y cinco conjueces, también abogados.
Los diez conjueces se sortean en un acto público, los profesionales de matrícula en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y los conjueces legisladores en la Cámara de Senadores.
La Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales está a cargo del doctor Ulises Giménez.
“La jueza Makintach tiene tiempo de presentar la renuncia a su cargo hasta la admisibilidad de la acusación por parte del jurado”, dijeron fuentes judiciales.
La denuncia de Conte Grand se conoció pocas horas después de que los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitaran que se realice el sorteo para designar a los jueces que deben estar a cargo del nuevo juicio.
“A fin de asegurar el más alto grado de transparencia y garantizar la legitimidad de los actos procesales venideros, solicitamos respetuosamente a ‘vuestra excelencia’ [sic] que, salvo mejor criterio, se notifique a estos acusadores públicos, así como a la totalidad de los particulares damnificados y asistencias técnicas de los acusados a los efectos de formalizar el sorteo correspondiente a la mayor brevedad posible y con la premura que el caso amerita. Asimismo, entendemos oportuno que, además de garantizar la presencia de las partes, dicha desinsaculación se realice de forma manual o mediante el sistema tradicional de ‘bolillero’ en pos de evitar el ulterior cuestionamiento sobre mecanismos digitales de estilo”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público Fiscal en la presentación que hicieron ante el presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro, Ernesto García Maañón.

Además, Ferrari e Iribarren solicitaron que “en atención a las características del presente juicio y en particular el tiempo que demandará la realización efectiva del debate, proponemos que se proceda a la designación de un cuarto magistrado o juez sustituto. Ello así, pues si bien no existe previsión concreta en el ritual provincial [por el Código Procesal Penal bonaerense] que aluda a aquella posibilidad, no es menos cierto la necesidad de proceder de ese modo en vistas a garantizar la efectiva realización del juicio oral y público aludido”.
El juicio fue declarado nulo por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, 48 horas después del apartamiento de la jueza Makintach tras la recusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los particulares damnificados y defensores de los imputados.
“Finalmente, se destaca la imperiosa necesidad de asegurar la celeridad en la radicación y desarrollo del juicio oral, garantizando así el pleno respeto a los derechos de las víctimas conforme a la Ley 27.372 como también los derechos de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable”, afirmaron los fiscales en la parte final de la presentación.
Los acusados que deberán sentarse una vez más en el banquillo de los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.
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