Narcomenudeo: el inédito programa de “intervención del mercado de drogas” para recuperar las zonas calientes

“Ustedes vinieron a escuchar lo que el Estado tiene para ofrecerles a cambio de que no se vean otra vez implicados en la venta de droga. La comercialización de la droga es un delito grave”, dijo Cecilia Amil Martín, funcionaria a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Vinculados con Estupefacientes (Ufeide) porteña. Sus palabras estaban dirigidas a habitantes del Barrio 15, más conocido como Ciudad Oculta, en Villa Lugano, imputados en una causa de narcomenudeo. Estaban acusados de ser vendedores minoristas. Los vecinos, sin antecedentes penales, habían sido cooptados por los narcos. Eran los eslabones más débiles de la cadena de tráfico y estaban ante una segunda oportunidad: alejarse de las organizaciones criminales y sumarse a programas sociales.

Era el 6 de diciembre pasado. Los destinatarios del mensaje escuchaban con atención. En sus manos tenían una carpeta donde estaban documentadas las pruebas que confirmaban su vinculación con la banda narco que dominaba Ciudad Oculta.

“Si aceptaban la oportunidad, la causa se archivaba, de caso contrario podían recibir penas de entre cuatro y 15 años de cárcel. La política se orienta a que el mensaje de la reunión, ´la venta no se tolera más´, se propague por diversos medios formales e informales. La policía refuerza significativamente su presencia en el barrio y la fiscalía monitorea que los imputados no solo se abstengan de cometer delitos vinculados con la venta de drogas, sino que, además, cumplan con su compromiso de reinserción al barrio”, explicaron fuentes de la Fiscalía General de la Ciudad, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

El problema del narcomenudeo en la Argentina quedó en evidencia la semana pasada con la muerte de 24 consumidores que fallecieron después haberse intoxicado con cocaína adulterada.

El plan se denomina Programa de Intervención en el Mercado de Drogas (IMD) y tiene como objetivo erradicar la venta de estupefacientes y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Se trata de una experiencia que comenzó en los Estados Unidos y se realiza en otros países, como Chile, según el Ministerio Públicos Fiscal porteño.

“El modelo [del programa] favorece la persecución penal de los delincuentes considerados ´actores clave´ en la organización –por la alta frecuencia criminal, la nocividad social de su conducta, el rol jerárquico dentro de la estructura, entre otros criterios–, y otorga un tratamiento diferencial a aquellos integrantes meramente fungibles, que no reúnen esas características. Basado en una estrategia de disuasión focalizada, por las características de la intervención que propicia, el IMD estimula el involucramiento y colaboración de la comunidad en la prevención del delito”, sostuvieron desde la Fiscalía General de la Ciudad.

Las fuentes consultadas explicaron que “el éxito del programa” depende de que se “implemente una política criminal clara y previsible, de doble vía: que garantice la ausencia de persecución para quien cumpla con el programa y, por el otro, asegure una rápida y severa persecución penal para quien no lo hace”.

Etapas

El programa se divide en tres etapas:

• La investigación: la Justicia y una fuerza de seguridad (en el caso del barrio Ciudad Oculta fue la Policía de la Ciudad) “delimitan la zona de intervención, realizan tareas de reconocimiento del lugar e identifican los puntos de venta”. El paso siguiente es donde se recolectan las pruebas: agentes reveladores, en forma encubierta, compran estupefacientes. Toda la operación es filmada, para después allanar los inmuebles usados como puntos de venta y hacen los allanamientos.
• Persecución Penal Estratégica: “con toda la prueba recabada, la Ufedide dividió al universo de implicados en dos grupos. En el primer grupo, se incluyó a los imputados con antecedentes por delitos violentos, y a los que poseían armas de fuego al momento del allanamiento. Respecto de ese grupo, que conforma la lista A, la fiscalía solicitó la prisión preventiva y, posteriormente, acordó distintas condenas. El segundo grupo se forma con imputados sin antecedentes, vendedores minoristas no violentos en situación de vulnerabilidad.

En el caso de Ciudad Oculta, fueron diez las personas que integraron el segundo grupo. El 6 de diciembre pasado fueron citados en un salón del cuartel de bomberos del barrio. Estuvieron acompañados de un familiar y de un abogado defensor.

“En el encuentro, del que participaron funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Justicia y Seguridad, se exhibió la prueba y se transmitió un contundente mensaje: la venta de drogas en ese barrio no se tolera más, y el Estado tiene el poder para activar los resortes del sistema para encarcelar a todos los vendedores que ignoren la advertencia. Esto abarca a los imputados de la lista B, pero también a los potenciales reemplazos”, explicaron fuentes oficiales.

Además, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat convocó a los integrantes de la lista B a unas entrevistas para implementar con estos una serie de programas sociales para ayudarlos a que desistan de la venta de drogas y se reinserten virtuosamente en su comunidad.

• Mantenimiento: “en esta tercera etapa, la política se orienta a que el mensaje de la reunión (“la venta no se tolera más”) se propague por diversos medios formales e informales. La policía refuerza significativamente su presencia en el barrio –tanto con recursos humanos como tecnológicos-, y la fiscalía interviniente continúa monitoreando que los imputados de la segunda lista no solo se abstengan de cometer delitos vinculados con la venta de drogas, sino que, además, cumplan con su compromiso de reinserción al barrio.

“Las experiencias llevadas a cabo en otras partes del mundo indican que, al finalizar el programa, el mercado abierto de drogas se desmantela”, afirmaron en la Fiscalía General de la Ciudad.

LA NACION

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