La ruta de los celulares robados: seguirá presa una integrante de la banda descubierta por la perseverancia de un periodista

La organización criminal dedicada al robo de teléfonos celulares en la ciudad de Buenos Aires fue descubierta a partir de la denuncia del periodista y marchand Gabriel Levinas. La perseverancia de la víctima y la posterior investigación policial y judicial permitieron poner bajo la lupa la ruta que hacen los móviles desde que son sustraídos a sus propietarios hasta que son llevados a la frontera con Paraguay.

En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 porteño rechazó el pedido de excarcelación o morigeración de las condiciones de detención de una de las imputadas.

Graciela C. P., de nacionalidad paraguaya, junto con otros sospechosos, se dedicaba “al traslado de parte de los equipos que no eran rápidamente puestos a la reventa, hacia el interior del país —particularmente a las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa—. Los móviles eran llevados en ómnibus que realizaban viajes contratados por particulares desde la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires hacia las ciudades de Corrientes, Resistencia y Clorinda, aparentemente con el fin de reacondicionarlos para su ulterior introducción en el mercado nacional y revenderlos”.

La causa se instruyó en el fuero nacional en lo criminal y correccional, con la participación de la jueza Alejandra Provítola y la fiscal Paula Asaro.

Graciela C. P. fue acusada de los delitos de “asociación ilícita, encubrimiento por receptación de teléfonos celulares agravado por el ánimo de lucro y como medio para perpetrar otro delito reiterado en un número indeterminado de oportunidades y lavado de activos agravado por haberse cometido como integrantes de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza”.

A la espera del juicio, pidió su excarcelación o la morigeración de las condiciones de detención. Pero los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Néstor Costabel y Jorge Gorini rechazaron el planteo de la defensa.

“Estamos en condiciones de sostener que en el caso bajo análisis existen sobrados elementos para tener por suficientemente acreditados los riesgos procesales que se pretenden mitigar a través de la medida cautelar cuestionada: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. De este modo, aquellas consideraciones, aunadas al elevado pronóstico punitivo, permiten sostener fundadamente que de acceder a lo solicitado se pondría en peligro la culminación del proceso por el riesgo cierto de fuga que evidencia la situación del procesado, frustrándose en consecuencia la realización del debate oral a su respecto”, sostuvieron los magistrados en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.

La causa empezó con la denuncia de Levinas por el robo de su iPhone 15 Pro Max en la zona de Once. El 8 de octubre de 2024 se presentó en una comisaría de la Policía de la Ciudad en el barrio de Balvanera.

Ocho días después, el 16 de octubre, se presentó en una dependencia de la Policía Federal Argentina para advertir que la noche anterior el geolocalizador del móvil se había activado en la Terminal de Ómnibus de Retiro. Aportó el historial completo del registro del GPS de su iPhone desde el momento en que se lo robaron hasta que se activó en la terminal.

Poco después, el celular “comenzó a moverse”. En el mapa virtual lo vio pasar por Corrientes y Chaco para continuar hacia Formosa. Seguía en tiempo real el recorrido del teléfono que le habían robado.

Ante la flagrancia, la Justicia ordenó interceptar un ómnibus de larga distancia que se dirigía hacia la ciudad de Clorinda, en la frontera con Paraguay.

En la requisa no solo se encontró el teléfono del periodista, marchand y coleccionista de arte: también se secuestraron 17 iPhone último modelo y fueron detenidos los dos pasajeros que los tenían en su poder.

Ese 16 de octubre comenzó una investigación que derivó en el arresto de otros 17 sospechosos, acusados de integrar una “organización con fines delictivos, con permanencia en el tiempo y división de roles y funciones entre sus miembros”.

A mediados de noviembre de 2024, la jueza Provítola ordenó 34 allanamientos simultáneos en los que fueron secuestrados 1134 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, 200.000 dólares y casi 20.000.000 pesos.

“Profundizada la investigación, los funcionarios establecieron el funcionamiento de una megabanda criminal dedicada a la sustracción, transporte y comercialización de equipos de telefonía celular, tanto en nuestro país como también en territorio extranjero”, habían explicado desde la Policía Federal Argentina (PFA) en un comunicado de prensa, que resaltó el trabajo hecho por personal de la División Unidad Operativa Federal Formosa y por detectives del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la fuerza.

La banda, según consta en el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION, operaba en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. “La actividad de la organización se desarrollaba en etapas concatenadas y simultáneas, repartiéndose los consortes los roles según las mismas”, dijo la jueza Provítola al ordenar los allanamientos.

La primera etapa se centraba “en el desapoderamiento ilegítimo de teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, pero especialmente de último lanzamiento comercial, cometidos en la vía pública o en lugares de acceso público, especialmente en las zonas de Once y de la Facultad de Medicina”, explicaron fuentes de la investigación.

Los teléfonos celulares eran robados bajo las modalidades de “arrebato” o “pungueo”. Los golpes de la banda criminal se concretaban en momentos y lugares de alta circulación de personas en la vía pública.

Acopio

Después, los teléfonos celulares sustraídos eran llevados a distintos comercios y viviendas de la ciudad de Buenos Aires, donde otros integrantes de la banda los acopiaban.

“Los delincuentes utilizaban distintas herramientas para abrir los móviles, desarmarlos o reacondicionarlos, desplegando distintas técnicas de manipulación informática sobre los mismos, con el objeto de lograr su desbloqueo o ‘blanqueo’. Utilizaban software y hardware de distintos años, marcas y modelos con los que podían desplegar actividades de contacto con las víctimas a partir de maniobras fraudulentas o engañosas (por chat o redes sociales) destinadas a obtener de los mismos sus códigos o claves de acceso para eliminar sus rastros de ilicitud y comercializarlos”, según se desprende del expediente judicial.

Los teléfonos que no eran puestos a la venta en la ciudad de Buenos Aires o en locales de la provincia de Buenos Aires eran enviados en ómnibus a Corrientes, Chaco y Formosa. No se descarta que muchos de los celulares robados hayan sido sacados del país por pasos fronterizos ilegales, para, eventualmente, reingresarlos desde Paraguay como equipos “reacondicionados”.

Para “trasladar” los teléfonos robados a Chaco, Corrientes y Formosa, los integrantes de la red delictiva contaban con la colaboración del encargado de una empresa de ómnibus de larga distancia y de los choferes que llevaban a los pasajeros con la “carga oculta”.

“En muchos casos los imputados se habrían contactado telefónicamente con el encargado de la empresa, que en connivencia y conocimiento de la actividad de la organización (luego recibía un porcentaje de las ganancias) autorizaba los viajes o traslados en los ómnibus que viajaban ida y vuelta de la ciudad o la provincia de Buenos Aires hacia el litoral del país con los equipos de procedencia ilícita en su poder. Para ello, aprovechaban los lugares, asientos o bancas vacías de los micros”, consta en el expediente. Así, no quedaban registros de quiénes eran los pasajeros que llevaban los teléfonos celulares robados.

“La prueba permite presumir que desde la Terminal de Micros de Clorinda, los sospechosos viajaban en auto hacia los pasos fronterizos con Paraguay para llevar teléfonos celulares robados en la ciudad de Buenos o para buscar móviles para traer de contrabando y venderlos en territorio argentino”, explicaron fuentes judiciales.

La causa todavía tiene sospechosos prófugos, según explicaron los jueces Giménez Uriburu, Costabel y Gorini.

Por Gabriel Di Nicola

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