Procesaron con prisión preventiva al delegado del ex Renar de Córdoba

Dini tenía frondosos antecedentes penales e igual fue nombrado en el exRenar.
Dini tenía frondosos antecedentes penales e igual fue nombrado en el exRenar. Crédito: Twitter
Gabriela Origlia
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7 de octubre de 2020  • 12:13

CÓRDOBA. La Justicia Federal de Córdoba procesó con prisión preventiva al ya detenido Carlos Dini, exdirector de la delegación Córdoba de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ente que reemplazó al Registro Nacional de Armas (Renar). El procesamiento es por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.

Dini fue denunciado el año pasado por irregularidades administrativas luego que una auditoría registrase un faltante de un millón de pesos; está detenido desde fines de julio de este año, cuando en un allanamiento en busca de chalecos antibalas que habían sido prestados y nunca fueron devueltos se encontraron sellos de diferentes oficinas y autoridades.

En el acta de procesamiento, el juez federal Ricardo Bustos Fierro describió que "desde fecha no determinada con exactitud" hasta agosto de 2019, y en su carácter de delegado de la ANMaC, Dini "no habría ejecutado las leyes cuyo cumplimiento le incumbía por la función, entre otras: habría omitido confeccionar o controlar la confección de los distintos legajos relacionados con operaciones que se registraban ante el ente a su cargo".

Se consigna que "habría omitido controlar el stock de estampillas de formularios Ley 23.283 y 23.412, adquiridas a Acara (la asociación de concesionarias de autos, que funge como ente cooperador de la ANMaC) por la delegación a su cargo; habría omitido depositar en su debido tiempo (rendiciones quincenales) los importes adeudados por la dependencia a su cargo al ente cooperador, y habría omitido controlar, previo a la expedición de credenciales a legítimos usuarios (LU) de armas, que los trámites correspondientes cumplieran con la documentación requerida y demás requisitos exigidos para su otorgamiento".

Los hechos -señala el texto resolutivo- se constataron a través de una comisión de servicio dispuesta a la delegación que determinó que, según el sistema, se registraba la existencia de 59 legajos, encontrándose materialmente solo 20 en dicha dependencia; y de las 2023 estampillas, adquiridas por $1.024.800, había 837 por 551.250 pesos.

También se definió que se adeudaba al ente cooperador Acara $606.105 en concepto de rendiciones por la compra de estampillas correspondientes al período comprendido entre febrero y julio de 2019.

"Dini, abusando de la función que desempeñaba, habría intentado procurar un lucro indebido, presumiblemente para sí, de los intereses pecuniarios que le habrían sido confiados, maniobra que no pudo consumar en atención a la inspección efectuada", agrega el procesamiento.

Además, entre enero y agosto de 2019, Dini habría expedido 34 credenciales a través de las cuales habría hecho constar que las personas titulares de estas eran legítimos usuarios de armas de fuego, cuando en realidad no cumplían con los requisitos exigidos por la legislación vigente, ya que habrían omitido presentar toda la documentación correspondiente.

Esas credenciales fueron revocadas, pero el número podría ser mucho mayor porque deberían ser revisadas -según se señala en el procesamiento- todas las CLU otorgadas durante la gestión de Dini, que suman 7640.

También consta en el procesamiento que, hasta que fue detenido, Dini no devolvió los cuatro chalecos balísticos que le había pedido prestados a la Policía de Córdoba en 2016. Uno, incluso, lo habría sustraído.

A Dini se le imputa, además, haber hecho falsificar sellos de autoridades judiciales de diferentes niveles y distritos. Además, no rindió 4140 pesos que le pagó el Tiro Federal de Córdoba por la renovación de credenciales.

En el procesamiento se insiste con que el imputado presenta una "frondosa planilla prontuarial, en la que figuran antecedentes como: dos hechos de robo, hurto, estafa, delitos económicos, daños, lesiones leves, amenazas calificadas y agresiones".

Además, Dini declaró ante el Registro Nacional de las Personas que era "abogado", profesión que "no se condice con el informe socio ambiental" presentado, en el que se consigna que su nivel educativo es universitario incompleto.

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