Los desesperados mensajes que el soldado extorsionado envió antes de suicidarse en la quinta de Olivos

Estaba desesperado. Fueron una serie de mensajes de WhatsApp que dejaron en evidencia su estado. Rodrigo Andrés Gómez, soldado de 21 años que cumplía funciones de guardia en la quinta presidencial de Olivos, se sentía acorralado. Antes de tomar la decisión de quitarse la vida sacó préstamos y les pidió dinero a sus camaradas. Pero sus extorsionadores le exigían más. “No pude conseguir nada... Ya estoy jodido”, escribió a las 23.17 del 15 de diciembre pasado. Entre cuatro y cinco horas después se arrodilló, apoyó su fusil sobre su frente y efectuó un disparo “a boca de jarro”.

Gómez murió en el acto. Estaba convencido de que su extorsionador era un integrante de una fuerza de seguridad que le exigía dinero a cambio de “cajonear” una supuesta denuncia de la presunta madre de una adolescente de 17 años a la que había conocido en una aplicación de citas.

Pero sus extorsionadores no eran policías. Eran presos de cárceles bonaerenses que habían creado un falso perfil de una joven en la app Evermatch y él había caído en la trampa. Hizo varias transferencias por 1.413.000 pesos a distintas cuentas.

“Ante la imposibilidad de conseguir el dinero (siendo que para ello Gómez no sólo recurrió a solicitar préstamos a sus compañeros, sino también a intentar obtenerlos mediante aplicaciones o sitios de otorgamientos de préstamos) y ante el temor de que cumplieran con el objeto de la extorsión (la exposición pública de su vida privada y/o su detención), entre las 4 y las 5 del 16 de diciembre pasado tomó la drástica decisión de terminar con su vida en el interior del puesto 9 ubicado en la esquina de la avenida Maipú y Malaver, dentro de la quinta presidencial de Olivos, en oportunidad en la que −en su condición de Soldado Voluntario del Ejército Nacional− se encontraba cumpliendo funciones de vigilancia de la seguridad personal del Presidente de la Nación”, sostuvo la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en una reciente resolución donde procesó con prisión preventiva a siete integrantes de la organización criminal.

Cuando extorsionaron a Gómez, los dos sindicados jefes de la banda, Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, estaban presos en la cárcel de Magdalena, y su cómplice, identificado como Kevin Sandoval, estaba alojado en la Unidad 26, situada en Olmos, La Plata, ambas cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Todo el plan criminal lo ejecutaron desde sus celdas con la utilización de teléfonos celulares.

Entonces, además de procesar a los sospechosos, la jueza Arroyo Salgado le envió un oficio al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para que arbitre las medidas necesarias para que los internos en cárceles de la provincia de Buenos Aires dejen de tener acceso a los dispositivos móviles.

“Tal como surge de las constancias del expediente en el que me dirijo, como así también, de otros sustanciados ante esta misma sede judicial a mi cargo y −según entiendo− de muchos más instruidos no sólo en el ámbito de la Justicia federal, sino también, y fundamentalmente, de la Justicia provincial, el uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es principalmente una herramienta de ‘trabajo’ imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas de manera preventiva por delitos graves o ya condenadas continúen con su empresa criminal o incursionen en otras posibles dadas las limitaciones derivadas de su privación de libertad física. En efecto, en el contexto actual, la persistencia del uso de celulares en el ámbito carcelario estatuída para una coyuntura de emergencia ya concluida [pandemia de Coronavirus], terminó generando un espacio de vulnerabilidad institucional que −como quedó evidenciado tanto en la investigación mencionada, como en muchas otras− ha sido aprovechado para organizar y ejecutar delitos de distinta naturaleza y gravedad desde el interior de los establecimientos penitenciarios”, sostuvo la jueza en el escrito dirigido a Mena.

En su condición de jueza federal con asiento en la provincia de Buenos Aires e intervención en expedientes judiciales en los que la problemática planteada ha impactado de manera directa, Arroyo Salgado le escribió a Mena: “Me permito solicitarle que, en ejercicio de las competencias de supervisión y diseño de políticas de prevención penal que le confiere la ley, disponga el cese de la práctica penitenciaria instaurada ‘de facto’ relativa al uso de dispositivos de comunicación móvil intramuros, implementada de manera excepcional y acotada a un tiempo ya precluido, como así también arbitre las medidas necesarias para prevenir su utilización”.

“Mi vida ya no es normal”

La serie de chats de WhatsApp donde quedó en evidencia el estado de desesperación que tenía el soldado Gómez comenzaron a las 11.42 del 15 de diciembre pasado, según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION. Primero le escribió la supuesta madre de la joven a la que había conocido en la app.

“Ya estoy llegando a la comisaría, tengo las fotos que le mandaste y las conversaciones”, fue el texto que apareció ante los ojos de Gómez. Después recibió un mensaje de voz de un supuesto subteniente del “Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas” donde le pedía que se comunicara lo antes posible.

Luego recibió una fotografía de un supuesto policía en su puesto de trabajo y hubo una serie de llamadas. “No quiero tener problemas... ¿Qué puedo hacer? Sé que esto es muy grave. Ya sé que estoy en muchos problemas. Quiero solucionarlo todo”, fue la serie de mensajes que envió Gómez al supuesto policía entre las 16.53 y las 17.11 del 15 de diciembre pasado.

Después hubo una nueva llamada donde, se supone, le exigieron dinero. A las 17.33 Gómez envió un comprobante de una primera transferencia por 213.000 pesos.

Unos minutos después, avisó que había conseguido más dinero, 400.000 pesos. A las 17.51 preguntó: “¿Con esto es suficiente?”. Pero hubo más exigencias y con el paso de las horas Gómez comenzó a desesperarse. A las 18.32 transfirió 291.000 pesos y a las 18.38 envió otros $500.000.

“He podido conseguir unos 300 mil más y de ahí ya no puedo pedir más préstamo... No puedo pedir más préstamo a nadie... No sé si con eso suma con lo que ya le he pasado... Si me puede servir o me puede ayudar con eso porque ya... ya... ya estoy en la quiebra ya... literalmente”, dijo por mensaje Gómez a las 18.44.

Después siguieron los mensajes. “Listo...eso es todo lo que tengo... Ya no tengo más nada... Ni un peso... Nada más... Ya no tengo más... Estoy en la pobreza máxima ahora... Ya ni tengo para comer con esto”. Y agregó: “Ya aprendí la lección”.

Quiso conseguir más dinero ante la exigencia de sus extorsionadores. Pero no pudo.

“No pude conseguir nada... Ya estoy jodido”, escribió a las 23.17.

Pocos minutos después fue más dramático: “Mi vida ya no es más normal. Estoy mal, ya no sé qué hacer, estoy cansado y desesperado... Y de dónde sacaré la plata a estas horas de la noche... Yo ya estoy perdido”.

La última vez que Gómez escribió un WhatsApp fue a las 23.59. Respondió: “Bueno, hoy lo tendrás”, cuando su extorsionador le pidió que le pasara el comprobante cuando hiciera la transferencia.

De la investigación que permitió descubrir la extorsión de la que fue víctima el soldado Gómez participaron detectives de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) y el fiscal federal de San Isidro Federico Iuspa.

Francavilla y Duarte Areco no solo fueron procesados por los delitos de extorsión y por integrar una asociación ilícita, como los otros cinco imputados, sino también por haber instigado el suicidio del soldado Gómez.

Por Gabriel Di Nicola

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