Colegios privados bonaerenses piden subir cuotas tras el aumento otorgado a los docentes y alertan por nuevos impuestos

Tras haber comenzado el año lectivo con un paro, el gobierno de Axel Kicillof finalmente acordó un aumento salarial para los docentes provinciales para el período febrero, marzo y abril. Ahora, los colegios privados bonaerenses piden autorización para subir las cuotas y alertan por la “delicada situación económica” de las instituciones educativas, marcadas por el aumento de los costos y la caída de la matrícula asociada a la baja en la natalidad. Agregan a esos factores la presión impositiva en los municipios.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (Aiepa) advirtió de esto último ante una norma aprobada en el partido de Pilar. El Concejo Deliberante promulgó en noviembre pasado la ordenanza 112/25 que aumenta el 100% la tasa de seguridad e higiene y establece una contribución obligatoria que ronda los $7500 mensuales por cada empleado de las pymes, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas.

La gobernación bonaerense acordó un aumento dividido en tres tramos: 5% para marzo y 2% para abril, sumado al 1,5% que ya habían otorgado para febrero.

Desde el sector educativo privado afirman que “no cuestionan las mejoras salariales”, pero sostienen que necesitan que se autorice una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos en las escuelas que reciben aportes estatales. En estas instituciones, los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el gobierno provincial. Solo los colegios que no reciben subsidio de la Provincia pueden trasladar los aumentos automáticamente.

“Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grave, difícil de afrontar”, afirmó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Aiepa.

En la provincia de Buenos Aires, el sistema de educación privada alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1,3 millones de estudiantes. Alrededor del 70% de los colegios privados reciben aportes estatales y requieren esta autorización.

“Desde octubre, lo único que nos autorizaron a aumentar fue en marzo el 3%, cuando el importe que se autorizó en paritarias es mucho más grande”, dijo a LA NACION. Al cierre de esta nota, ni los voceros de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a cargo de Flavia Terigi, y los de la gobernación había contestado a este medio sobre la posible autorización.

Impuestos

La Aiepa también alertó por la creciente presión impositiva y ejemplificó con el caso de Pilar. Según detalla la norma aprobada en el distrito que desde diciembre de 2019 encabeza el intendente Federico Achával –hijo de Federico de Achával, socio del empresario kirchnerista Cristóbal López en el Casino del Hipódromo de Palermo− ahora los establecimientos habilitados estarán gravados con una alícuota del tres por mil (3‰).

La contribución obligatoria por cada empleado es la universalización del cobro de una tasa que se destinará al Hospital Central de Pilar, cuya construcción ya terminó, y será ajustable mensualmente. “Una escuela privada es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 120 personas trabajando como mínimo”, señaló Zurita.

De acuerdo con los cálculos del sector, una institución de tamaño medio podría llegar a pagar entre $1,5 y 2 millones por mes en tasas municipales, lo que representaría más de $20 millones al año. “En el contexto actual es realmente inexplicable para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo.

“Si la educación pública es una y hay dos gestiones, estatal y privada, ¿por qué castigan a la gestión privada con una contribución si las escuelas estatales no pagan? Para el discurso somos todos uno y a la hora de la realidad es una discriminación al sector, en un contexto muy complicado", planteó.

También marcó que no hay una reglamentación clara, y dirigida a las escuelas, sobre el cobro de la contribución obligatoria. “Hay docentes que trabajan en más de una escuela, es decir que por una persona van a pagar más de una vez. Además si nosotros estamos ya pagando la contribución para la obra social y los aportes de docentes, estamos pagando ya para la salud, ¿por qué tenemos que pagar el hospital? Es una locura la voracidad que están teniendo algunos municipios", agregó.

Adelantó que evalúan distintas medidas para que las autoridades municipales reconsideren la decisión. En principio, buscan comunicarse con la intendencia, de donde aún no recibieron respuesta, para plantear la situación de las instituciones. Y analizan también, en caso de ser necesario, avanzar con acciones legales.

La Municipalidad de Pilar no contestó a la consulta de LA NACION sobre este reclamo antes del cierre de esta nota.

La Aiepa consideró, además, que esta situación podría replicarse en otros municipios y profundizar la crisis que atraviesan los colegios. En diciembre, alertaron sobre esta situación también en el municipio de Almirante Brown, a cargo de Juan José Fabiani, que modificó el esquema de determinación de la Tasa de Seguridad e Higiene y pasó de ser una suma fija a estar vinculado a la facturación, con aumentos que según alertaron los colegios rondan el 500%. Fuentes del municipio dijeron a LA NACION que la suma fija había sido acordada como una excepción durante la pandemia y que la tasa para los establecimientos educacionales privados es una alicuota del 0,2% de los ingresos por matrícula y/o cuota, mismo porcentaje que en 2025.

Cierres de escuelas

“Hay escuelas que no cerraron, pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, dijo Zurita.

Según indicó, es un fenómeno que se intensificó después de la pandemia y responde a una combinación de factores: caída de la natalidad, la disminución de la matrícula, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que, como consecuencia, derivó en mayores porcentajes de morosidad.

El año pasado, según datos relevados por la Aiepa, cerraron al menos 15 instituciones privadas en todo el país. Entre 2021 y 2024, el sistema educativo argentino registró una disminución sostenida de la matrícula total, una variación acumulada del 2,57%. Entre 2021 y 2023 la matrícula privada creció de manera sostenida, aun en un contexto de caída del total del sistema. Recién en 2024 registraron una retracción del –1,04%, según datos de la entidad.

Por Lucila Marin

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