Los testaferros de las armas: 35 detenidos, exempleados del Renar involucrados y 120 pistolas, revólveres y fusiles incautados

Dos años de investigación y más de cuatro años de operaciones. Un circuito que incluye legítimos usuarios de armas que actúan como testaferros y compran en armerías pistolas, escopetas y revólveres que no son para ellos. Empleados corruptos de la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que eran funcionales al avance de los trámites registrales y una aceitada logística que le permitía a esta organización proveer al mercado negro de armas local y alimentar canales de exportación a Chile, Uruguay y Brasil.

Ese es el nudo de la pesquisa encarada, a partir de una denuncia del ahora Renar, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, y el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal, y que, como informó LA NACION el lunes, derivó en 140 allanamientos en todo el país, ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Los procedimientos ejecutados por agentes de la Superintendencia de Investigaciones Federales concluyeron con 35 detenidos (31 hombres y cuatro mujeres); 16 de ellos son exempleados del Renar, gestores, mandatarios, dueños de armerías, instructores de tiro y un oficial de la Policía de la Ciudad.

También se secuestraron 120 armas, como ser escopetas calibre 12/70, pistolas calibres 9mm, .45 y .22, revólveres calibre .32, .38 y .357, ametralladoras calibre 9 mm tipo PAM, pistolones, carabinas calibre.22 y fusiles calibre .308, usualmente utilizados para tiro de precisión tanto por cazadores como por fuerzas tácticas policiales y militares. También encontraron una granada FMK-2, decenas de cargadores, más de 43.000 municiones de distinto calibre y una máquina de recarga que permitía a la organización ofrecer municiones por fuera de los circuitos legales.

Los operativos tuvieron lugar en la Capital, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego, Misiones y Chubut. Requirió el trabajo coordinado de 193 brigadas policiales, con 772 efectivos desplegados, según la información a la que tuvo acceso LA NACION.

Se trató de uno de los operativos más impactantes de los últimos tiempos contra el tráfico de armas en la Argentina, con ramificaciones internacionales, ya que la investigación reveló que la organización movía el armamento a Chile y Uruguay, país desde el cual, según se sospecha, los arsenales eran desviados hacia Brasil.

Marquevich, González Charvay y los detectives Antimafia de la Federal pudieron identificar la actividad de “una asociación ilícita dedicada a la adquisición y transferencia irregular de armamento mediante usuarios interpuestos, tanto en el ámbito nacional como internacional, estableciéndose un universo de 743 armas involucradas dentro del circuito investigado, y otras 1526 por fuera de dicho circuito”, según consta en documentación a la que accedió LA NACION.

La mayoría de esas 2269 armas involucradas en la investigación eran predominantemente pistolas Bersa, Glock y Taurus.

Los roles en la organización

Según informaron fuentes de la investigación a LA NACION, en esta maniobra hay involucrados instructores de tiro, gestores, armerías y empleados del Renar que facilitaban los trámites de compra y transferencia en los que participaban los testaferros; esos empleados ya fueron expulsados por la actual gestión del Registro de Armas, encabezado por Juan Pablo Allan.

El método que se usaba para adquirir las armas era que un legítimo usuario se presentaba en una armería y compraba una o más pistolas.

En algunos casos se detectó la compra de tres o cuatro armas de parte de una sola persona. Cuando la armería le entregaba el arma de manera legal, luego del trámite en el Renar, el testaferro cedía la o las pistolas a esta organización, que procedía a limar la numeración y venderla a un precio mayor en el mercado negro, del que se abastecen los grupos criminales.

Los responsables de las armerías no solo centralizaban las compras, sino que participaban de las transferencias entre los prestanombres. Gestores e instructores de tiro certificaban los trámites y los certificados de aptitud, al tiempo que brindaban el “servicio” de apto médico y psicológico para usuarios irregulares.

Estos “usuarios irregulares” eran los testaferros de la mafia de las armas; algunos cumplían también el rol de captadores: ofrecían a personas de bajos recursos dinero para que aparecieran como prestanombres a la hora de generar usuarios habilitados en el Renar.

Había una parte que estaba destinada al exterior, fundamentalmente Chile y Uruguay. La sospecha de los investigadores de la PFA es que desde este segundo país las pistolas eran entregadas tras cruzar la frontera a grupos criminales brasileños. En el inicio de la investigación se detectaron unas 70 pistolas que fueron compradas en armerías a través de testaferros; a la hora de los allanamientos esa cifra se había multiplicado por diez.

Canales de abastecimiento

El operativo se realiza en distintas provincias, entre ellas, Santa Fe y Buenos Aires, bajo un fuerte hermetismo. Fueron allanados armerías y domicilios particulares. No hay muchos antecedentes de causas judiciales que busquen detectar a nivel nacional cómo se proveen de armas los grupos vinculados al crimen organizado. Siete allanamientos se llevan adelante en Rosario.

Las investigaciones judiciales y los operativos de los últimos meses permiten reconstruir con cierta precisión la arquitectura del mercado negro de armas que abastece al crimen organizado en el Gran Rosario.

No se trata de un circuito único ni lineal: son al menos tres canales de aprovisionamiento que funcionan en simultáneo, se complementan y responden a lógicas distintas: el desvío del circuito legal mediante testaferros, el robo en instalaciones militares y el contrabando transnacional.

El primer canal es el más silencioso y, quizás, el más difícil de combatir. En marzo de 2026, el Equipo de Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación desarticuló un mecanismo que llevaba meses en funcionamiento.

Un hombre de 27 años oriundo del norte de la ciudad de Santa Fe compraba pistolas en armerías con su documentación, cumpliendo todos los requisitos legales, y luego las entregaba a integrantes de organizaciones narcocriminales de Rosario.

El rastro se descubrió casi por casualidad: en diciembre de 2025, durante un robo en el barrio Tío Rolo, la policía detuvo a un delincuente armado. La pistola que portaba estaba registrada a nombre de este hombre de Santa Fe, que jamás había denunciado su extravío ni su robo. Era un testaferro de armas. La investigación determinó que había comprado al menos once pistolas con ese método. Solo cinco fueron recuperadas.

El otro canal tiene origen militar: del Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán, ubicado a pocos kilómetros de San Lorenzo, desaparecieron 43 fusiles FAL completos y unas 2500 piezas que permitirían ensamblar hasta 400 armas adicionales. La sustracción fue sistemática y se extendió durante años sin que los controles internos la detectaran.

Fue Brasil quien encendió la alarma: en septiembre de 2011, la Policía Federal brasileña secuestró tres fusiles FAL en Peabiru, estado de Paraná, con numeraciones que correspondían a arsenales argentinos. En junio de ese mismo año, la policía paraguaya se enfrentó en Asunción con un grupo armado que portaba FAL argentinos con las numeraciones limadas.

La investigación brasileña condenó al narcotraficante Getulio Morgado Sánchez, que traficaba armas desde Paraguay hacia el Primer Comando Capital (PCC). En octubre de 2025, durante la Operación Contención contra el Comando Vermelho en las favelas Alemão y Penha, de Río de Janeiro −el operativo policial más letal de la historia de Brasil, con 132 muertos−, apareció otro FAL del Ejército Argentino entre el arsenal de la facción. La Cámara Federal de Rosario confirmó recientemente que la causa contra siete militares del Batallón 603 no prescribió, rechazando el planteo de la defensa.

El tercer canal es el contrabando organizado a escala regional. La ruta más documentada tiene a Paraguay como nodo central. Diego Hernán Dirisio, detenido por Interpol en Córdoba en febrero de 2024, importó armas por un valor estimado de 230 millones de dólares: más de 43.000 pistolas y fusiles ingresados legalmente desde Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia a través de la empresa International Auto Supply S.A. Una vez en Paraguay, las armas eran desviadas al mercado negro con los números de serie adulterados en Ciudad del Este y despachadas hacia Brasil con destino al PCC y al Comando Vermelho.

Estas tres vías de aprovisionamiento convergen en el territorio. En marzo de 2026, agentes de la TOE y la Ciope necesitaron una retroexcavadora para desenterrar un arsenal oculto en un baldío de Roldán: dos fusiles AR-15 calibre 5.56, una réplica china del AK-47, seis pistolas Glock, CZ y Bersa, y unas 800 municiones, incluidas balas de calibre militar. El material estaba sellado en tambores de plástico bajo una losa de cemento.

Los investigadores vincularon el escondite a Los Menores, la organización que disputa a Los Monos el control territorial del narcotráfico rosarino. Días antes, en Puerto Gaboto, la Gendarmería había encontrado 18 pistolas, 40.000 dólares y un chaleco antibalas policial en un allanamiento contra la red de Jésica “Fea” González.

El problema no se agota en las armas. El mercado ilegal de municiones opera con su propia lógica. En 2021, la ANMaC secuestró 936 armas de fuego, 527.822 municiones y 18 equipos de recarga en Cañada de Gómez.

Los equipos de recarga son una pieza clave del rompecabezas: permiten a las bandas fabricar sus propias balas a partir de vainas servidas, reduciendo la dependencia del mercado formal y dificultando la trazabilidad balística.

LA NACION

---

Conforme a