Giro en la causa por la masacre de Unicenter
La jueza federal de San Isidro quiere investigar los crímenes de tres colombianos
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LA NACIONGustavo Carabajal
Seis años después de la masacre ocurrida en el shopping Unicenter, de Martínez, donde dos supuestos narcotraficantes colombianos fueron asesinados en el estacionamiento del centro comercial situado a cien metros del cruce de Paraná y Panamericana, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó a la justicia provincial que le remita el expediente por el doble homicidio y decidió investigar a los funcionarios de la fiscalía general de ese distrito por presuntas irregularidades en la pesquisa.
El 24 de julio de 2008 Héctor Edilson Duque Ceballos, alias "Monoteto", y Jorge Quintero Gartner fueron asesinados en el sector G del estacionamiento del mencionado centro comercial. En febrero de 2009, otro ciudadano colombiano, identificado como Juan Sebastián Galvis Ramírez, fue atacado a balazos frente a un negocio de venta de jet ski en San Fernando.
El fiscal Luis Miguel Angelini investigó los tres homicidios ante la sospecha de que se habrían cometidos por la lucha entre bandas de narcotraficantes colombianos que se instalaron en nuestro país.
"Los móviles gravitaron desde un homicidio por encargo por una disputa de poder para quedar al frente de una organización criminal hasta un ajuste de cuentas por un cargamento de droga perdida. Lo que sí quedó claro en la investigación fue la presencia en el país de ciudadanos colombianos vinculados en su país a actividades de narcotráfico y lavado de activos", expresó la jueza Arroyo Salgado.
En la pesquisa, el fiscal Angelini imputó a un grupo de cuatro integrantes de la barra brava de Boca de haber colaborado con los sicarios que asesinaron a Quintero Gartner y Duque Ceballos. Además, el representante del Ministerio Público vinculó con la conexión local que colaboró con los sicarios a una empresa que pertenecía a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, y pidió que la justicia federal de San Isidro se hiciera cargo del caso, debido a que tenían un eje común: el tráfico internacional de estupefacientes.
Por los dos homicidios en el shopping se inició el expediente IPP 03-023594-08, mientras que por el asesinato en San Fernando se instruyó la causa IPP-15-05-1346-09. En ambas causas, el fiscal Angelini allanó una serie de domicilios vinculados con los barrabravas de Boca.
Pero durante la investigación Angelini denunció a su superior, el fiscal general de San Isidro Julio Novo, por la "supuesta frustración dolosa del legal desarrollo de los procesos en los que se investigaron los tres homicidios".
A raíz de esta denuncia se inició el expediente 3468 para investigar la conducta del fiscal Novo.
Ante la complejidad de los casos, y debido a que las víctimas y los asesinos se desempeñaban en organizaciones de narcotraficantes que operaban desde Colombia, el fiscal pidió que se hiciera cargo de la pesquisa el juzgado federal a cargo de Arroyo Salgado. En ambas oportunidades, la magistrada rechazó la competencia.
Sin embargo, en los últimos días, la magistrada aceptó el planteo de los fiscales federales Marcelo Domínguez y Félix Crous, y solicitó los expedientes por los asesinatos. Además dispuso que ambos sumarios se acumulen a la denuncia contra el fiscal general de San Isidro.
"La causa 3468 sobrevuela todos los otros expedientes como una suerte de conector en tanto las actuaciones presuntamente desarrolladas por diversos funcionarios del Ministerio Público fiscal bonaerense tendientes a obstruir el trámite de las causas mencionadas", concluyó la jueza. Será la Corte Suprema de Justicia la que resuelva quién se queda con las investigaciones.
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