Botones antipánico, tobilleras y órdenes de restricción: por qué las medidas para evitar femicidios no alcanzan
Una de cada seis víctimas habían denunciado previamente a sus agresores; organizaciones que trabajan con víctimas de violencia de género denuncian que el Gobierno desfinanció las políticas de asistencia estatales
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Redactora en Breaking NewsAilén Rocío Vila
Las advertencias fueron muchas. Tres denuncias penales por violencia, una orden de restricción y un botón antipánico. Luna Giardina relató una y otra vez la pesadilla que vivía en las garras de Pablo Laurta, su expareja uruguaya, padre de su hijo, e impulsor de la organización antifeminista Varones Unidos.
Los golpes, los insultos y la manipulación abundaban en el vínculo que atormentó a Luna por cinco años, y que continuó hasta que fue asesinada junto a su madre, Mariel Zamudio, de 54 años, por el hombre que denunció tres veces como su potencial asesino.
Laurta la acosaba, intentó quedarse con su casa en el barrio Villa Serrana en la ciudad de Córdoba, le prohibía tener redes sociales, trabajar y vivir una vida sin que el miedo la dominara. Las agresiones llegaron al punto de que Laurta se escondió y vivió en el techo de la vivienda de Luna por tres días. La Justicia ordenó su detención. Estuvo preso un mes. Fue liberado tras una pericia que indicaba que “no presentaba peligrosidad” y se escapó a Uruguay sin que le colocaran la tobillera electrónica comandada por el Juzgado de Violencia.
Dos años después, en el aniversario exacto de la primera denuncia de Luna, el potencial se convirtió en una realidad: la orden de alejamiento que tenía Luna caducó, y Laurta se acercó sin restricciones al hogar, donde mató a tiros a Giardina y a Zamudio, y se llevó al hijo que compartía con la víctima. El destino estaba sellado. La muerte de Luna estaba anunciada.
Día a día, los casos parecen incontables porque, cuando una víctima habla, destapa la voz de otra. A fines de septiembre, la periodista de C5N Agustina Peñalva rompió en llanto durante su programa mientras confesaba que vivía un calvario: el economista Walter Graziano la acosaba.
Entre los detalles, contó que el hombre le mandaba incontables mensajes, se había anotado en el mismo gimnasio que ella y había logrado conocer la dirección de su casa. Peñalva advirtió que la situación persistía desde hacía más de dos meses, durante los cuales ya había hecho tres denuncias, y que, aunque tiene un botón antipánico, la actitud de esta persona no cambia.
En el medio, el caso de la cantante de Bandana Lourdes Fernández se hizo público cuando su madre denunció que no sabía de ella hacía varios días y que sospechaba que su expareja Leandro García Gómez podía tenerla escondida. El hombre tenía denuncias previas por violencia de género y hasta había tenido una tobillera electrónica y Lourdes un botón antipánico. Sin embargo, mucho tiempo después de que esas medidas vencieran, Lourdes fue hallada en el departamento de García Gómez y el hombre fue detenido.
A fines de octubre, una joven tucumana identificada como Karla Robles, de 27 años, se suicidó en una transmisión en vivo de TikTok luego de hablar del calvario que vivía de parte de su expareja. Robles lo había denunciado por violencia de género en 2022 y se habían puesto medidas de restricción. Sin embargo, estas no fueron cumplidas por el agresor.
Aunque el abogado de la familia solicitó su detención, la Justicia solo le dio un apercibimiento y una advertencia, informaron desde el medio local La Gaceta. Su expareja terminó amenazando también a su familia. En la transmisión en vivo, las palabras de Robles resonaron antes de su muerte: “Prefiero matarme antes que él mate a mi mamá y a mi hermano”. Ahora, tras la muerte de Robles, le dieron prisión preventiva por dos meses por amenazas e instigación al suicidio.
Varios de estos casos ocurrieron en octubre, mes en donde hubo nueve femicidios en cinco días, es decir, cada 13 horas.
Es que cada mes, nuevas víctimas son arrebatadas a sus familias, nuevos casos llegan a las pantallas de los televisores y celulares, nuevos nombres se suman en los carteles de las protestas de las organizaciones feministas.
Una tobillera, un botón antipánico, una perimetral, una denuncia. Las medidas existen y, sin embargo, los ataques no se detienen: una agresión que escala y sin obstáculos hasta la muerte. El número de víctimas de femicidios que habían alertado sobre la violencia de sus agresores no desciende. En los últimos 10 años, el 16,5% de las víctimas habían denunciado a sus femicidas ante la Justicia. Esto equivale a una de cada seis víctimas.
En paralelo, el gobierno nacional disminuyó en un 89% desde 2023 el financiamiento a las principales políticas de asistencia a las víctimas de violencia de género, que ayudaban a que las mujeres pudieran salir tempranamente de las situaciones de agresión y ser contenidas por grupos de especialistas en la materia.
En medidas mayores y menores, el acoso perdura y la amenaza late constantemente ante las víctimas que se encuentran desamparadas. Muchas veces, parece, se convierten en una sombra que sigue cada paso de sus agresores para ver si, de esa forma, reemplazando el rol de la Justicia, pueden protegerse de caer en sus manos.
Cifras que estremecen
El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina reporta estadísticas que se mantienen casi estáticas a lo largo de los años. Lo mismo ocurre con los números que reportaron organizaciones feministas que recopilan información para hacer estadísticas propias.
El registro oficial, generado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reportó 247 femicidios en 2024. El 86% de los asesinos eran del círculo íntimo o conocido de la víctima. Al menos 42 de ellas habían denunciado a sus agresores, de las cuales al menos 22 tenían medidas de protección judicial, ya fueran vigentes o vencidas.
En 2023 se reportaron 272 femicidios y al menos 55 denuncias previas. En 2022, 252 asesinatos y al menos 38 advertencias. Los números oscilan poco desde 2015.
El Observatorio Ahora que Sí nos Ven y la organización Mumala realizaron sus propias recopilaciones por el aniversario de 10 años del primer Ni Una Menos. Las estadísticas de la última década muestran para el observatorio un total de 2827 femicidios: una muerte cada 31 horas. La organización feminista, en tanto, reportó 2590, lo que simboliza una muerte cada 34 horas.
En paralelo, también hay un número creciente de víctimas de violencia doméstica. Se registran más de 216.883 personas afectadas en los últimos 17 años, la mayoría mujeres, según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante esos años hubo 164.497 denuncias. Esto significa 35 personas afectadas por hechos de violencia doméstica por día, 1063 por mes y 12.700 por año.
Con pequeñas variaciones, las organizaciones reclaman por lo mismo: la ausencia de una Justicia que no logra asistir a las víctimas de forma personalizada y, a la vez, un Estado que no destina suficientes recursos para hacerlo.
“Cada denuncia que no es atendida debidamente puede convertirse en un potencial caso de femicidio”, denunció Raquel Vivanco, directora del observatorio, que mantiene relación con familiares de víctimas de femicidios y los acompaña en sus pedidos de justicia, en diálogo con LA NACION.
Para Vivanco, la Justicia no puede solo recibir las denuncias: “Debe garantizar la seguridad de las mujeres en situación de riesgo que demandan protección y agotar las medidas necesarias para hacerlo”.
Las medidas de protección son pedidas por intervención del Poder Judicial de cualquier fuero. Esto quiere decir que no importa si se trata de un proceso penal o civil, o un juzgado de familia o general: cualquier juez está capacitado para ordenarlas para que sean accesibles y de aplicación urgente.
Sin embargo, cuando se solicitan, primero se evalúa el nivel de riesgo para determinar su relevancia. La demora depende de la jurisdicción y de la gravedad que observe el Poder Judicial. También depende de si la solicitud aparece en un día hábil o no hábil. En el segundo caso, puede demorar días.
“Si se trata de una situación de gravedad extrema, la mujer puede ir a la policía y, si están capacitados, pueden derivarla a un refugio en lo inmediato. Pero todo esto está muy desarticulado”, señala Natalia Gerardhi, abogada y Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, a LA NACION.
Los servicios y recursos disponibles de municipios, provincias y la Nación son muy limitados para que estas herramientas funcionen a nivel federal. Las áreas y organismos a lo largo del país ahora afrontan el desafío de la falta de un rumbo marcado por el Gobierno.
En diálogo con LN+, Laura Giardina, hermana de Luna, consideró que los destinos de ella y su madre podrían haber sido diferentes. “Se podría haber evitado. Todos estos organismos funcionan y tienen una respuesta: ‘Hicimos esto, hicimos aquello, le dimos un botón…’. Pero no existe una eficiencia en el sistema para que conversen entre ellos ¿Para qué hay tantos organismos si esto todavía sigue pasando? Cuando mi hermana se dio cuenta de lo que pasaba, se quedó sola”, reclamó.
Para Laura, su hermana y Mariel no recibieron ayuda a pesar de las incontables advertencias previas. “No vivieron tranquilas. Los últimos años los pasaron con miedo e inseguridad, pidiendo ayuda. Y a veces siento que no les creían, aún habiendo pruebas suficientes”, señaló. Laura advierte que, al final, no hay justicia, sino castigos: “Castigo al hombre que dejó a mi sobrino huérfano, a quienes están involucrados a nivel sistema y organización…”.
Actualmente, cuatro funcionarios judiciales afrontan una investigación interna de oficio en la causa contra Laurta. Se trata de la fiscal del Distrito 4, Jorgelina Esther Gutiez, y a los ayudantes fiscales Carlos José Ayrolo y Denisa Margot Díaz de la Unidad Judicial 19 y María Cecilia Guzmán de Viale de la Unidad Judicial de Violencia de Género Familiar y Sexual. Se los investiga por “un ejercicio negligente en el cumplimiento de sus deberes funcionales y carente de responsabilidad laboral”.
Laura Giardina sentencia: “Hoy piden que los familiares y mujeres denuncien, pero lo único que hay al final es una lista de femicidios”.
Un sistema “automatizado”
Abogadas y especialistas en violencia de género denuncian que el principal problema del sistema es que funciona en una especie de piloto automático, donde se otorgan las mismas respuestas a diferentes víctimas, a pesar de las diversas y complejas experiencias que atraviesan en medio del terror.
“Es clave estar en las primeras veces que una mujer identifica las situaciones de violencia y trata de salir. Cuando no se puede, hay que generar mecanismos de acompañamiento y buscar con creatividad las respuestas para cada caso”, recomienda Gerardhi.
Marina Romano es abogada de Laura Giardina y sostiene en diálogo con LA NACION que el caso de Luna es una prueba de esa falta de creatividad del sistema judicial. Luna había denunciado más de una vez a Laurta, pero las medidas no se aplicaron con la firmeza suficiente.
Las señales habían sido múltiples. “No se trata de cuántas veces Luna y su familia pidieron protección, sino que hay que pensar en la respuesta del Estado. Ella vivió con temor hasta el último de sus días”, expresó Romano.
“La pregunta es si esas medidas -el botón, la orden de alejamiento, el esperarlo para poner la tobillera, todo frente a una persona con antecedentes y que tenía armas- eran las medidas adecuadas”, afirma. Para Romano, el Estado debe evaluar las formas particulares de violencia a las que es sometida la víctima. “Pero se ha mecanizado y automatizado todo. Eso es muy peligroso para las víctimas”.
En el caso de Luna, la abogada cree que quizá la respuesta habría sido diferente si hubiera tenido custodia policial o un lugar de protección, principalmente cuando Laura la acechaba en su hogar: “¿Cómo llegó la Justicia a liberarlo [a Laurta] tan pronto cuando mostraba rasgos de plena violencia, acechando y amenazando a la víctima arriba de su casa? No es solamente adoptar las medidas, sino las medidas adecuadas. Y para eso necesitamos un Estado presente”.
Ausencia peligrosa
Desde el año pasado, la gestión de Javier Milei dejó de actualizar el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. Su objetivo era generar políticas públicas ordenadoras y estándares de atención a respetarse en todo el territorio. El plan es una obligación para el Gobierno, según el inciso A del artículo 9 de la Ley 26.483 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Sin embargo, el último plan duró desde 2022 a 2024 y, desde entonces, no hubo novedades. Además, el Gobierno eliminó al principal organismo que coordinaba estas políticas, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El último plan incorporaba 100 acciones de corto, mediano y largo plazo de 20 ministerios y cinco organismos descentralizados nacionales. Su trabajo fue trasladado al Ministerio de Justicia. Desde la cartera no contestaron a LA NACION ante la reiterada pregunta de si pensaban renovar el plan para los años siguientes.
“Nación se retiró de sus obligaciones. El problema no es si hay o no un ministerio, porque eso es una discusión burocrática. El problema es que no solo disolvió el Ministerio [de Género], sino que desfinanció las políticas públicas y las dejó sin un organismo rector”, denuncia Gerardhi.
Se trata principalmente del Programa Acompañar y de la Línea 144. El primero consiste en un apoyo económico equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil que inicialmente duraba seis meses consecutivos. Uno de los puntos cruciales de este programa es que no requería que las víctimas presentaran denuncias policiales o judiciales para que recibieran el subsidio.
Sin embargo, las condiciones y criterios se modificaron a partir del Decreto 755/2024. Ahora, el subsidio tiene una duración de tres meses y las víctimas deben entregar una constancia de una denuncia previa. A través del análisis del Presupuesto Abierto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que en 2024 el prepuesto dedicado al programa se redujo en un 90% respecto a 2023 y que la cobertura cayó de más de 100.000 personas a solo 434.
Las estadísticas correspondientes a 2025 no son analizables: el programa dejó de figurar como una partida presupuestaria identificable. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron a LA NACION que las partidas destinadas a ambos programas se encuentran en la sección de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la cartera. Sin embargo, no hay posibilidad de acceder a los valores específicos para cada una. Desde el Ministerio no los brindaron a pesar de la consulta de este medio.
En el último informe del entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos en el Congreso, afirmaron que el programa se encontraba “atravesando un procedimiento extraordinario de evaluación y actualización del estado de las solicitudes”.
En tanto, la Línea 144 funciona como un canal de atención a personas en situación de violencia y una línea de emergencia. Detrás, hay un equipo es interdisciplinario compuesto por profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social y otras áreas afines.
ACIJ denunció que perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y que su planta de trabajadoras se redujo en un 45%. Al igual que el Programa Acompañar, en 2025 dejó de figurar como una partida presupuestaria identificable.
En el último informe de Francos en el Congreso, aseguraron que la línea cuenta con un equipo integrado por 71 profesionales dedicados a la atención directa y nueve integrantes que se desempeñan en áreas de apoyo, como Recursos y Estadísticas, Recursos Humanos, Equipo Jurídico y Coordinación General. Sin embargo, la base de datos de la Línea 144 se encuentra desactualizada desde 2023, por lo que se desconoce la cantidad de consultas que llegan a la línea de atención.
Aunque anteriormente ambos programas figuraban como partidas específicas en los datos del Presupuesto Abierto, una vez que fueron trasladados al Ministerio de Justicia desaparecieron. Tampoco figuran en la nueva versión del Presupuesto 2026 propuesta por la gestión de Javier Milei.
En medio de esta reducción presupuestaria y la desaparición de estos programas como cuantificables, el Gobierno llegó a plantear la idea de eliminar la figura de femicidio del Código Penal. En ese entonces, la gestión libertaria dio marcha atrás con la decisión porque especialistas le advirtieron que quitar la figura podría implicar que centenares de condenados pudieran pedir la reducción de sus penas y salieran de forma anticipada de la cárcel.
Sin embargo, el Gobierno advirtió que trabaja en un proyecto alternativo, que podría incluirse en la próxima reforma del Código Penal. En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó más de una vez su postura de tratar a los femicidios como cualquier otro tipo de homicidio -es decir, como “homicidios donde las víctimas son mujeres” y no como “femicidios”- y celebró que el Gobierno “haya bajado” el número de estos asesinatos en un 9% entre 2023 y 2024.
Este medio le consultó a su cartera cuáles eran las políticas utilizadas para afrontar las muertes por violencia de género y si, ante la falta de cambios en la cantidad de asesinatos a largo plazo, no consideraba modificar su postura. No obtuvo respuesta.
Mientras tanto, las cifras de mujeres asesinadas por violencia de género se mantienen.
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