La muerte de Ángel. Denunciaron a las psicólogas e intervinieron el área judicial que participó de la revinculación del niño con su madre
La decisión administrativa fue tomada por el Superior Tribunal de Justicia; la acusación penal la hizo una ONG
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LA NACION
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (EIT) de la Circunscripción Judicial N° II de la ciudad de Comodoro Rivadavia” por el plazo de 60 días. Se trata del grupo integrado por psicólogas y trabajadores sociales que deben verificar las condiciones socioambientales relacionadas, por ejemplo, con expedientes de familia, y que, en tal sentido, participó junto con la asesora de Familia Verónica Roldán en el expediente en el cual el juez de Familia Pablo Pérez decretó, en noviembre, la revinculación de Ángel López con su madre, Mariela Altamirano, detenida desde el domingo a la noche por la muerte del chico, consecuencia de un edema cerebral producto de golpes que habría recibido cuando estaba a su cuidado.
En tanto, la ONG “Más Vida” denunció a Jennifer Leiva y Vanesa Marín, las dos licenciadas en psicología que tomaron intervención en ese caso, por presunta violación de deberes de funcionario público y un eventual falso testimonio. Entre otros argumentos, se las acusó de no haber ido a constatar de forma presencial las condiciones en las que viviría Ángel con su madre biológica. Se informó que Altamirano les enviaba fotos de una casa en Córdoba y no de la casilla de 2x3 en el barrio Quinta 1 en la que efectivamente se apiñaban ella, Maicol González, la bebé de ambos, de seis meses, y el chico de 4. Sus informes fueron esenciales para que el magistrado tomara la decisión.
La resolución del STJ no alcanza al juez Pérez, ya que su actuación en ese caso solo puede ser analizada en el marco de un jury de enjuiciamiento.
La intervención del ETI de Comodoro Rivadavia fue rubricada por unanimidad en el plenario de ministros del STJ, integrado por Andrés Giacomone, Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani.
El máximo tribunal de la provincia nombró como interventora a la presidenta de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la jueza María Marta Nieto, “en ejercicio de la función de superintendencia delegada por el Superior Tribunal de Justicia”.
En el acuerdo plenario N° 5659/2026 también dispuso que, para realizar la auditoría prevista en la intervención, la camarista Nieto “cuente, a los fines indicados, con la colaboración técnica de la señora coordinadora técnica de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios − Licenciada Valentina Kresteff− y de la licenciada Gisela Ochoa, funcionaria del Superior Tribunal de Justicia”.
Los ministros del STJ resolvieron que la intervención “deberá llevarse a cabo a través de la correspondiente auditoría y contralor del debido cumplimiento de las misiones y funciones encomendadas a ese organismo por la normativa vigente, debiendo la excelentísima Cámara de Apelaciones elevar semanalmente un informe a este Superior Tribunal de Justicia dando cuenta de su evolución”.
En los fundamentos, se citan los Acuerdos Plenarios N° 5302/2024, 5595/2025 y 5630/2026, que “modifican el sistema de guardias de violencia familiar y de género” y se menciona “el lamentable acontecimiento acaecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia en las últimas horas, que es de público conocimiento”, es decir, la muerte de Ángel López cuando estaba al cuidado de su madre en virtud de la revinculación firmada por López a instancias de un dictamen de la asesora de Familia Roldán, respaldado por los informes de las psicólogas Leiva y Marín.
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