Qué pasó con el hijo mayor de Beto Márcico

La Sala IV de la Cámara del Crimen confirmó este martes el procesamiento del hijo mayor de Alberto “Beto” Márcico, Pablo José, por una presunta estafa inmobiliaria vinculada a la venta duplicada de propiedades. La decisión judicial implica que el acusado enfrentará un juicio oral junto a su padre, el exfutbolista Alberto Márcico, y su hermano menor, Lucas. El fallo representa un revés para la estrategia de la familia en una causa que investiga un perjuicio económico considerable a múltiples damnificados.

Pablo José Márcico está procesado por los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados reiterado (dos hechos en concurso real entre sí), en concurso ideal con defraudación por estelionato reiterada (dos hechos en concurso real entre sí).

Los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Julio Marcelo Lucini ratificaron la acusación y mantuvieron el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 345.175.000 pesos.

En su fallo, los jueces afirmaron que “el vínculo con los demás imputados –su padre y hermano– y su condición de miembro de la sociedad que llevaba adelante el proyecto quita credibilidad a su falta de conocimiento sobre el alcance de las operaciones previas en relación con las mismas unidades que luego contribuyó a ceder a terceras personas”, sostuvieron los magistrados. Desecharon también la idea de que el conflicto deba resolverse exclusivamente en el fuero civil o comercial.

A pesar de la confirmación del procesamiento por estafa, los Márcico y el otro acusado, Omar Claudio Martiarena, recibieron una noticia favorable. Los jueces Rodríguez Varela y Lucini confirmaron el sobreseimiento por el delito de asociación ilícita, una figura que había imputado el fiscal Andrés Madrea.

Los camaristas explicaron el motivo de esta decisión en su resolución. “La naturaleza misma del negocio en cuestión, conformado por una única construcción y venta de los departamentos y espacios de guardado de vehículos de un mismo inmueble, contribuyen a respaldar la convicción de que no se encuentran presentes los requisitos de indeterminación, estabilidad temporal y permanencia de una organización criminal”, fundamentaron.

Alberto Márcico y su hijo Lucas solicitaron previamente la suspensión del juicio a prueba, un recurso conocido como probation. El juez Luis Salas, del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, rechazó la solicitud. La negativa se basó en la fuerte oposición de los querellantes y del fiscal, quienes calificaron el monto ofrecido para reparar el daño como “totalmente irrisorio”.

En la audiencia donde se trató el pedido de probation, el abogado Gabriel Palmeiro, defensor de Lucas Márcico, detalló la propuesta económica. La oferta integral ascendía a 295.000 dólares. Se distribuía de la siguiente manera: 180.000 dólares para Marta Zulema Rondinella, compradora de 16 departamentos y seis cocheras, a pagar en 23 cuotas.

Otros 100.000 dólares para Martín Herrera, exarquero de Boca y compañero del Beto, quien adquirió cinco departamentos y un local, a saldar en 22 cuotas. 15.000 dólares se repartirían en partes iguales entre otros cinco querellantes.

El abogado Martín Ezequiel Villar, representante legal del exfutbolista, adhirió a la propuesta. Sostuvo que el ofrecimiento se ajustaba a “las posibilidades reales del señor Márcico”. La empresa constructora de la familia, Edificio Migueletes 1268 SRL, se declaró en quiebra, y la titularidad de los inmuebles todavía se discute en el fuero Comercial.

La propuesta de los Márcico generó un rechazo unánime por parte de los damnificados. El abogado Claudio Caffarello, representante de Rondinella, fue el primero en oponerse. Recordó que una oferta anterior contemplaba el pago en 18 cuotas, no en 23.

“No discutimos el monto, que queda lejos del perjuicio ocasionado. Bajo ningún punto de vista, y menos ahora, a los 80 años, la señora Rondinella le puede aceptar a Márcico el pago a dos años. ¿Quién le podría aceptar a un quebrado 23 cuotas?”, afirmó Caffarello.

Yael Jaifetz, abogada del exarquero Herrera, también se opuso al pago en plazos. “Es darles un beneficio de pagar un 10% en cuotas, lo que no consentimos bajo ningún punto de vista”, sentenció. El abogado Julián Subías, quien representa a otra pareja afectada, calificó la oferta de 3.000 dólares como insuficiente. “Ellos no compraron la posesión, compraron un departamento y no lo tienen. Debieron pagar más de 50.000 dólares para que no los saquen de la casa”, detalló.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.