Giro en el caso y escándalo a la vista: absolvieron a un condenado por un secuestro seguido de muerte y pidieron investigar al fiscal
El hecho se produjo en 2022 en Villa Dolores, en el oeste de Córdoba; el año pasado se dictaron las sentencias
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- La causa por el secuestro y asesinato de Santiago Aguilera Allende, que conmovió al oeste provincial en 2022, dio un giro inesperado y apunta a convertirse en un escándalo judicial.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la absolución de Julio César Ramírez, que había sido condenado a 12 años de prisión, y giró el fallo a la Procuración General de la Nación para que investigue al fiscal federal Enrique Senestrari por la “singular gravedad institucional” derivada de la instrucción de la causa.
Ramírez estaba en prisión domiciliaria con monitoreo electrónico desde el 2 de enero de este año; diez días antes el Tribunal Oral N°3 de Córdoba le había concedido la morigeración de las condiciones de detención por sus problemas de salud. Tras este fallo de Casación fue puesto de inmediato en libertad.
Hace poco menos de un año, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de Córdoba terminó el proceso contra Walter Gil y Julio Ramírez, los dos acusados detenidos por el asesinato de Aguilera en Villa Dolores, Traslasierra. El joven, que tenía 18 años, estuvo desaparecido cinco días en agosto del 2022 y su cadáver fue encontrado con quemaduras de cigarrillo, hematomas y cortes, signos de una tortura previa a su homicidio.
Gil fue detenido horas después de que el cadáver fuera hallado a la vera de un río en la zona de Las Tapias. Tanto él como Ramírez fueron juzgados por secuestro extorsivo triplemente agravado por lesiones graves, por la participación de dos o más personas y por la muerte de la víctima.
El 6 de junio de 2025 Ramírez fue condenado a cuatro años por encubrimiento agravado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de Córdoba. El 26 de noviembre del mismo año, la Sala IV de Casación −entonces integrada por los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos− le impuso una pena de 12 años de prisión como partícipe secundario del secuestro extorsivo agravado.
La defensa de Ramírez volvió a apelar. Y ahora, los jueces Guillermo Yacobucci, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma anularon ese fallo. Arribaron a esa decisión luego de constatar que la prueba científica clave utilizada por la fiscalía era falsa: era la que señalaba que el acusado había ingresado a la cuenta de Gmail de la víctima el día del asesinato.
Una reciente investigación ordenada por el fiscal Maximiliano Hairabedian demostró que quien había ingresado a esa cuenta fue uno de los propios investigadores judiciales de la causa, bajo órdenes de Senestrari.
Hairabedian precisó que Ramiro Julián Daverio, dependiente de la fiscalía de Senestrari, a cargo de la investigación, se presentó quince días después de terminado el juicio y reconoció que la conexión a la cuenta de Gmail de la víctima atribuida a Ramírez no había sido realizada por él ni tampoco se había hecho desde su casa. Eso era, justamente, lo que había sostenido la defensa en el juicio.
Daverio admitió que había sido él quien había entrado a la cuenta de la víctima con un dispositivo oficial de la fiscalía para realizar una exportación de la copia de datos, lo que se conoce como “Google Takeout”. Y sostuvo que “las IP de la conexión podían coincidir porque se repiten en distintos clientes de Villa Dolores por el sistema que emplea la proveedora local de internet”.
Eso explicaba que se hubiera atribuido a Ramírez el acceso desde su casa, prueba clave para ligarlo al caso, ya que el argumento era que quienes habían secuestrado a Aguilera habían entrado en las cuentas del cautivo −cuando aún estaba vivo− para poder acceder a sus billeteras virtuales y obtener dinero de ellas.
El fiscal general de Casación, Raúl Omar Pleé, reconoció que el Ministerio Público actuó de modo “incorrecto” y pidió “sentidas disculpas” tanto a la familia de la víctima como a la de Ramírez.
Después de describir los hechos, el fallo de Casación señaló: “Las circunstancias expuestas revelan un escenario de singular gravedad institucional, tanto por las irregularidades denunciadas en el desarrollo de la investigación como por el impacto que ello proyecta sobre las garantías del debido proceso y la confiabilidad de la prueba producida en un hecho particularmente luctuoso".
Se hizo constar que la querella había planteado la existencia de “graves irregularidades que habrían rodeado la investigación, particularmente en lo relativo a la falta de profesionalismo en la conducción del caso, la eventual manipulación de información, la utilización de personal carente de capacitación técnica adecuada para investigar un hecho de extrema gravedad y las deficiencias verificadas en la producción y preservación de la prueba, incluyendo la demora en la recepción de testimonios relevantes".
El juez Barroetaveña, en su voto, consideró que el asunto del acceso al Gmail de la víctima “repercute directamente en el marco fáctico-probatorio del caso”, ya que precisamente se le atribuía a Ramírez su participación en el hecho por haber manipulado el celular de Aguilera para entrar en sus cuentas y hacerse de los datos de sus billeteras virtuales para sacar dinero o para concretar el plan extorsivo del secuestro en curso. Eso, sostuvo, “ha quedado totalmente desvirtuado”.
Destacó que, a la luz de la revelación hecha por el oficial de justicia Daverio, todas las partes (defensa, fiscalía y querella) habían coincidido tanto en criticar la actuación del fiscal Senestrari como en comprender que “la responsabilidad penal de Julio César Ramírez no podía mantenerse”.
“Entendemos necesario detenernos y remarcar que no es posible soslayar la gravedad de lo acontecido. Se nos ha convocado a decidir acerca de la responsabilidad de una persona que, en base a información aportada con posterioridad al fallo bajo estudio, podemos ahora afirmar que ha sido erróneamente considerada culpable”, dijo el juez Barroetaveña.
A Senestrari no solo se le imputa esta irregularidad: oportunamente, la querella lo había cuestionado por no haber indagado a Walter Gil cuando estaba detenido y la víctima aún estaba viva.
“Es inevitable preguntarnos, tal como han puesto de manifiesto las partes en la audiencia de informes celebrada en el día de ayer, cuál habría sido el desenlace final si el fiscal que comandó la investigación en el caso hubiera indagado al, hasta ese momento, único detenido en el secuestro, y si, tal como expresó la querella en la aludida audiencia, le hubiera ofrecido a Gil que declare en calidad de ‘arrepentido’ [...] Quizás, haciendo uso de esa herramienta prevista en nuestra norma de fondo, la muerte de Santiago podría haberse evitado o, al menos, intentado.
El juez Yacobucci, en su voto, resaltó otra irregularidad interpretativa: advirtió que a pesar de que una perito informática había afirmado que el acceso a la cuenta de Gmail de la víctima se había hecho desde una computadora con sistema operativo Windows, en la condena a Ramírez se dio por hecho que el acceso se había hecho mediante la manipulación del teléfono celular de Aguilera, basado en el sistema operativo Android.
“La gravedad institucional de esta circunstancia no puede ser soslayada. Como lo señaló el fiscal general en la audiencia, la atribución del acceso a Ramírez se apoyó en una actividad investigativa que no observó los recaudos técnicos mínimos exigibles para el tratamiento de evidencia informática de esa naturaleza. La intervención de personal no calificado en tareas de esa complejidad —en particular, del propio Daverio, quien reconoció no contar con los conocimientos necesarios para realizar aquello que se le había encomendado— no solo debilitó la fuerza demostrativa del dato, sino que produjo una contaminación probatoria con impacto directo en la situación procesal del Ramírez”, sostuvo.
El caso
Aguilera fue secuestrado el 16 de agosto de 2022; esa noche dijo que iría a visitar a un amigo que vivía a 400 metros de su casa y salió; sus padres, confiados, se fueron a dormir. Recién advirtieron que Santiago no había regresado cuando fueron a despertarlo para ir al Instituto Privado Cerro Azul XXII, de Villa Dolores, donde cursaba el último año de la secundaria.
A la incertidumbre por la desaparición se sumó una preocupación extra: Aguilera creció con problemas renales que llevaron a que necesitara un trasplante; su madre, Mónica Lucía Allende, le donó uno de sus riñones. Estaba, por eso, medicado de por vida.
A las 6.49 del 17 de agosto, la mujer recibió un SMS y luego un mensaje de WhatsApp: les pedían 7 millones de pesos como rescate. El secuestrador se comunicaba desde el celular de Santiago. Quedó en contactarse nuevamente a las 9. No hubo más mensajes. Dos días después, el cuerpo del joven fue encontrado a unos 200 metros del arroyo Seco, camino a Boca del Río, en las afueras de Las Tapias. Lo habían matado de un fuerte golpe en la cabeza.
Gil fue detenido el viernes 19 en el barrio Cura Brochero, de Villa Dolores, a raíz de numerosas contradicciones en su declaración y otros elementos de prueba obtenidos en el marco de la pesquisa. El joven, que entonces tenía 23 años, trabajaba en el corralón de venta de materiales de construcción del padre de Carlos Aguilera, el padre de Santiago.
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