Qué se sabe de Karyna, la mujer acusada de armar una estafa Ponzi con pasajes de avión en Recoleta
La mujer de origen ecuatoriano regresó a su casa tras una internación psiquiátrica; la causa judicial avanza con más de 200 denuncias y su defensa cuestiona la figura delictiva
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LA NACION
Karina María Alvarado Ríos, la mujer de 55 años acusada de estafar a más de 200 personas con la venta de pasajes aéreos, regresó a su departamento en el barrio de Recoleta. Recibió el alta médica luego de una internación de más de nueve días en el Sanatorio de La Providencia por una ingesta de pastillas.
Quién es Karyna Alvarado Ríos y de qué se la acusa
Karina María Alvarado Ríos, conocida como Karyna por los estafados, es una ciudadana ecuatoriana de 55 años con DNI argentino, que se encuentra en el centro de una investigación judicial por presuntamente montar un esquema Ponzi. La maniobra consistía en la venta de pasajes aéreos internacionales a precios reducidos.
Alvarado Ríos reside en el país hace más de seis años en un departamento ubicado en el piso 17 de un edificio en Recoleta y generaba la confianza de los compradores a través de recomendaciones de personas que sí habían logrado viajar con los tickets que ella proveía.
Esta red de referencias permitía captar nuevos clientes y sostener la operación. El sistema colapsó y dejó a más de 200 personas con pasajes que nunca se emitieron o fueron cancelados. Algunos damnificados quedaron varados en el exterior.
Tras la exposición mediática del caso y el avance de las denuncias, Alvarado Ríos intentó suicidarse con una sobredosis de fármacos. Permaneció internada durante más de nueve días y ahora se encuentra nuevamente en su domicilio. Los damnificados, organizados en grupos de WhatsApp, evalúan realizar un protesta en la puerta de su edificio para exigir la devolución del dinero.
Por el momento, no existen embargos ni restricciones sobre los bienes de Alvarado Ríos. Tampoco se dictó una prohibición para salir del país, aunque es una medida que podría disponerse en el futuro. Respecto al estado de salud mental de la acusada, la defensa no tramita por ahora ninguna medida de incapacidad.
La estrategia de la defensa
La defensa de Karyna quedó a cargo de los abogados Mariano Sayour, exsecretario federal del Poder Judicial, y Bernardo Miguens. La causa está radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, bajo el expediente N° 36862/2025. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58.
Sayour explicó a LA NACION que su defendida aún no fue llamada a indagatoria, por lo cual no se encuentra formalmente imputada. “Está denunciada por estafa, pero todavía no fue llamada a indagatoria. Cuando eso ocurra, pasará a estar formalmente imputada, pero hoy no tiene ese estatus”, aclaró. La Justicia ya incautó su teléfono celular para realizar peritajes.
El eje de la estrategia legal es cuestionar la figura penal. “No veo, a simple vista, una maniobra de estafa piramidal ni un esquema Ponzi. Podría tratarse de un mal negocio, pero no necesariamente de una estafa”, sostuvo el letrado.
La defensa argumenta que para configurar el delito debe existir un engaño idóneo que induzca a error y genere un perjuicio patrimonial. “Si no hay engaño idóneo, no se puede hablar de error ni de estafa”, afirmó Sayour.
Los abogados también deslizaron que la jurisprudencia exige a las víctimas una mínima diligencia para resguardar su patrimonio. Si esa diligencia no existió, el tipo penal podría no configurarse. La defensa no descarta buscar un acuerdo extrajudicial con los denunciantes para resolver el conflicto.
El abogado penalista Jorge Monastersky tiene una visión opuesta. En diálogo con LA NACION, calificó el caso como una estafa “lisa y llana”. “El caso reúne todos los elementos de una estafa. Se sostiene con múltiples damnificados que, al confiar en recomendaciones previas, refuerzan la apariencia de legalidad y permiten seguir captando dinero”, analizó.
Para el especialista, la maniobra encuadra en el artículo 172 del Código Penal, que prevé penas de un mes a seis años de prisión. Advirtió que la existencia de múltiples damnificados podría agravar la calificación a “concurso real” de delitos. Esto habilitaría, según los artículos 54, 55 y 56 del mismo código, una condena de hasta 50 años de prisión.
Monastersky rechazó el argumento sobre la falta de diligencia de las víctimas. “No se puede exigir a un consumidor que investigue a quien le compra un pasaje cuando paga un precio de mercado, como US$900 o US$1200. Hay agencias que venden a ese valor”, precisó.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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