Robo de combustible: imputaron a un concejal del oficialismo de Lanús

La investigación que puso al descubierto una organización criminal dedicada a robar petróleo de un oleoducto de la empresa estatal YPF para después refinarlo y venderlo en estaciones de servicio sin bandera sumó un nuevo capítulo: por orden de la Justicia se allanó el domicilio de un concejal de Juntos por el Cambio de Lanús.

Se trata del concejal y empresario Alberto Torres, integrante del Movimiento Peronista Bonaerense (Mopebo) que desde 2015 acompaña al intendente de Lanús, Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio). Según fuentes judiciales, el edil está imputado en el expediente que lleva adelante la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.

"La Policía Federal realizó ayer un allanamiento en mi domicilio en el marco de la causa que se investiga por la perforación de oleoductos de la empresa YPF para su posterior refinamiento y venta de manera ilegal. Yo no estoy detenido ni incomunicado. El resultado del allanamiento fue negativo ya que no encontraron ningún elemento que me involucre en la causa", sostuvo Torres en su perfil de la red social Twitter.

Torres explicó que fue mencionado por un dirigente que formó parte del Mopebo entre 2013 y 2015. "Estoy muy tranquilo y a disposición de la Justicia para colaborar en lo que haga falta", dijo.

El edil es un histórico dirigente peronista de Lanús. Fue secretario de Acción Social del fallecido exintendente Manuel Quindimil, después se sumó al Frente Renovador y en 2015 desde su bloque del Mopebo apoyó a Cambiemos. En 2017 renovó su banca de concejal por el oficialismo del distrito.

Según fuentes de la investigación, el supuesto nexo del edil Torres con la banda acusada de robar petróleo estaría en la estrecha relación que tendría el sospechoso con Gerardo Rodríguez. Ese imputado es uno de los punteros políticos del asentamiento "El Pueblito", situado a un costado del Puente Alsina, en la continuación de la avenida Carlos Pellegrini. En la investigación encarada por la fiscal federal Incardona, Rodríguez figuraría como el responsable de la destilería clandestina que habría arrojado residuos tóxicos al Riachuelo.

La denuncia contra esta instalación ilegal habría marcado el inicio de la investigación que derivó en los 39 allanamientos y las detenciones de 21 supuestos integrantes de la banda que obtuvo más de U$S 5.000.000 por año con el robo de petróleo, la destilación del crudo y posterior venta como combustible adulterado.

La destilería clandestina que le adjudicarían a Rodríguez estaría instalada en un lugar estratégico: junto al Riachuelo y en una zona dominada por el mencionado puntero político, que también se presentaba como dirigente social.

Como informó LA NACION, la fiscal Incardona investiga una organización criminal dedicada al robo a gran escala de petróleo de un oleoducto de YPF: lo extraían mediante un bypass, lo refinaban en destilerías clandestinas y lo vendían como combustible en estaciones de servicio "sin bandera" y a productores agropecuarios.

Según se informó en el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación en 39 allanamientos fueron detenidos 21 sospechosos.

"Los integrantes de la organización realizaban todo el circuito comercial, desde la extracción -a través de los oleoductos que pertenecen a la empresa estatal YPF- hasta el transporte y, en algunos casos, su destilación en una planta clandestina que vierte los desechos en la Cuenca Matanza-Riachuelo", se informó en un comunicado de prensa desde la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora.

El modus operandi

Para robar el crudo, según se consignó en la página web del Ministerio Público, la organización contaba con la logística que les permitía hacer perforaciones en el oleoducto que transporta el petróleo desde Puerto Rosales, en Bahía Blanca, hasta la refinería más grande de YPF, situada en Ensenada.

"La principal planta que utilizaban para el refinamiento del combustible robado está ubicada en Valentín Alsina y es un establecimiento clandestino. La prueba reunida permitió acreditar que en febrero pasado la organización extrajo petróleo ilícitamente mediante punciones al oleoducto en inmediaciones de la localidad de Coronel Dorrego. Las escuchas sobre los imputados lograron determinar que para la maniobra se utilizaron tres camiones cisterna y cuatro choferes, y que se realizaba un circuito que permitía efectuar dos cargas de petróleo a la cisterna por noche. Para esa fase se utilizaban dos camiones. El tercero volvía a descargar el combustible robado en las plantas de refinamiento investigadas. Las operaciones se llevaban a cabo entre la tarde y la noche y finalizaban cerca de las 6. Así, los sospechosos, evitaban ser descubiertos. Los imputados habían implementado un mecanismo que les permitían transportar el petróleo crudo directamente desde el oleoducto hacia la cisterna de los camiones", se explicó en el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal.

Millones de pesos

Los 39 allanamientos estuvieron a cargo de la PFA, en especial de especialistas del Departamento de Delitos Ambientales. En dos de los procedimientos, hechos en Villa Ramallo, los detectives de la fuerza de seguridad secuestraron cerca de 14.000.000 de pesos y armas.

"Se allanaron los domicilios de los propietarios de una refinería situada en Ramallo. En la casa de uno de ellos se secuestraron $10.000.000. En la empresa, en una garita de seguridad, se decomisaron aproximadamente otros $4.000.000", explicó una fuente del caso.

Los restantes procedimientos se hicieron en el conurbano bonaerense, en Olavarría, Azul y en San Lorenzo, Santa Fe; General Roca, en Río Negro, y Neuquén.