Caso Bastián: dos de los imputados tenían alcohol en sangre al momento del accidente en La Frontera
Los análisis se realizaron en el laboratorio químico de la Policía Científica de Dolores y apuntaron a detectar además drogas u otras sustancias
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Los resultados de las pruebas toxicológicas en el caso Bastián confirmaron la presencia de alcohol en la sangre de dos de los tres imputados en la causa y descartaron el consumo de estupefacientes, según indicaron fuentes consultadas por LA NACION.
El informe ya fue incorporado al expediente que investiga el grave accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, a mediados de enero. Los estudios se realizaron sobre las muestras de sangre extraídas a Manuel Molinari, Maximiliano Jeréz y Naomi Azul Quiróz.
De acuerdo con información obtenida por este medio, Quiróz -la joven que manejaba el UTV donde se encontraba el menor de ocho años- presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari -conducía la 4x4- tenía 0,2 g/l.
En tanto, los peritos no detectaron alcohol en la sangre de Maximiliano Jeréz, padre de Bastián, y en ninguno de los tres imputados se hallaron rastros de estupefacientes.
Ambos valores positivos adquieren relevancia en el marco del régimen de alcohol cero al volante vigente en la provincia de Buenos Aires desde enero de 2023. La normativa establece que todo conductor debe presentar 0,0 gramos de alcohol en sangre y que la sola detección de alcohol, independientemente de la graduación, constituye una infracción administrativa. De este modo, quedó sin efecto el esquema anterior, que permitía hasta 0,5 gramos por litro para conductores particulares, con el objetivo de reducir la siniestralidad, especialmente en contextos de alta circulación, consumo recreativo y conducción nocturna.
El alcance de la ley es general y comprende a todos los tipos de conductores y vehículos, sin distinción de categoría, tipo de licencia o condición de residente o turista.
El criterio aplicado en los operativos es uniforme: no se evalúa la cantidad ingerida ni el estado aparente del conductor, sino exclusivamente el resultado del test. En caso de infracción, el régimen prevé sanciones que pueden incluir multas económicas, suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir, retención del carnet y eventual secuestro del vehículo.
Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que la alcoholemia positiva no implica de manera automática una responsabilidad penal agravada, pero sí constituye un elemento relevante a la hora de analizar la conducta previa al siniestro. En particular, señalaron que el consumo de alcohol puede ser considerado dentro de la cadena de decisiones que precedieron al choque, en especial si se comprueba que influyó en la percepción del entorno, los tiempos de reacción o el respeto de normas básicas de circulación en un contexto de riesgo elevado.
En ese sentido, remarcaron que el análisis integral del caso no se limita a los resultados toxicológicos, sino que contempla múltiples variables, como las condiciones del terreno, la visibilidad, la señalización existente, la velocidad de los vehículos y el comportamiento de cada uno de los conductores involucrados en los instantes previos al impacto.
Los estudios se realizaron este lunes a partir de las 12 en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores y estuvieron a cargo de un perito oficial.
El expediente investiga el choque ocurrido el lunes 12 de enero, cuando un vehículo tipo UTV Can-Am impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano, una zona caracterizada por la convivencia de rodados de distinto porte y uso, sin trazados formales ni separación clara entre áreas de circulación. El hecho se produjo en un contexto de intenso movimiento turístico, con presencia sostenida de vehículos que transitan por caminos de arena.
Como consecuencia del siniestro, Bastián sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud de Pinamar -Hospital Dr. Pepe Olaechea-, donde fue asistido inicialmente y sometido a las primeras intervenciones quirúrgicas.
Debido a la complejidad de su cuadro, días más tarde fue derivado a un nosocomio de mayor complejidad -el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI)- en la ciudad de Mar del Plata. Desde su internación, el niño ya fue sometido a seis cirugías.
La más reciente se realizó el sábado e incluyó una traqueotomía, destinada a asegurar una vía respiratoria más estable, y una fijación cervical para contener fracturas detectadas en cráneo y columna. Según el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, el paciente permanece internado en terapia intensiva, con un cuadro estable dentro de la gravedad, luego de que estudios recientes confirmaran la existencia de lesiones cerebrales y cervicales severas compatibles con un impacto de alta energía.
A la espera de los resultados de las pericias vehiculares
En paralelo, la investigación aguarda los resultados de las pericias realizadas sobre los vehículos involucrados, que tuvieron lugar el martes en un depósito de la caballería de Pinamar. Los estudios fueron encabezados por un perito oficial de la Policía Científica de Mar del Plata y contaron con la participación de peritos de parte, abogados e integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Durante la jornada se realizaron mediciones técnicas y se documentaron, mediante registros fotográficos, las roturas y el estado general de ambos rodados, información considerada clave para el análisis posterior. Además, se trabajó con concesionarias oficiales de ambas marcas para la extracción de datos de las computadoras de los vehículos: Burgwagen, en el caso de la camioneta Volkswagen Amarok, y Can-Am, por el UTV.
Los datos recabados fueron entregados al fiscal Sergio García, a cargo de la UFI Descentralizada N.º 5 de Pinamar, y quedaron reservados en el expediente. Se trata de archivos técnicos indubitables, inmodificables y en formatos específicos. En los próximos días se convocará a las concesionarias para que presenten informes técnicos sobre esa información.
Con los resultados de los análisis toxicológicos ya incorporados al expediente, y una vez finalizadas el resto de las medidas de prueba en curso, la causa avanzará hacia la pericia accidentológica, instancia clave que permitirá determinar la mecánica del hecho.
Endurecimiento de controles y sanciones en La Frontera
Como respuesta institucional al accidente en el que el pequeño de ocho años se vio involucrado, la Municipalidad de Pinamar dispuso un endurecimiento del régimen sancionatorio para la circulación indebida de vehículos tanto recreativos como motorizados, con especial foco en el sector conocido como La Frontera. La medida quedó formalizada el sábado 17 de enero a través del Decreto 0104/2026, firmado por el intendente Juan Ibarguren y el secretario de Gobierno, Francisco Montes, que reglamenta la Ordenanza Municipal 4794/16 y refuerza el esquema de control con el objetivo de desalentar conductas riesgosas.
El decreto establece multas que van de 8.500 a 25.000 módulos, una unidad de cálculo municipal cuyo valor se actualiza de manera periódica, lo que equivale —según estimaciones oficiales— a sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los $15 millones, de acuerdo con la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia del infractor.
Además, faculta a la autoridad de aplicación a disponer la retención preventiva y el secuestro del vehículo cuando la conducta observada implique un peligro cierto o potencial para la vida o la integridad física de las personas, así como la inhabilitación prolongada de la licencia de conducir en los casos considerados graves.
La normativa también prevé la formulación de denuncias penales ante el ingreso indebido a propiedades privadas y establece que todas las erogaciones y perjuicios que el Municipio deba afrontar como consecuencia directa o indirecta de infracciones de tránsito serán imputados al responsable. Entre ellos se incluyen gastos vinculados con atención médica, internaciones, estudios, tratamientos, provisión de medicamentos, traslados sanitarios y operativos de emergencia, así como la utilización de recursos humanos y materiales del sistema de salud municipal y de áreas como Tránsito, Seguridad, Defensa Civil y Ambiente.
Asimismo, el decreto contempla el recupero de los daños ambientales ocasionados en playas, médanos, forestación, espacios naturales, vía pública y bienes municipales, además de las tareas de limpieza, remoción, señalización, vallado y restauración que resulten necesarias tras un siniestro o una infracción. El esquema de sanciones fue incorporado al Código de Faltas Municipal para su aplicación por el Juzgado de Faltas competente, y se designó a la Secretaría de Gobierno como autoridad de aplicación.
En ese marco, se dispuso el refuerzo de los controles en accesos, egresos y el frente de ruta, con la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública. Actualmente funcionan seis puestos de control, donde se verifica documentación y se realizan test de alcoholemia.
Desde el Ejecutivo local advirtieron además que será sancionado de manera severa el uso de cuatriciclos o UTV por parte de menores de edad sin la debida supervisión y el cumplimiento de la normativa vigente. Las medidas comenzaron a regir de manera inmediata, aunque el decreto fue elevado al Honorable Concejo Deliberante para su ratificación definitiva.
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