Habilitaron que militares se sumen a la custodia de zonas de frontera y de las instalaciones calificadas como estratégicas
El ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, podrán proponer al presidente Javier Milei la designación de lugares como de alto valor para el país y definir las condiciones de protección y se coordinarán acciones en zonas limítrofes
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LA NACIONDaniel Gallo
El Gobierno habilitó que personal de las Fuerzas Armadas pueda participar de la custodia de zonas de frontera y en los lugares definidos como “objetivos estratégicos” en colaboración con las fuerzas federales que hoy tienen esa misión de proteger instalaciones de gran importancia para el Estado. Esa decisión se tomó al considerar que las leyes de defensa nacional y de seguridad interior permiten esa alternativa y, en consecuencia, se apeló a dos decretos, uno para configurar la nueva Política de Defensa Nacional y otro para definir la forma en que se integrará a los militares en el resguardo de los intereses vitales del país. Sistemas hidroeléctricos, centrales nucleares, centros de comunicaciones forman parte de los objetivos estratégicos, cuya composición real podrá cambiar de acuerdo con la fluctuación de amenazas y quedará a criterio del Poder Ejecutivo.
El presidente Javier Milei firmó decretos ayer y hoy junto con jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esa decisión forma parte de la intención oficial de dejar atrás las limitaciones políticas que restringían las funciones de las Fuerzas Armadas, que durante años tuvieron incluso determinaciones más restrictivas que las que figuran en las leyes que regulan las acciones de los componentes de seguridad y defensa nacional.
Se trata de una medida que implica la posibilidad de que los militares aporten su capacidad de despliegue y, a la vez, se permita que unidades de fuerzas de seguridad que hoy están aferradas a la custodia de objetivos estratégicos puedan ser utilizadas en otras funciones, algo que será importante el año próximo cuando se busque replicar varias provincias la exitosa experiencia del Plan Bandera en Rosario, donde bajaron drásticamente los índices de homicidios.
Y si bien está clase de decisiones puede siempre despertar una polémica, en el análisis de esta medida habrá que tomar en cuenta que de hecho los militares cumplen ya con la responsabilidad de proteger dos símbolos máximos de la democracia: la Casa Rosada y la residencia presidencial de Olivos. Los escuadrones de granaderos apostados allí no solo tienen funciones de ceremonial con sus uniformes históricos, sino también que aportan la seguridad física de esas sedes de gobierno. A esa misión se le podría agregar ahora la custodia de otras instalaciones y las zonas de frontera.
“Las fuerzas de seguridad federales y las Fuerzas Armadas tienen un mandato claro: proteger las zonas estratégicas que impulsan el desarrollo y la libertad de nuestro país. Donde hay recursos y futuro, no habrá lugar para mafias ni corruptos”, dijo la ministra Bullrich al informar sobre la decisión gubernamental.
Junto a ella, el ministro Petri comentó: “Con la firma del presidente Javier Milei se sancionó un nuevo decreto que define los objetivos estratégicos a custodiar por parte de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Defensa van a proponer aquellos objetivos que necesitamos garantizar para custodiar la paz y la seguridad de los argentinos”.
En ese último aspecto, el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial recuerda que en los últimos años se habían llevado adelante operativos en los que las Fuerzas Armadas complementaban la actuación de fuerzas de seguridad federales, como los denominados Escudo Norte y Fortín, pero sin que se actualizase un elemento clave: la definición de amenazas.
La nueva norma establece con mayor claridad ese concepto, al definirse que ”las Fuerzas Armadas son el componente esencial del sistema de Defensa Nacional, su accionar, en forma disuasiva ante amenazas, o efectiva contra agresiones, será dispuesto en función del origen externo de dichas amenazas o agresiones, con independencia del lugar de ocurrencia. Se considerarán amenazas todas las acciones o los mensajes explícitos que llevan a cabo eventuales oponentes que, teniendo la capacidad, muestran la intención o dan indicios de la probable concreción de perjuicios en contra de los intereses vitales de la nación. Se considerarán agresiones la ejecución y consumación de un conflicto armado o guerra, que provengan de Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales, o cualquier forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, que afecten los intereses vitales de la nación argentina, en los términos establecidos en el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria”.
En concreto, se quita la limitación que marcaba que la misión militar de aprestarse solamente a defender el territorio frente a una agresión originada por otro país. El narcoterrorismo es en este momento una de las mayores amenazas reales que, si bien no llegó a nuestra frontera, se mueve en las cercanías, tal como lo muestran numerosas acciones de la organización criminal denominada Primer Comando Capital. Ese grupo llevó adelante ataques en los últimos años en Paraguay y en Brasil, en zonas no muy alejadas de nuestro territorio, en las que columnas de un centenar de atacantes coparon pequeñas localidades y a fuerza de número y de ametralladoras pesadas calibre 50 concretaron robos millonarios y sangrientos.
El posible despliegue de unidades militares para el refuerzo de las fronteras estaría pensado en principio en áreas alejadas a las zonas pobladas, donde hoy es menor la presencia de patrullas de las fuerzas de seguridad.
Esa alternativa, que es contemplada como una misión de apoyo, será coordinada entre los ministerios de Seguridad y de Defensa. Así queda establecido en los artículos del decreto 1112/2024.
Y se agrega en ese decreto otro cambio sustancial con relación a la normativa que derivó en que anteriores experiencias en zonas de frontera no tuviesen peso real como aporte a la seguridad: los militares podrán detener a sospechosos encontrados en situación de flagrante delito. En anteriores oportunidades, los jueces federales del norte -algunos de ellos lo habían conversado en su momento con LA NACION- habían objetado la presencia militar, ya que sin una regla clara en ese aspecto consideraban que cualquier procedimiento antidrogas derivaría en una nulidad. Ahora, esa situación fue contemplada en el decreto para dar un marco legal adecuado.
Así se establece que “durante la ejecución de las operaciones militares, actividades de adiestramiento operacional u otras tareas a los fines del servicio, los miembros de las Fuerzas Armadas se proporcionarán su propia seguridad y protección, repeliendo las agresiones que pongan en riesgo la vida del personal o afecten gravemente el material y equipo necesarios para la Defensa Nacional. Lo podrán hacer en toda instalación militar, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen dichas actividades, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial. En los supuestos mencionados, podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia”.
Las instalaciones estratégicas
En tanto, entre los fundamentos que aparecen en el decreto publicado en el Boletín Oficial anteayer, el primero de una serie de dos normas que se conocieron en las últimas 48 horas- se consigna que “una adecuada evaluación estratégica sobre la seguridad nacional, implica la anticipada detección de las amenazas y la efectiva reacción ante las agresiones que puedan afectar objetivos estratégicos en la República Argentina”, además de establecer que “las amenazas y agresiones pueden proceder de fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior”.
En la norma se indicó que la lista de lugares a proteger será definida por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el análisis de potenciales amenazas, pero también se clarificó el concepto de “objetivos estratégicos” al definir que así debe entenderse a “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo”.
También se determinó que las propuestas sobre la calificación de “objetivo estratégico” a bienes o instalaciones podrán ser propuestas al Presidente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro Petri o la ministra Bullrich.
Nuevas misiones
La adaptación de las funciones militares a una nueva realidad estratégica es uno de los objetivos que el ministro Petri impulsa en su gestión al frente de la cartera de Defensa.
“Las Fuerzas Armadas necesitan recuperarse teniendo en cuenta los nuevos desafíos que enfrenta la República Argentina, que tiene que proteger su frontera, custodiar la zona económica exclusiva, hacer frente a amenazas terroristas, a ciberataques y controlar el espacio aéreo”, dijo el ministro Petri anteayer al recorrer las instalaciones de la IV Brigada Aérea, donde operará el sistema de armas F-16.
Y agregó, según fue consignado en un comunicado de prensa, que para lograr estos objetivos “se requiere que haya una adecuación de medios afines y que el equipamiento esté orientado a las nuevas hipótesis de conflicto”.
En los argumentos que figuran en el decreto que habilitó que militares puedan hacerse cargo de la custodia de “objetivos estratégicos” se indicó, justamente, una línea de análisis coincidente con la expuesta por el ministro de Defensa al señalarse que “no puede soslayarse que una mirada estratégica de la seguridad nacional importa la detección de las amenazas que enfrenta el Estado, entre las que se encuentra el terrorismo internacional como uno de los principales problemas de la agenda del siglo XXI”, y extenderse la idea a que “dichas amenazas están relacionadas con la desestabilización del Estado y las instituciones democráticas, a través de la afectación de la infraestructura crítica, situación que se agudiza con las nuevas tecnologías aplicadas al arte del combate no convencional”.
En ese sentido, el Gobierno espera conseguir en el Congreso la reforma parcial de la ley de seguridad interior con el objetivo de dar mayor flexibilidad a esa norma promulgada en 1991 y permitir la participación de las Fuerzas Armadas frente a actos de terrorismo.
La reforma propuesta a la ley de seguridad interior pretende, de acuerdo con la fundamentación del proyecto, anticiparse a eventos terroristas con un marco legal que permita que un potencial empleo del instrumento militar no sea luego una decisión de apuro, producto de una emergencia, sino una acción previsible.
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