A un año del derrumbe del hotel Dubrovnik: el reclamo de los familiares de las víctimas en una causa que aún no tiene detenidos

VILLA GESELL.- Los maullidos de varios gatos quiebran el silencio que predomina entre las toneladas de escombros que forman montañas de casi tres metros de altura y rodean la estructura de la fachada que sobrevivió de lo que fue el Apart Hotel Dubrovnik.

El frente tapiado con chapas negras oficia hoy como una suerte de memorial que, con fotos y cruces, también con sentidos mensajes y algún ramo de flores, recuerdan a las nueve personas que murieron allí hace exactamente un año, cuando por causas aún no determinadas por la investigación judicial se desplomó allí una torre de diez pisos.

Las secuelas de destrucción también alcanzaron al edificio lindero, el Alfio I, de dos plantas, que quedó partido literalmente al medio y que fue desalojado por el riesgo de caída de techos y paredes rajadas por aquel siniestro.

En esa construcción vecina al Dubrovnik se encontró al primer fallecido: Federico Ciocchini, un jubilado oriundo de Balcarce. Luego, en una búsqueda que demandó cientos de efectivos y de mover restos de losas con grúas para llegar hasta niveles del subsuelo, las fuerzas de rescate encontraron sin vida a María Rosa Stefanic, exdueña del complejo, y a su sobrino, Nahuel Stefanic. También a la pareja de este último, Dana Desimone, y a los obreros Javier Fabián Gutiérrez, Juan Ezequiel Matu, Matías Chaspman y Mariano Troiano. Semanas después murió María Josefa Bonazza, esposa de Ciocchini y la única que había salido con vida en manos de bomberos y equipos de emergencias médicas.

Manifestación

Familiares de varias de las víctimas se movilizaron en este primer aniversario con un reclamo común: verdad y justicia, entendida esta última como la determinación de los responsables de esta tragedia y para ellos una condena acorde al dolor provocado. “Que vayan presos”, se reclamó.

Diez son los acusados en el marco de la causa que inició la fiscal Verónica Zamboni y que, tras su traslado a una nueva función en un tribunal de Mar del Plata, quedó a cargo de su colega Juan Pablo Calderón, de la oficina descentralizada de Pinamar y por el momento también a cargo de esta de Villa Gesell.

Ninguno está detenido. Si bien algunos de los imputados en los primeros momentos estuvieron algunos días tras las rejas, sus defensas consiguieron que continúen el proceso en libertad. La acusación que afrontan todos es común, más allá del rol y responsabilidades: estrago culposo agravado por muerte. En ese caso la pena en expectativa es de un mes a cinco años de prisión.

“Los queremos en la cárcel, que paguen por lo que han hecho”, afirma Silvana Perhauc, la madre de Nahuel Stefanic, que además reclama que los cargos también alcancen al municipio y algunos de sus funcionarios por supuestas fallas en los controles de las obras que se ejecutaban en el hotel al momento en que se derrumbó. “Las autoridades nos dejaron solos”, dijo a LA NACION.

Poco antes el complejo había cambiado de manos. Lo había comprado Antonio Manuel Arcos Cortez, titular de Parada Liniers. Es uno de los últimos imputados junto a Daniel Eduardo López y Nahuel Eduardo Castilla, también miembros de esa firma, y las arquitectas Martha Ruth Pérez Schneider y María Laura Lagana, con distinta participación en las obras de mejoras que se estaban haciendo en el edificio.

Antes, en el inicio del proceso y con distintos períodos de detención, quedaron procesados el arquitecto Jorge Enrique Bonavita; Rubén Taquichiri, Celso y Sergio Paco, (capataces de las dos obras simultáneas) y los albañiles Diego Alberto González y Miguel Andrés Choque Juchani. Este último murió hace pocos meses por causas naturales, según confirmaron fuentes judiciales.

La obra

La inversión en marcha para acondicionar el hotel Dubrovnik, ya con nuevos dueños, implicaba la construcción e instalación de un elevador que vinculaba el edifico derrumbado a la estructura de frente que sigue en pie, que se destinaba a gastronomía, y también la remoción y recambio de aberturas en niveles de la planta baja y el primer piso. Se cree que en algunas de estas intervenciones estaría la falla que derivó en el desplome del edificio.

Un peritaje realizado por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) confirmaría un buen estado de la estructura de hormigón que sostenía a esta torre de diez pisos y que tenía una antigüedad de casi 40 años.

“De las pericias y pruebas incorporadas a la causa surge con claridad que las obras en ejecución al momento del colapso carecían de permiso de obra vigente”, afirma la abogada Graciela Bravo, que representa a familiares de varias de las víctimas. Cita incluso “una orden municipal de paralización (de obra) que fue desobedecida”.

Peritajes

El fiscal Calderón confirmó a LA NACION que recibió el mencionado informe del INTI y que está a la espera de las conclusiones del Cuerpo de Bomberos de Policía Federal Argentina que tiene función pericial y que no solo está evaluando la evidencia recolectada en el lugar, sino que además participó con sus expertos de manera directa en las primeras horas y jornadas de remoción de escombros en busca de las víctimas del derrumbe.

Estos especialistas no solo trabajan sobre planos y muestras tomadas en el lugar. También, según pudo confirmar LA NACION, pidieron acceso a otras pruebas obrantes en el expediente como son los registros digitales. Entre ellos videos, logrados de teléfonos que pertenecieron a los fallecidos, que fueron recuperados y en los que se encontraron grabaciones y otros archivos en los que se advierten las obras que se ejecutaban en distintos puntos de la estructura del Dubrovnik.

Se espera que a la brevedad llegue a la fiscalía ese informe técnico integral que aparece casi como determinante para la continuidad de la investigación y sobre todo para determinar la situación procesal de los sospechosos de tener responsabilidad en el origen del siniestro.

Podría, entre otras consecuencias y siempre según la conclusión de los expertos, ser aún más determinante para la acusación ya que existe chance que las fallas humanas en aquellas obras encuadre como un estrago doloso agravado por muerte. Y en ese caso, quienes lleguen a juicio bajo esos cargos, se exponen a condenas desde 8 hasta 20 años de prisión.

En cuanto a los restos del Dubrovnik, el lugar permanece vedado desde el paso que tuvieron por allí los peritos, a fines de marzo pasado. En las últimas semanas hubo advertencias por la supuesta presencia de extraños, quizás en procura de materiales para reciclar. Lo propio se advertía sobre lo que quedó de los departamentos del complejo Alfio I, donde los propietarios solo pudieron retirar lo imprescindible y urgente.

Desde la fiscalía ya se ha advertido que no hay impedimento para que los propietarios accedan a esa estructura, que se extiende a lo largo de casi una cuadra y está literalmente fracturada, con departamentos que desaparecieron, aplastados por los pisos superiores del Dubrovnik en caída libre. La responsabilidad de acceso se transfiere a la administración del complejo y la autorización de Defensa Civil u algún otro organismo similar.

La movilización de los familiares, en este primer aniversario, fue entre muy pocos. Se acercaron parientes de cinco de los nueve fallecidos y unos pocos que los acompañaron. A la madrugada habían hecho allí una vigilia con velas. Después del mediodía emprendieron la movilización a la municipalidad. Antes de partir dejaron un cartel con las fotos de los fallecidos enmarcadas con dos frases. Una con un reclamo: “Verdad y justicia”. Otra, de reconocimiento a los rescatistas que encontraron y retiraron los cuerpos: “Gracias, Bomberos”.

Por Darío Palavecino

• Villa Gesell

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