Citan por “última vez” al presidente de San Lorenzo para indagarlo y si falta lo irán a buscar con la fuerza pública
Marcelo Moretti debía declarar el jueves 6, pero su abogado, Gastón Marano, pidió la postergación porque tiene otras audiencias, una de ellas, en el jury a la jueza Julieta Makintach; la nueva cita será el 25 de noviembre
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LA NACION
El polémico presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, iba será indagado este jueves por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del club azulgrana, en la causa iniciada después de que una cámara oculta lo mostró guardándose en el bolsillo del saco un fajo de miles de dólares que habría recibido para fichar en las inferiores de la institución al hijo de una empresaria de medios platense.
Pero su abogado, Gastón Marano, pidió la postergación de la audiencia fijada para este 6 de noviembre a las 11. Es la quinta vez que Moretti evita responder a los cargos. En las anteriores ocasiones, el argumento era que no se había decidido si al mandamás azulgrana debía investigarlo la Justicia nacional o la de la Ciudad. Ahora, en cambio, la excusa fue otra: el letrado sostuvo que aquel día tiene otras audiencias.
En una, como defensor de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, debe asistir a la declaración de un testigo en la causa por las muertes de pacientes que recibieron fentanilo contaminado; en otra acompañará al farmacéutico Néstor Adrián Labonia, que será indagado en una causa por un presunto engaño médico con un supuesto tratamiento revolucionario que prometía la remisión total del cáncer. Y en la tercera, será querellante en el jury contra la jueza de San Isidro Julieta Makintach, cuestionada por su participación en un documental sobre el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona mientras ella misma era jueza del tribunal que juzgaba el caso.
La jueza Laura Graciela Bruniard aceptó a regañadientes la excusa de Marano, según se interpreta de su resolución. “Las constancias acompañadas se compadecen con las distintas aseveraciones efectuadas por el letrado en torno a la imposibilidad de comparecer a la declaración indagatoria de su asistido. Sin embargo, el tiempo que ha transcurrido desde que se ordenara la convocatoria de su defendido y las distintas postergaciones que se han producido, ameritan efectuar una aclaración. La actividad profesional y las diferentes cuestiones que debe atender, si bien en esta ocasión lo animan a excusarse, ameritan indicar al letrado que en su deber de diligencia en el ejercicio profesional debe ser previsor y adoptar para el futuro las medidas que estime conducentes y aseguren a su pupilo contar con la asistencia técnica que le garantice la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en el marco de la diligencia que se ha ordenado reiteradamente en autos”.
Por eso, fijó una nueva audiencia “por última vez” para el martes 25 de noviembre, a las 12, y les hizo saber a Marano y a Moretti que “en caso de una nueva incomparecencia, para hacer efectivo el acto procesal en juego, se ordenará la medida coercitiva que por derecho corresponda”. Esto es, ir a buscarlos por la fuerza pública para llevarlos compulsivamente al juzgado.
En cuanto a la cuestión de la competencia entre fueros, planteada anteriormente por la defensa del presidente del Ciclón para evitar presentarse a la indagatoria, la Sala VII de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional había revocado la resolución por la que se había suspendido “la convocatoria de Moretti a prestar declaración indagatoria en virtud de que se encontraba pendiente la resolución de un conflicto de competencia”.
Los jueces Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich así lo decretaron al hacer lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal general Mauricio Viera.
“Se advierte que esta Sala, con la actuación unipersonal del juez Guillermo Pablo Lucero, confirmó el 3 de septiembre último el auto que rechazó la inhibitoria del juzgado y reiteró la competencia material de este fuero. A su vez, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Moretti contra esa decisión fue rechazado el 30 de septiembre último, sin que hasta la fecha se hubiera acudido en queja ante el órgano superior. Por otro lado, en el juzgado local [de la Ciudad] no se ha adoptado ningún temperamento relativo a la inhibición requerida por esta jurisdicción. Así, planteado el estado actual del proceso, es dable advertir que no se advierte una inobservancia de las reglas para determinar la competencia en razón de la materia y, además -por el contrario-, la situación suscitada impediría el normal avance del trámite de las actuaciones, sin que puede verse afectada la garantía del juez natural”, explicaron los camaristas Cicciaro y Pociello Argerich en su reciente fallo.
La última suspensión de la indagatoria se había originado cuando Marano pidió que el expediente llegue al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Ciudad para que decida si la causa debe quedar en la Justicia nacional o en la porteña.
La presentación fue rechazada, como se dijo, por la Cámara del Crimen con un fallo del juez Lucero. Lo mismo sucedió con un recurso presentado ante Casación.
En su resolución, el juez Lucero, firmante por la Sala 7 de la Cámara Penal, rechazó el pedido de inhibitoria planteado por la jueza de la Ciudad Rocío López Di Muro y el defensor particular de Moretti; ellos pedían a la jueza Bruniard que declinara su competencia, de modo que la investigación la llevara adelante el fiscal porteño Maximiliano Vence y no la fiscal nacional Mónica Cuñarro, que ya había avanzado en la instrucción a partir de la denuncia presentada por César Francis, excandidato a presidente del Ciclón.
“La severidad de la pena o el orden temporal de los hechos no resultan parámetros que habiliten legalmente a la Justicia de la Ciudad a arrogarse facultades jurisdiccionales que el legislador no le ha conferido, pues, lógicamente, ello se encuentra vedado. Por otro lado, para sustentar su pretensión, el recurrente hizo hincapié en que a Moretti también se le atribuía la figura de facilitación de grupos destinados a cometer delitos -tipo penal transferido a la Justicia local-. Sin embargo, debe señalarse que, de acuerdo a la imputación formulada, dicha conducta podría ser enmarcada como una acción más dentro de la administración fraudulenta atribuida”, había sostenido el camarista Lucero en su fallo.
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