La dura acusación a un exfiscal en un juicio contra policías por robar cargamentos de droga e inventar causas
Se trata de Claudio Scapolan, quien hasta julio de 2020 tuvo a su cargo el Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro
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LA NACIONGabriel Di Nicola
No estuvo en el banquillo de los acusados durante el juicio. El expediente donde está procesado por “falsedad ideológica de documento público” todavía no fue elevado a la etapa de debate. Pero estuvo presente, sobre todo en el duro alegato del fiscal general Marcelo García Berro quien lo definió como un “engranaje indispensable” para la “consumación de los delitos” protagonizados por una organización criminal liderada e integrada por uniformados de la Policía de la provincia de Buenos Aires, funcionarios judiciales y abogados, entre otros sospechosos.
El “engranaje indispensable” al que hizo referencia García Berro ante el Trinbunal Oral Federal (TOF) N°1 de San Martín, integrado por los jueces Silvina Mayorga, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez, era el otrora poderoso fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, destituido en abril de 2023.
“En línea con lo que venimos argumentando, la actuación del entonces fiscal Scapolan en los casos traídos a estudio en este juicio fue escandalosa y no admite una lectura acotada ni fragmentaria. La investigación de su responsabilidad no puede ni debe reducirse a su intervención en el caso Leones Blancos, aun cuando ese episodio resulte paradigmático y esencial para comprender el funcionamiento del entramado delictivo que aquí se acreditó. Por el contrario, la imputación debe abarcar el conjunto de los hechos directamente ligados a la intervención de la Delegación de Drogas Ilícitas San Isidro de la policía bonaerense, en los que Scapolan fue un engranaje indispensable para la consumación de los delitos. Siempre bajo un mismo patrón: causas direccionadas, allanamientos de urgencia sin sustento real, convalidación de procedimientos irregulares, cobertura institucional a un accionar policial manifiestamente ilícito para facilitar el comercio de estupefacientes, avalar la reintroducción de la droga en el mercado ilegal y obtener réditos de ello”, afirmó García Berro en su alegato, que se reanudó tras la feria judicial y al que tuvo acceso LA NACION.
Cuando el fiscal García Berro habló del caso Leones Blancos se refería a a una causa judicial que instruyó Scapolan donde en diciembre de 2013 se informó el secuestro de un importante cargamento de cocaína.
En la presentación del procedimiento ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, hoy secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y detectives de la policía bonaerense.
Esa vez se informó de la incautación de poco más de 500 kilos de estupefacientes cocaína. Pero eran más, entre 520 y 560 kilos de droga fueron robados por el personal policial que intervino en el operativo, según se desprende del expediente.
“En este juicio quedó plenamente demostrado que reducir la responsabilidad de Scapolan a una mera falsedad documental —como si se tratara de un acto administrativo aislado— constituye una visión errónea y notoriamente insuficiente. La falsedad fue un delito instrumental, funcional a un plan criminal más amplio. Scapolan no fue un funcionario engañado ni marginalmente involucrado. Su actuación respondió a una práctica consolidada: anticipaba el dato, programaba los procedimientos con antelación y los oficializaba bajo el rótulo de una falsa ‘urgencia’, su sello distintivo, utilizada sistemáticamente para legitimar detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. En virtud de la reiteración, sistematicidad y gravedad de los hechos acreditados en este debate, corresponde disponer la extracción de testimonios a fin de que se continúe la investigación sobre el exfiscal Scapolan como integrante de la asociación ilícita aquí probada, en tanto su intervención no sólo resultó funcional, sino indispensable para el funcionamiento, cobertura y perdurabilidad de la organización criminal, cuyos beneficios se alimentaron del narcotráfico y de la corrupción institucionalizada“, había dicho García Berro en diciembre pasado, en la primera parte de su alegato, antes de que el juicio entrara en un impasse por la feria judicial.
Como informó en su momento el sitio especializado en noticias policiales y narcotráfico encripdata.com, en diciembre pasado el fiscal García Berro pidió penas de hasta 17 años de prisión para los acusados de integrar la organización criminal, la mayoría de ellos integrantes de la policía bonaerense.
Hubo tres acusados que recibieron el pedido de 17 años de prisión. Uno de ellos es el sargento de la policía bonaerense Adrián Baeta, conocido por el apodo de Palermo.
“Los elementos probatorios que se han ido incorporando en el decurso de la investigación permiten concluir que el rol de Baeta en la organización no se reduce y/o limita al grado de miembro de la asociación ilícita, sino que, por el contrario, su aporte exhibe claramente un mayor grado de protagonismo y permite ser caracterizado como organizador", sostuvo la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en su fallo, al que tuvo acceso LA NACION en enero de 2021 cuando procesó con prisión preventiva a Palermo.
La investigación, a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez, había estallado en julio de 2020, cuando la magistrada hizo lugar a los pedidos del representante del Ministerio Público y ordenó una serie de detenciones y allamientos, entre ellos en el despacho de Scapolan, en el edificio de los tribunales de San Isidro, em Ituzaingo 340.
Baeta fue quien, por su relación con Diego Xavier Guastini, el contador asesinado en 2019, que era el cerebro financiero detrás de las grandes bandas narco que operaban en el país, obtuvo el dato clave para diseñar un operativo policial que derivó en el robo de entre 520 y 560 kilos de cocaína del caso conocido como Leones Blancos.
Baeta, según reveló el expediente judicial, era amigo de Guastini desde hacía 12 años. Es más: el sargento de la policía bonaerense fue la primera persona en llegar a la escena del crimen el 28 de octubre de 2019, el día que acribillaron en Quilmes al financista.
En una visita a la oficina de su amigo Guastini, el 27 de diciembre de 2013, Baeta obtuvo la información y los datos de los narcotraficantes dueños del cargamento decomisado y robado luego en el operativo Leones Blancos.
“El imputado Baeta ocupó en el desarrollo de la maniobra investigada un rol de significativa relevancia“, sostuvo, en su momento la jueza Arroyo Salgado.
García Berro también solicitó 17 años de cárcel para los comisarios Juan José Magraner y Marcelo Di Rosa. Para Cristian Esteban Seu, un testigo trucho del operativo Leones Blancos, el fiscal pidió 15 años y seis meses de prisión.
Para dos de los abogados acusados, Matías Pedersoli y Francisco García Maañón, García Berro pidió la pena de tres años de prisión, “cuya cumplimiento podría ser en suspenso” y la inhabilitación para ejercer la abogacía durante cinco años.
En octubre de 2021, la jueza Arroyo Salgado había procesado a Scapolan, uno de los funcionarios de mayor confianza del exfiscal general de San Isidro Julio Novo, quien renunció en 2017 después de ser acusado de encubrir a una banda narco, como jefe de la asociación ilícita y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $2000 millones.
“Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social, y por ello, la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes han sido autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima, intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar”, había dicho el fiscal Domínguez en el dictamen donde había pedido el procesamiento de Scapolan.
En junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre él. Sí, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación al operativo Leones Blancos.
Ahora, el fiscal García Berro pidió insistir sobre el rol de Scapolan en la citada asociación ilícita.
El juicio, que comenzó en octubre de 2024, continuará con los alegatos de las defensas (hay 32 acusados, la mayoría policías bonaerenses). El veredicto se espera para mitad de año.
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