Por decreto. El Gobierno apela a la “Ley Bases” para eliminar la ANMaC y reinstaurar el Registro Nacional de Armas
Mantendrá la especificidad técnica en material de fiscalización y control, y fueron derogadas las misiones relativas a la prevención de la violencia armada y a la formulación de políticas
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El Gobierno dio un nuevo paso en la desregulación del mercado legal de armas. Y este es, quizás, el más grande desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, ya que, al amparo de la facultades delegadas por el Poder Legislativo al Ejecutivo bajo el paraguas de la llamada “Ley Bases”, pone fin a diez años de legislación vigente en la materia.
A través del decreto 445/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, reconvirtió la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) nuevamente en el Registro Nacional de Armas, el viejo Renar creado en 1975 como órgano de aplicación de la ley nacional de armas y explosivos 20.429, promulgada dos años antes por el general Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto entre 1971 y 1973.
El Ministerio de Seguridad Nacional enmarcó el decreto en “la necesidad de optimizar el funcionamiento del Estado, reducir el sobredimensionamiento de la estructura pública y garantizar una gestión más eficiente, coordinada y transparente en el ámbito de las políticas de seguridad”, una reestructuración que “forma parte de un proceso más amplio de modernización y revisión de organismos de la Administración Pública Nacional, impulsado por el Poder Ejecutivo, y tiene como fin garantizar una gestión estatal más ágil, moderna y alineada con las prioridades estratégicas del país”.
Pero, en cuanto se publicó, la medida comenzó a recibir cuestionamientos. La Red Argentina para el Desarme (RAD), que desde hace más de veinte años impulsa políticas de prevención de la violencia armada y de restricción de la proliferación de armas, y que fue actora clave en el tratamiento de la ley de creación de la ANMaC que fue aprobada el 7 de octubre de 2015 con el acuerdo de todo el arco político (con 182 votos afirmativos, uno negativo y dos abstenciones) calificó el regreso del Renar como “un retroceso de medio siglo” y advirtió que “la desregulación de hecho del mercado de las armas de fuego es la antesala de una sociedad más violenta”.
Incluso la última directora del organismo antes de la asunción de Milei, Natasa Loizou, sostuvo que con este decreto y las medidas flexibilizadoras anteriores, el Gobierno “concretaba los pasos hacia donde se comprometió con el mercado: la eliminación de las capacidades de control y acción del Estado”.
La medida
Según el texto de la nueva normativa, el nuevo Renar "mantiene la especialidad técnica del organismo para la administración de las bases de datos sensibles y su rol regulador y de control de los materiales regulados“.
Como contrapartida, estará despojado de las otras misiones que tenía la ANMaC, relativas a la cooperación en el desarrollo de una política criminal en materia de control de armas, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada.
Los cambios trascienden el mero cambio de denominación institucional y lo que el mismo Ministerio calificó como “una vuelta del nombre histórico con el cual se identificaba al organismo hasta la creación de la ANMaC por la ley N° 27.192″.
Como primera medida, dejará de ser un organismo descentralizado y pasará a ser “desconcentrado”, lo que implica que tendrá dependencia jerárquica con el Ministerio de Seguridad y dejará de tener autonomía administrativa y personalidad jurídica propia. “De las cuatro direcciones nacionales pasará a tener tres; desaparece Administración y habrá fusión de circuitos administrativos y jurídicos”, explicó a LA NACION un calificado funcionario del Renar, que seguirá al mando de Juan Pablo Allan.
Ese mismo vocero sostuvo que el cambio de nominación era una “vuelta a los orígenes”, ya que era “ampulosamente una agencia”, cuando debía ser “un mejor registro con capacidad de fiscalización y un proceso profundo de digitalización que permita hacer una mejor trazabilidad”. También admitió que “era una demanda de los legítimos usuarios de armas volver al viejo Renar”.
Una de las principales novedades del regreso del Renar a sus tiempos de organismo de fiscalización y control de armas, explosivos y de su tenencia y uso por parte de ciudadanos y comercios habilitados por ley a tal efecto, es que se disuelve el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA). A partir de ahora, según reza el decreto, “el financiamiento de las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia armada será afrontado por los recursos asignados al Ministerio” de Seguridad Nacional, del que depende el Registro.
Ese fondo se constituía con el 20% de las partidas presupuestarias con afectación específica asignadas por ley de presupuesto derivadas de las tasas, aranceles, contribuciones, multas y otros servicios administrativos provenientes de su actuación. Según surge del decreto, la formulación de las políticas de prevención de la violencia armada ahora serán facultad exclusiva del Ministerio de Seguridad.
La reposición del Renar se inscribe en una extensa lista de medidas tomadas por la administración Milei para desregular el mercado de armas, entre las cuales se cuenta la eliminación del periodo de oposición de 15 días para quienes objeten a quien pretenda obtener o renovar su permiso de tenencia de armas, la simplificación de la renovación de la condición de Legítimo Usuario (LU), la disponibilidad de la credencial digital, la baja de 21 a 18 años como base para la obtención de la LU, la autorización de tenencia controlada de fusiles de asalto semiautomáticos y la eliminación de la tasa anual que debían pagar entidades de tiro, cazadores y usuarios comerciales y colectivos.
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