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La red detrás del tiroteo en San Cristóbal: cómo opera la comunidad digital que glorifica las masacres escolares
La Procuración General de la Nación tenía identificado el fenómeno antes del ataque; un informe clasificado de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional advierte sobre una subcultura trasnacional llamada True Crime Community (TCC)
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.− Cuando la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe secuestró los dispositivos electrónicos de Gino C. −el adolescente que el lunes 30 de marzo entró al patio de la Escuela Normal N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal y disparó a mansalva para matar a cualquier compañero que se cruzara delante de los cañones de la escopeta 12/70 que le había sacado del ropero a su abuelo−, lo que encontró en esas pantallas no era una rareza: era exactamente lo que el Ministerio Público Fiscal de la Nación había anticipado meses antes en un informe reservado que hoy cobra una actualidad perturbadora.
El documento, elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación y fechado en abril de 2026, lleva por título “Análisis sobre la ideología True Crime Community (TCC)”. Señala que en la Argentina hay relevados siete hechos de violencia extrema asociados a este grupo que sucedieron en escuelas.
El informe describe con detalle una subcultura digital trasnacional que opera en las sombras de las plataformas más populares y que tiene como objeto de culto a los perpetradores de tiroteos masivos, en especial, aquellos cometidos en escuelas. El informe era, en rigor, una advertencia.
El caso de San Cristóbal parece una confirmación. El informe fue enviado el fin de semana a los fiscales que investigan el trágico tiroteo que sucedió el lunes de la semana pasada en la escuela Mariano Moreno, de San Cristóbal, donde falleció a causa de los disparos Ian Cabrera, de 13 años, y ocho estudiantes resultaron heridos, dos de ellos de suma gravedad.
Este informe fue elaborado porque habían detectado, a la fecha de su publicación, “un total de siete causas” judiciales en trámite en la Argentina “cuyas características presentan alta similitud con este fenómeno”. La tragedia de San Cristóbal, por la cual este lunes fue detenido otro adolescente por tener algún grado de complicidad y conocimiento previo del plan asesino de Gino C., encaja, según la investigación, en una serie que los investigadores judiciales venían monitoreando.
El documento define a True Crime Community como “una subcultura digital descentralizada y trasnacional que opera principalmente mediante la circulación de simbología, narrativas y referencias compartidas, todas ellas vinculadas a ataques de violencia extrema, en especial aquellos con autores de tiroteos masivos en establecimientos escolares”.
Lo que el documento describe como aglutinador de esa comunidad no es una ideología política ni un programa doctrinario: es “una serie de prácticas que ensalzan la violencia como un fin en sí mismo e incluyen la glorificación de los agresores, la estetización de la violencia y la construcción de comunidades digitales orientadas a la discusión y reinterpretación de crímenes famosos”.
Los dispositivos de Gino C. revelaron que el adolescente era usuario de Discord, una plataforma de mensajería y chat organizada por canales temáticos. En uno de esos espacios, él y otros jóvenes −de San Cristóbal, de otras provincias y del extranjero− compartían material vinculado a la masacre de Columbine, el tiroteo perpetrado el 20 de abril de 1999 por Eric Harris y Dylan Klebold en una escuela secundaria de Colorado, donde asesinaron a 12 estudiantes y un profesor antes de suicidarse. Para TCC, ese ataque es un hito fundacional, la referencia mítica a partir de la cual se articula toda esta subcultura.
El primero de sus adeptos en ser detectado fue, obviamente, Gino C., detenido tras perpetrar la masacre en San Cristóbal. El fin de semana fue arrestado en Sunchales un adolescente de 16 años señalado como autor de un mensaje viral en el que anunciaba un tiroteo en escuelas de Rafaela; en su casa tenía un revólver cargado, listo para ser disparado.
Este lunes, siete días después del ataque, la PDI detuvo a un tercer adolescente. Fue interceptado en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson, a unos 150 kilómetros de San Cristóbal, cuando viajaba en un auto junto a sus padres. Quedó detenido bajo la figura de encubrimiento: la investigación indica que tenía conocimiento previo del ataque y no lo denunció.
Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigaciones Criminales de Santa Fe, precisó que la aprehensión fue el resultado de “24 horas de vigilancia y seguimiento en las rutas 11 y 4”. En el procedimiento participó también el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, lo que da una idea de la dimensión que está tomando el caso.
La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Virginia Coudannes, fue más directa sobre las implicancias de fondo: “Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe”, afirmó, y señaló que la investigación sobre una posible “red internacional” hace el trabajo “más complejo” y exige la articulación entre la policía provincial, las fuerzas federales y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El fin de semana el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro se comunicó con la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva para analizar este caso que tomó un perfil diferente al que mostraba al principio. Después de la audiencia en la que Gino C., de 15 años, fue imputado y luego sobreseído, el fiscal Luis Schiappa Pietra advirtió que la investigación apuntaba a que el adolescente había planificado el ataque en la escuela.
La dimensión transfronteriza es exactamente lo que el informe de la SAIT describe. TCC no tiene sede ni dirección postal: funciona en capas, migrando de plataformas masivas hacia entornos cada vez más cerrados y sin moderación de contenido.
El documento de la Procuración toma como referencia un estudio publicado en febrero de 2026 por Peter Smith, Cat Cadenhead y Clara Broekaert en el CTC Sentinel de West Point, y a partir de él distingue cuatro niveles de participación dentro de la TCC.
El primero, el más inocuo, es el del consumidor pasivo: quien ve documentales, escucha podcasts de crímenes reales y analiza casos por curiosidad o interés criminológico. “Normalmente no implica ningún grado de radicalización”, señala el informe.
El segundo nivel ya implica riesgo: sus integrantes “evidencian una admiración hacia los perpetradores de los crímenes, compartiendo sus manifiestos, imitando su estética e incluso intentando contactarlos. Al mismo tiempo, difunden los videos de los ataques usualmente adicionándoles música y una estética atractiva con la intención de que se viralicen”. Es en este nivel donde el crimen deja de ser objeto de análisis y se convierte en objeto de culto.
El tercer nivel corresponde a las subcomunidades radicalizadas: espacios en plataformas como Discord o Telegram donde “el material que se intercambia es extremadamente violento, donde los ataques o atentados son abiertamente celebrados e incluso donde se incentiva a cometer otros y se ‘presiona’ a usuarios para que pasen a la acción”.
El cuarto nivel, el más peligroso y el que integra “una pequeña minoría”, es aquel donde se planifican los ataques, se publican manifiestos y se intenta “dejar una huella en la comunidad”.
Todo indica que el grupo en el que participaba Gino C. operaba entre el segundo y el tercer nivel. El análisis de los chats encontrados en sus dispositivos mostró no solo glorificación pasiva de Columbine, sino mensajes previos al ataque que −según la investigación− al menos un integrante conocía y no reportó; por eso fue detenido cuando estaba con sus padres, en Nelson, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
Uno de los aspectos más perturbadores que describe el informe de la SAIT es lo que denomina el “efecto copycat”: la dinámica por la cual un ataque exitoso se convierte en inspiración para otros. “Al ocurrir un nuevo ataque, la comunidad comienza a producir contenido sobre él, y el ataque se convierte en un hito que otros jóvenes buscan imitar”, advierte el documento.
Y agrega: “Diversas investigaciones han documentado que determinados eventos de alto impacto mediático pueden generar un incremento temporal del número de amenazas, intentos o planes de ataques inspirados en dichos eventos.”
Eso es lo que pareció ocurrir en Santa Fe después del lunes 30 de marzo. A menos de 48 horas del tiroteo en San Cristóbal, comenzaron a circular en redes mensajes que convocaban a ejecutar un “plan B”, haciendo referencia al ataque de Gino C. −al que llamaban el “chino”− como el “plan A”.
El 31 de marzo, un día después de la masacre, tres alumnos de una escuela técnica ingresaron a clases con un cuchillo táctico, una hoja de 15 centímetros y un hacha pequeña escondidos en sus mochilas. Cinco días después, un adolescente de 16 años fue detenido en Sunchales por las amenazas de nuevos tiroteos en escuelas de esa ciudad y de Rafaela. Y este lunes al mediodía la policía, que estaba desplegada en plan preventivo ante la multiplicidad de amenazas en las redes, descubrió que un chico pretendía entrar en la Escuela Alberdi, de Rafaela, con un revólver de aire comprimido escondido en la mochila.
La SAIT advierte que la TCC “se vuelve un fenómeno autosostenible” precisamente por este mecanismo de generar contenido que atrae a nuevos participantes, que a su vez generan más contenido, en un ciclo que el documento define como un “efecto de contagio y un ciclo vicioso de imitación y radicalización”.
El perfil de los integrantes de la TCC que describe el informe de la Procuración coincide en términos generales con lo que se va sabiendo sobre los adolescentes involucrados en la causa de San Cristóbal.
El documento señala que “una proporción significativa corresponde a adolescentes o adultos muy jóvenes siendo el rango etario de 13 a 20 años” y que “en muchos casos se observan antecedentes de aislamiento social, experiencias de victimización o dificultades notorias para integrarse en su medio”.
La SAIT propone una batería de indicadores para la detección temprana, organizados en cuatro categorías que van desde la inmersión inicial en la subcultura hasta la escalada hacia la violencia.
En ese último nivel −el más urgente desde la perspectiva de la prevención− el informe identifica señales como “fantasías explícitas de perpetrar un ataque”, “referencias a ‘superar’ lo hecho por perpetradores previos”, “elaboración de listas de objetivos”, “escritura de manifiestos” o “mensajes de despedida o testamento digital”.
La clave, subraya el texto, es que “estos procesos se detectan mejor mediante indicadores conductuales y semióticos, no ideológicos”. La TCC no tiene doctrina: tiene estética, rituales y una lógica de emulación que opera con independencia de cualquier programa político.
El informe de la Procuración advierte sobre los límites de las herramientas penales disponibles: “La TCC no constituye una organización formal ni una ideología estructurada, por lo cual las estrategias penales basadas en la desarticulación de grupos jerárquicos de organizaciones criminales o aún en la disrupción anticipada del ciclo de extremismo violento resultan de aplicación limitada.” La solución, según el documento, pasa por “la detección temprana de procesos de radicalización individual” y “la identificación de dinámicas de imitación de la violencia”.
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