Imputaron al segundo adolescente detenido por el homicidio de un estudiante en un intento de masacre alentado en las redes
Un joven de 16 años fue acusado como partícipe secundario del homicidio de Ian Cabrera; la investigación reveló un entramado de radicalización a través de grupos de True Crimen Community
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LA NACION
Bajo un estricto hermetismo, los tribunales de San Cristóbal fueron escenario este jueves de un nuevo capítulo judicial en el caso que conmocionó a la provincia. N.C., el segundo adolescente detenido en conexión con el tiroteo del 30 de marzo en la escuela Mariano Moreno Nº 40, fue formalmente imputado por la fiscal de menores Carina Gerbaldo como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y doble tentativa de homicidio agravado por el uso de armas de fuego en concurso real. En forma paralela, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, expuso el caso en la Legislatura provincial y pidió que se impida el acceso de menores a redes sociales.
La audiencia fue presidida por el juez juvenil José Boaglio y N.C., de 16 años, estuvo representado por el defensor público Aníbal Caula. Durante la tarde, el juez José Boaglio resolvió imponer la prisión preventiva contra el menor de 16 años por 90 días. Lo que sorprende de este caso es que Gino, de 15 años, quien mató a Ian Cabrera, de 13, fue imputado y sobreseído porque por su edad esta fuera del alcance de acusaciones por delitos, mientras que se inició formalmente el proceso penal contra el otro menor.
N.C. fue detenido el lunes 6 de abril cuando circulaba por ruta 11 y 4, en las inmediaciones del peaje de Nelson, como resultado de un operativo que los investigadores describieron como el desenlace de un seguimiento sostenido de domicilios y personas vinculadas a esta trama, cuyo trasfondo es la vinculación de adolescentes con grupos de True Crimen Community, organizaciones que se mueven en el terreno de las redes y que idolatran asesinatos sangrientos, sobre todo en escuelas. A partir de ese hallazgo de los investigadores, la fiscal general santafesina pidió que los legisladores tomen medidas para impedir el acceso de menores a esas redes.
La detención de N.C. completó, al menos en lo procesal inmediato, el cuadro de imputados: días antes, el adolescente identificado como el tirador directo —el autor del disparo que mató a Ian Cabrera, de 13 años— ya había sido sometido a su propia audiencia imputativa, pero fue sobreseído por ser no punible.
La mecánica judicial avanza, pero lo que el caso dejó al descubierto en estos días excede los pasillos de los tribunales. Es un mundo paralelo que nadie vio. Mientras en San Cristóbal se resolvían las medidas cautelares para N.C., en la Legislatura santafesina la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, presentaba su informe anual de gestión. Y fue en ese escenario institucional donde eligió pronunciarse sobre la dimensión menos visible del caso: la radicalización de adolescentes a través de plataformas digitales.
Vranicich admitió que a partir del lunes 30 de marzo el MPA tuvo “una nueva mirada investigativa sobre los hechos”, porque hasta entonces se “desconocía el mundo paralelo, que es real, a través de las aplicaciones y las redes”. Esa frase tiene peso específico: la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe reconociendo ante los legisladores que la fiscalía —como el resto del Estado— no tenía registro del ecosistema digital donde los adolescentes involucrados en el tiroteo se movían, se comunicaban y, presuntamente, fraguaban sus planes.
La fiscal general mencionó en particular la plataforma Discord como un espacio donde los jóvenes “encuentran lugar de contención con un odio muy fuerte que tienen”, y advirtió que no se trata de una singularidad local: “No es solo un joven de San Cristóbal. Está ocurriendo generacionalmente, en un sector de la población muy grande”. Agregó que muchas de estas comunicaciones se producen a través de aplicaciones que no dejan rastro, lo que dificulta la investigación pero no impide que sean “naturales” para los adolescentes.
Lo que Vranicich describió desde la ignorancia institucional tiene, sin embargo, antecedentes documentados. Un informe reservado del Sistema de Alerta e Inteligencia Territorial (SAIT) de la Procuración General de la Nación, como publicó LA NACION, había mapeado con precisión el fenómeno de la True Crime Community (TCC): una red de comunidades digitales —diseminadas en Discord, Telegram y otras plataformas de mensajería encriptada— donde adolescentes de distintos países comparten, comentan y en algunos casos glorifican masacres escolares, actos de violencia extrema y figuras como los perpetradores de Columbine o del Ánimus Club en España.
El informe del SAIT identificó canales en español activos en la Argentina, con perfiles de usuarios que intercambiaban material de archivo sobre tiroteos, manuales de fabricación de explosivos, relatos en primera persona sobre fantasías de ataque y, en los sectores más radicalizados, la planificación abierta de acciones violentas bajo el concepto que la comunidad denomina “going active”. Los investigadores que elaboraron ese documento advirtieron que la permeabilidad de menores argentinos a estas redes era mayor de lo que el sistema educativo o las fuerzas de seguridad tenían registrado.
La conferencia de prensa que ofrecieron ayer el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad Claudia Monteoliva tocó ese nervio. Pullaro reconoció la existencia de estas comunidades online y anunció que la provincia avanzaría en protocolos de detección temprana en escuelas, mientras Monteoliva describió el ataque de San Cristóbal como un hecho que no respondía al patrón delictivo habitual del crimen organizado provincial sino a una lógica de violencia importada, mimetizada y amplificada por el entorno digital. Fue, en buena medida, la primera vez que el gobierno santafesino verbalizó públicamente que el fenómeno TCC —hasta entonces objeto de análisis de inteligencia pero no de política pública explícita— había llegado a producir una víctima fatal dentro de sus fronteras.
La reflexión de Vranicich en la Legislatura fue un paso más allá del diagnóstico. La fiscal recorrió el mapa de países que ya tomaron decisiones regulatorias sobre el acceso de menores a redes sociales y las fue enumerando con datos concretos. Australia tiene, según señaló, la legislación más restrictiva del mundo, con multas millonarias en dólares australianos para las plataformas que no cumplan con la prohibición de acceso a menores. Indonesia desactivó gradualmente desde marzo de 2026 las plataformas consideradas de alto riesgo para usuarios menores de 16 años. Francia avanzará este año con una prohibición total para menores de 15. Grecia, Austria, Malasia, Portugal, Polonia y Eslovenia tienen normas en curso o anunciadas. El Reino Unido realiza una prueba piloto con 300 adolescentes para medir el impacto de las restricciones en su bienestar y calidad de sueño.
“Existe un movimiento global que, como fiscal general, lo empecé a entender desde el lunes 30 de marzo sobre lo que está ocurriendo y por qué estas medidas extremas”, dijo Vranicich, y convirtió su informe legislativo en una interpelación política: “Es el momento, lo hago en esta Legislatura, para empezar a plantear y analizar los límites y los accesos a estas redes, como país y localmente”.
La propuesta, formulada desde el Ministerio Público de la Acusación, tiene una lógica institucional peculiar: la fiscal no puede legislar, pero puede instalar la agenda. Y lo hizo en el escenario con mayor visibilidad pública disponible.
La imputación de N.C. como partícipe secundario cierra un capítulo procesal pero abre una discusión más profunda. El sistema penal juvenil puede juzgar a dos adolescentes. No puede, en cambio, responder a la pregunta de cuántos jóvenes en la provincia o en el país participan de comunidades similares a las que, según la investigación, frecuentaban los imputados, sin que ninguna institución —familia, escuela, Estado— lo sepa.
El informe del SAIT identificaba un patrón en los perfiles de riesgo: aislamiento social, historial de humillaciones o violencia en el entorno escolar, consumo intensivo de contenido TCC en períodos previos al ataque, y comunicación con pares de la comunidad en los días anteriores a la acción. Ninguno de estos indicadores es, en sí mismo, delictivo. Todos son, en cambio, detectables si existieran protocolos adecuados y si los adultos del entorno —incluidos los docentes— supieran qué buscar y dónde.
LA NACION
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