8 minutos de lectura'MADRID.― El futuro de las redes sociales se está decidiendo en los tribunales. Y aparenta ser desfavorable. La semana pasada, Meta recibió dos importantes reveses judiciales. El miércoles, un jurado de Nuevo México determinó que la empresa matriz de Facebook, Instagram o WhatsApp es culpable de engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y de poner en riesgo a menores de edad, priorizando los ingresos a la integridad de los niños. Horas más tarde, Meta y YouTube (de Google) perdían en Los Ángeles un juicio clave que las declara culpables de generar adicción entre menores y de usar el diseño de sus plataformas para causar dependencia.
Los jueces están empezando a dar la razón a quienes denuncian los efectos nocivos de las redes en la salud física y mental de los niños. Durante años, se miró para otro lado, igual que sucedió anteriormente con las tabaqueras. Hasta que una filtración hizo imposible seguir ignorando el elefante en la habitación.
La exempleada de Facebook Frances Haugen compartió en 2021 centenares de documentos oficiales con The Wall Street Journal que demostraban que los ejecutivos de la tecnológica eran conscientes de que los algoritmos de Facebook e Instagram difundían contenidos que promovían la anorexia o incluso alentaban pensamientos suicidas entre los adolescentes, especialmente entre las chicas. Se supo también que la empresa manejaba informes internos según los cuales el 6% de los adolescentes estadounidenses y el 13% de los británicos que decían haber pensado en quitarse la vida lo habían hecho impulsados por Instagram. Y que no hicieron nada al respecto.
No tardaron en llegar las primeras demandas de padres de adolescentes que habían sufrido trastornos mentales, alimenticios o que se habían suicidado. Cientos de ellas acabaron formando parte de la demanda colectiva presentada en marzo de 2023 por centenares de particulares y decenas de instituciones educativas contra Meta (por Facebook e Instagram), Snap (por Snapchat), ByteDance (dueña de TikTok) y Google (por YouTube). El pico de esta ola de procesos llegó en octubre de ese año, cuando los fiscales generales de 41 Estados, gobernados por demócratas y republicanos, demandaron a Meta por perjudicar a niños con sus productos y no informar sobre esos peligros.
Las sentencias conocidas la semana pasada son los primeros grandes reveses judiciales que reciben las plataformas, y muy especialmente Meta, desde que hace tres años se las empezó a llevar a los tribunales. No implican multas de gran cuantía, al menos para empresas que cuentan con una facturación de decenas de miles de millones. Pero suponen un golpe importante para su modelo de negocio, basado en mantener conectados a los usuarios (también a los niños) el máximo tiempo posible para servirles publicidad. Y anticipan que vendrán más curvas: este año se celebrarán una decena de juicios más (se calcula que hay más de 2.500 en todo el país).
“Esto ha sido posible gracias al coraje de mucha gente: de los investigadores, de los fiscales y de las familias que dieron un paso al frente. Estoy orgullosa de haber desempeñado un papel en esto”, dice a EL PAÍS Haugen, la exempleada de Facebook cuyas filtraciones iniciaron la bola de nieve que la semana pasada se tornó en alud. “Las dos sentencias marcan un punto de inflexión significativo”, añade.
La ingeniera destaca cómo el caso planteado por el fiscal general de Nuevo México introduce una nueva estrategia jurídica contra Meta. “Optó deliberadamente por basarse en la explotación sexual sistemática y documentada de menores en la plataforma. Su caso ganó contundencia porque creó cuentas falsas en Instagram que representaban a una madre y a su hijo, y luego hizo que la madre insinuara que el niño podría estar disponible para la trata”, explica. “La cuenta del niño recibió cientos de fotos obscenas enviadas por hombres adultos y ganó tantos seguidores que Instagram le recomendó pasar a una cuenta profesional. La plataforma no intervino”, subraya.
Las demandas colectivas planteadas por familias e instituciones educativas sufrieron una derrota en verano de 2023. Dos sentencias clave eximieron a Google, Twitter y Facebook de la responsabilidad de los contenidos que circulan por ellas, tal y como dispone la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de los Estados Unidos. Los abogados vieron que ya no tenía sentido poner el foco en lo intangible, como son los efectos que puede causar una red social en la mente de los menores. Había que ir por algo tangible: el hecho de que la compañía haya engañado a niños y padres al decirles que sus productos no tendrían efectos sobre ellos y que sus datos estaban protegidos.
Esa fue la vía que adoptaron las demandas interpuestas contra Meta por los fiscales generales de 41 Estados: ya no se centraban en que las plataformas afectan a la salud mental de los menores, sino en que el producto no cumple las leyes del comercio y del consumidor locales, así como las leyes federales de protección de datos personales del menor. La estrategia ha funcionado, como demuestra el veredicto de Nuevo México. Tanto Google como Meta ya han anunciado que recurrirán.
El caso tiene una conexión clara con el de Los Ángeles, en el que el testimonio de Kaley G. —una mujer de 20 años que empezó a ver vídeos de YouTube a los seis y de Instagram a los nueve y que ha experimentado depresión y ansiedad— ha convencido a un jurado para que declare “negligente” a Meta y Google (Snap llegó a un acuerdo extrajudicial con ella) por usar su diseño para causar adicción.
“La negligencia se vincula directamente con la crisis de salud mental de los menores de edad. Aquí, la cantidad de la multa parece mínima, apenas seis millones, comparada con los 375 de Nuevo México, pero las consecuencias pueden ser grandes cuando ya tenemos dos precedentes en dos Estados distintos”, opina Rodrigo Cetina, profesor de Derecho de la Barcelona School of Management, la escuela de negocios de la Universitat Pompeu Fabra, y experto en legislación estadounidense.
“Estamos ante un momento histórico, tanto para Kaley como para los miles de niños y familias que han estado esperando este día”, le dice a este periódico Joseph VanZandt, de Beasley Allen, el abogado que lidera el consejo de juristas que coordina la demanda colectiva interpuesta por particulares e instituciones educativas. “Durante años, las redes sociales se han lucrado a costa de dirigirse a los niños mientras ocultaban las características adictivas y peligrosas de su diseño. El veredicto, emitido por un jurado y dirigido a todo un sector, marca el inicio de la rendición de cuentas”, añade, sin ocultar la euforia.
El precedente importa. Teniendo en cuenta que quedan muchos pleitos por resolver, el profesor Cetina cree que puede que veamos a Meta y a Google intentar llegar a acuerdos para no acumular sentencias en contra. Otra lección importante es que la Sección 230 ya no es la defensa inexpugnable del mundo digital: “Las plataformas no serán responsables por lo que hagan sus usuarios, pero sí que deben rendir cuentas por los daños que el diseño de sus productos o servicios puedan generar en la población”, sostiene el jurista. Aunque todavía se está por ver si los juzgados obligarán a las plataformas a hacer cambios en el diseño.
Para Cetina, lo ocurrido en EE UU podría tener eco en Europa. “De acuerdo con el reglamento de derechos digitales (DSA, por sus siglas inglesas), las grandes plataformas son responsables de mitigar los riesgos que generen por su mera existencia, no por el daño material que causen. Lo que estas sentencias le están diciendo a la Comisión Europea es que estos riesgos son muy reales”.
Lo que está claro es que algo se ha empezado a mover al otro lado del Atlántico. “Un jurado de gente corriente pudo, por primera vez, examinar documentos internos de Facebook y escuchar a sus ejecutivos”, señala Haugen. “Concluyeron que Meta sabía cómo mantener a salvo a los niños, que los expertos les dijeron lo que era necesario para ello, y que eligieron los beneficios por encima de la gente. Espero que esto abra la puerta a que otros países y jurisdicciones busquen reparaciones similares”.
Por Manuel G. Pascual
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