Crimen de las mendocinas en Montañita: otro juez se apartó del caso y podría demorar el inicio del juicio

A menos de un mes de la fecha fijada para que comience el segundo juicio por el doble crimen de las mendocinas en Montañita, hay dudas en la Justicia ecuatoriana de que el debate arranque el 11 de setiembre, ya que en el último mes dos jueces se apartaron del proceso. Por tal motivo, los tribunales penales de la provincia de Santa Elena deberán realizar otro sorteo para determinar quién será el magistrado que integrará el tribunal que deberá dictar sentencia contra José Luis Pérez Castro, el último detenido e imputado por el homicidio de María Jose Coni (21) y Marina Menegazzo (22).

A comienzos de julio, el magistrado Pedro Ordoñez presentó el pedido de apartamiento por haber participado del primer juicio en agosto del 2016. Allí se había condenado a 40 años -la pena máxima de Ecuador- a José Alberto Ponce Mina, alias El Negro, y a Eduardo Aurelio Rodríguez, alias El Rojo. En ese entonces, el tribunal del nuevo debate quedó integrado solo por César Augusto Vélez Ponce y Carlos Gastón Iturralde, por lo que la Justicia de ese país debió comenzar el proceso de sorteo para elegir a otro profesional, antes del inicio del juicio, el 11 de setiembre. En la nueva selección se designó a Milton Felipe Pozo Izquierdo, quien también fue parte del primer juicio, junto a sus pares, Ordóñez y Andón Monroy.

Por tal motivo, el 9 de agosto, Pozo Izquierdo también presentó la excusación a ser parte del debate. Se amparó "en las causales del artículo 572 numerales 6 y 7 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el Art. 22 numeral 4 del COGEP, ya que formó parte del Tribunal que sentencio a los señores José Alberto Ponce Mina y Eduardo Aurelio Rodríguez", indica la novedad en Función Judicial, a la que tuvo acceso LA NACION. La decisión se basa en los alcances de la normativa ya que establece la imposibilidad de "fallar en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella" o "intervenir en el proceso como parte, representante legal, apoderado, juzgador, defensor, fiscal, acusador, perito, testigo o intérprete".

"Ofíciese al Consejo de la Judicatura de la Provincia de Santa Elena, a la Provincia más cercana de esta jurisdicción para que solicite un juez para conformar en legal y debida forma el tribunal que resuelvan la situación jurídica de Pérez Castro", reza el escrito de Vélez Ponce, juez titular del Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena, que acepta la presentación de Pozo Izquierdo.

María Dolores Coloma Pazmiño, la fiscal que lideró la investigación, explicó a este diario: "Los plazos se acortan y tienen que nombrar a otro juez, por lo que hay que volver a hacer otro sorteo. Ordoñez y Pozo Izquierdo estuvieron ya en la audiencia pasada cuando impusieron 40 años y ya tienen una opinión al respecto y el principio acusatorio exige que el juez debe ir sin contaminación alguna y sólo decidir en base a la prueba que se produzca en la audiencia".

De esta manera, se espera que la justicia de ese país no se demore en el proceso para llegar en tiempo y forma al debate oral, donde las familias de las víctimas quedaron apartadas como parte acusatoria particular, pero podrán estar presentes durante la audiencia.

Las jóvenes estudiantes universitarias fueron vistas por última vez el 22 de febrero del 2016 en la reconocida localidad costera. Las drogaron y golpearon. A una de ellas la abusaron y a la otra, la acuchillaron hasta morir. A los pocos días, los cuerpos fueron hallados, con 48 horas de diferencia cada uno, envueltos en bolsas plásticas negras en un descampado alejado de la playa.