La caída de Calabaza. “La detención del asesino es un suspiro de paz”, dijo la pareja del financista ejecutado en Almagro

Eduardo Ajalla Cabrera estaba prófugo desde marzo de 2022. La Justicia había ordenado su detención por el homicidio del financista Carlos Walter Molina, ejecutado de un balazo en el pecho en un departamento de Almagro, donde había sido citado para una operación de compra y venta de dólares. Tras la detención del sindicado tirador, ocurrida el viernes pasado en el barrio porteño de Palermo, la familia de la víctima sostuvo que la noticia fue “un suspiro de paz al alma”.

“La detención del asesino nos da un suspiro de paz al alma en estas fechas de fin de año, en las que todo duele un poquito más”, dijo, emocionada, a la agencia de noticias Télam la pareja de la víctima, María Belén Pérez Orue, al referirse a la detención de Ajalla Cabrera, conocido por su alias de Calabaza y acusado por la Justicia de ser el delincuente que disparó y ejecutó a la víctima.

“Le prometimos a Wal [por Molina] que íbamos a hacer justicia. Ese día que la vida se nos detuvo, que sentimos el dolor más grande de una pérdida, ese día con el corazón en mil pedazos prometimos que íbamos a hacer justicia. Y está sucediendo”, agregó Pérez Orue.

El gobierno nacional llegó a ofrecer una recompensa de 1.500.000 de pesos para quien aportara datos que permitieran la detención del sospechoso.

Finalmente, Calabaza, que sería integrante de la barra brava de Atlanta, fue detenido por detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Los investigadores lograron determinar, a partir de escuchas telefónicas, que el sospechoso, de 38 años, estaba por viajar a la costa atlántica y luego a Brasil junto a su pareja.

Los detectives policiales detectaron que Ajalla Cabrera se movilizaba en una camioneta Dogde Ram por el barrio porteño de Palermo, por lo que procedieron a interceptar el vehículo y detener al prófugo.

Según explicaron los voceros consultados, el vehículo era manejado por su pareja, mientras que había dos menores de edad que los acompañaban.

”El prófugo tenía una particular forma de desenvolverse, sin bienes a su nombre pero con un alto manejo de recursos, lo que dificultaba rastrearlo. Posiblemente por sus nexos con la hinchada de Atlanta”, dijo a Télam una fuente de la investigación.

El crimen sucedió el 19 de noviembre de 2021. En septiembre pasado fueron condenadas dos sospechosas: Julieta Lacivitta y Estefanía Romero.

Lacivitta fue condenada a la pena de 14 años de prisión. Para el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°12 fue “autora material de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego”. Romero recibió una pena de cinco años de cárcel como “cómplice primaria” del asesinato.

A Molina, según la investigación del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, lo asesinaron de un tiro en el pecho entre las 18 y las 18.08 del 19 de noviembre de 2021. Poco después de ser golpeado, en cuanto entró en el 10° C de Díaz Vélez 3758, y tras una breve pelea donde intentó defenderse y resistirse al robo, recibió el disparo mortal.

El representante del Ministerio Público dio por probadas las dos operaciones de compraventa de dólares que había admitido Lacivitta, a la que la víctima había conocido como “Camila”, una supuesta cliente. “Con las primeras transacciones se pretendió generar una confianza con Molina”, sostuvo, durante la instrucción de la causa, el juez Fernando Caunedo.

El 7 de junio del año pasado, un día antes de que Caunedo elevara parte de la causa a juicio, Lacivitta pidió ampliar su declaración indagatoria y “aceptó haber intervenido en el cambio de divisas con el fallecido Molina en las dos primeras oportunidades, pero negó su presencia en el departamento el 19 de noviembre de 2021″, según el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

El abogado defensor de Lacivitta, Marcelo Augusto Mottura, había pedido el sobreseimiento de la imputada al considerar que “los argumentos esgrimidos y que hacen las veces de plexo probatorio incriminante efectuados por el Ministerio Publico Fiscal y la querella son por demás insuficientes y carecen, por ello, de la fuerza legal concomitante como para, por ello, elevar las presentes actuaciones a juicio”.

Pero el magistrado de primera instancia rechazó el planteo de la defensa. “En definitiva, la argumentación del nuevo defensor, respaldado en el descargo que tardíamente realizó su asistida en la indagatoria de ayer [por el 7 de junio pasado], mientras el proceso atravesaba la etapa intermedia y se había estimado completa la instrucción, no aporta argumentos nuevos que no hayan sido ponderados antes, y de ninguna manera acredita la inocencia de su asistida como para justificar el cierre anormal en esta etapa intermedia, cuando la fiscalía y la querella han requerido la discusión del caso en un juicio oral y público, etapa sustancial del proceso penal, de acuerdo a las previsiones del legislador, y hay sospecha bastante de la intervención de la imputada en las operaciones de cambio de divisas con Molina que, en la tercera oportunidad, culminaron con su violento deceso”, sostuvo el juez Caunedo.

La línea telefónica utilizada por los delincuentes para comunicarse con la víctima fue activada el 10 de noviembre pasado y se utilizó por última vez nueve días después, el día del crimen.

Tras la activación de la citada línea telefónica, Molina recibió un mensaje de una persona que se presentó como Camila y lo consultó sobre cómo se manejaba para la operación de compra y venta de dólares. El financista daba cuenta de su actividad en las redes sociales.

“Se determinó que Camila fue personificada por Lacivitta. Se constató que los audios eran enviados por ella, y que mantuvo diversas conversaciones por WhatsApp con Molina, donde pedía cotizaciones para cambiar dólares por pesos”, según el expediente judicial.

Para el fiscal Munilla Lacasa y los detectives de la Policía de la Ciudad, no siempre fue Lacivitta quien se comunicó con el financista. Cuando los mensajes eran escritos, existe la posibilidad de que Calabaza o su mujer hayan utilizado la línea telefónica.

“Ese teléfono activó la celda que se encuentra frente al domicilio que comparte la pareja y pudimos constatar un patrón de movimiento coincidente entre ese abonado y el automóvil que se usó como medio de transporte u apoyo durante el homicidio”, se afirmó en la causa judicial.

El auto en cuestión, un Peugeot 208 blanco, está a nombre de la mujer de Ajalla Cabrera y el ahora prófugo tenía autorización para conducirlo. Coincidentemente, el vehículo, durante los tres encuentros de Molina con la falsa Camila, estuvo estacionado cerca del edificio de avenida Díaz Vélez 3758.

En las comunicaciones previas al homicidio, Camila le anticipó al cambista que quería vender 15.000 dólares. Pero Molina prefirió hacer la operación en dos veces.

Los delincuentes “pactaron un último encuentro, en donde ya sabían que lo iban a desapoderar de la suma de dinero que llevara Molina y, por algún motivo, los que participaron de ese encuentro lo mataron. Luego descartaron el teléfono y la línea telefónica”, según consta en la causa judicial

LA NACION

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