Detrás de la causa Ghisoni: el relato del juez que falló a favor del médico y hoy afronta un juicio político
Ghisoni estuvo preso por una falsa denuncia; se supo mucho más tarde por el relato de uno de sus hijos; Damián Lullo asegura que la causa iniciada por la denuncia de Andrea Vázquez fue un quiebre en su vida; ahora podría afrontar su destitución; tras bambalinas, hay denuncias cruzadas y un clima judicial enrarecido
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Redactora en Breaking NewsAilén Rocío Vila
Los expedientes llegaron en lo que parecía un carrito de supermercado lleno. Los papeles desbordaban por todos lados. El juez y encargado del Juzgado de Familia N°5 de Lomas de Zamora, Gustavo Damián Lullo, observó la extensa acumulación y supo, en ese entonces, en septiembre de 2015, que el tiempo próximo sería arduo. Había ingresado en la causa de Pablo Ghisoni, un médico acusado falsamente de abuso sexual por el segundo de sus tres hijos, quien había sido influenciado por su madre, Andrea Vázquez.
En ese entonces, una secuencia en donde Vázquez sostenía que dos de sus hijos querían quedarse con ella, a pesar de que Ghisoni tenía la tenencia, hizo que Lullo fallara a favor del médico y solicitara la reintegración de los niños. Esa decisión, aseguró, lo condenó por el resto de su vida. Hostigamientos, presiones y una denuncia de su expareja por violencia de género que él vincula con Vázquez son algunos de los elementos que destaca el juez que hoy se encuentra suspendido y atravesando un enjuiciamiento para saber si será destituido o no de sus funciones. “El caso de Andrea Vázquez fue un quiebre en mi vida”, señaló a LA NACION.
Ghisoni terminaría preso luego porque su expareja Vázquez recurrió a más instancias judiciales. Este año se supo que la denuncia contra el médico era falsa, porque uno de sus hijos contó en público que siendo menores de edad él y sus hermanos fueron obligados a ir contra su padre.
Para entender este caso y el vínculo con el juez de origen hay que volver atrás en el tiempo.
En 2015 el Tribunal Colegiado de Familia N°3 de la localidad bonaerense había determinado que Ghisoni tuviera la tenencia de sus hijos. Entonces los expedientes llegaron a las manos de Lullo para ejecutar un régimen de visitas entre Vázquez y sus hijos. Se decidió finalmente que fueran dos horas de visita, dos días a la semana. El régimen, denunció el juez, no se cumplía. “[Vázquez] Incumplía todas las órdenes ante la mínima disconformidad. Eso podía poner en riesgo a los chicos y su estabilidad emocional”, justificó Lullo.
Según el expediente al que pudo acceder LA NACION, los informes que se realizaron sobre Vázquez habían dado cuenta de “una personalidad con franco desarrollo psicopático”, “defensas paranoides manifiestas”, “victimización permanente” y “tendencias manipuladoras y controladoras”.
Todo escaló rápidamente. Un día de Semana Santa del 2016, Vázquez sostuvo que sus hijos no querían volver con su padre. Alegaba maltrato. El hijo mayor, Francisco, volvió con Ghisoni por sus propios medios. Los dos menores se quedaron con ella. Lullo solicitó una cautelar para que los hijos volvieran con el médico, pero la medida fue apelada por Vázquez y, más tarde, confirmada por la Cámara de Apelaciones.
Sin embargo, la secuencia no terminó ahí. Vázquez habló de abuso sexual y surgió una nueva denuncia contra Ghisoni por parte de Tomás, el segundo de los tres hijos, quien hoy en día, arrepentido, sostuvo que fue “una historia impuesta por una figura de adulta en la que confiaba plenamente”, es decir, su madre. Ghisoni estuvo dos años y medio preso.
A la hora de presentar pruebas, Vázquez llamó a peritos de parte, convocados por ella, para hablar del abuso. “Los informes que venían estaban en total contraposición con los oficiales de mi juzgado y del tribunal anterior”, remarcó el juez.
Y agregó: “Vázquez instaló un relato de cómo era una persona perseguida por el Poder Judicial, cuando, en la realidad, era lo contrario. Los que tratábamos de fallar conforme a derechos y a la ley, de hacer cumplir, éramos los que sufríamos las presiones”.
La mujer denunció a Lullo ante la Secretaría de Enjuiciamiento: reclamaba que no estaba capacitado y objetaba su imparcialidad, decía que estaba alineado con Ghisoni. “Lo mismo hizo [ella] con los jueces anteriores”, remarcó Lullo.
Se refiere a María Silvia Villaverde, Enrique Quiroga y Roxana del Río del ex Tribunal de Familia N°3 de Lomas de Zamora. Vázquez los denunció junto a otra madre, con representación del abogado Juan Pablo Gallego, por proteger a padres y forzar a los niños a revincularse con sus abusadores. Fue ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense y, luego, ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia.
En diálogo con InfoJus Noticias en 2014, Gallego había asegurado que los jueces formaban parte de un sistema de amparos de jueces contra madres, donde Villaverde ponía en marcha un “grupo de tareas” en el cual establecían “medidas cautelares que ordenaban cambios de tenencia repentinos y violentos” y se “aniquilaba el vínculo materno-filial”.
Vázquez realizó el pedido de jury contra Lullo con representación de la abogada María Florencia Piermarini. Las mujeres son colegas. Ambas trabajan en la Municipalidad de La Matanza: Piermarini es la encargada de la Dirección de Acceso a Justicia de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades. Vázquez es la segunda a cargo.
Ya en ese entonces, Vázquez había comenzado a publicar mensajes en redes sociales contra el juez. En un tuit, sostuvo que Lullo le “impidió ver a sus hijos por tres años”, “favoreció al abusador” y era “responsable de la tortura y el abuso que padecieron sus hijos”. Lo acompañaba con el hashtag “Pablo Ghisoni Preso”.
La denuncia por violencia de género
El proceso de enjuiciamiento contra Lullo incluyó también graves acusaciones por violencia de género presuntamente ejercidas en sus relaciones personales. Estas denuncias, que fueron fundamentales para la posterior admisión de la acusación, corresponden a dos víctimas principales: su primera exesposa y madre de dos de sus hijos, identificada como V., y P.V.F., su última expareja y madre de su hija menor.
La información y el impulso crucial para que estas acusaciones avanzaran provienen de la denuncia formal presentada en junio de 2020 por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el gremio judicial de provincia, a través de su secretario general Pablo Julián Abramovich.
La primera acusación, de parte de la primera exesposa del juez, fue en 2017. Según un informe que la AJB otorgó a LA NACION, en la denuncia se identificaban “amenazas y violencias reiteradas” como “maltratos físicos y psicológicos e intentos forzados de mantener relaciones sexuales”. Aun así, al poco tiempo, la denunciante se presentó ante la UFI a cargo, manifestando que deseaba que no se continúe con la investigación sobre la denuncia. Esto se debía a que había una relación buena y fluida con Lullo, y que “había cesado toda conducta temeraria hacia su persona en forma directa o por intermedio de los hijos”.
Tras el cese de la investigación, la causa prescribió. LA NACION solicitó a la AJB el acceso a la denuncia de V., pero se negaron a otorgarla para “resguardar el derecho a la identidad de la víctima”.
El juez Lullo sostuvo a este medio que hasta el día de hoy mantiene un buen vínculo con su primera exmujer y con sus hijos, al punto que ella fue ofrecida como testigo en la defensa del jury. También fue ofrecido su hijo mayor, de 20 años.
La segunda denuncia la realizó P.V.F., secretaria de la Defensoría General de Lomas de Zamora y con quien tuvo a su tercera hija. Fue en el Juzgado de Familia N°8 de la localidad bonaerense en 2018. Dicha denuncia fue desestimada y se ordenó un cese de hostigamiento para que no haya contacto entre las partes. Además, P.V.F. solicitó también un perímetro.
Tras ello, la mujer denunció al juez otra vez, solo que esta vez lo hizo en la justicia penal. Lullo denunció que el “modus operandi” que identificaba en su expareja era el mismo de Vázquez. “Era idéntico al que usaron con Ghisoni, al punto que los peritos de Vázquez estaban con P.V.F.”, sostuvo, y añadió: “Ya tenía un sistema de trabajo esquematizado para las personas que se divorciaban conflictivamente”. Se trata del psiquiatra Enrique Stola, perito de parte señalado por el juez Lullo y su abogada.
Stola fue ofrecido como perito por parte de la AJB en el pedido de enjuiciamiento que realizaron al tribunal. Además, el psiquiatra también fue perito de parte de Vázquez en la causa Ghisoni.
En una entrevista con Clarín, la abogada de P.V.F., Vanina Panetta, sostuvo que había situaciones de extrema violencia, donde Lullo habría presuntamente “ahorcado por unos segundos” con el cinturón de seguridad a P.V.F. mientras cursaba seis meses de embarazo y estaban de vacaciones en el Bolsón. También señalaba que, en otra ocasión, la había perseguido con un cuchillo y le habría dicho que “iba a hacer que muera desangrada”.
En esa entrevista también participó Stola. En esta ocasión, sostuvo que P.V.F. “presentaba todas las patologías de estrés postraumático por violencia de género”.
La Asociación de Justicia Bonaerense aseguró que dentro de la denuncia de P.V.F. se registró que Lullo ejerció violencia de género, que incluyó violencia física, psicológica, sexual, simbólica y económica; amenazas reiteradas de muerte, suicidio y manipulación emocional; uso abusivo de su posición como magistrado para intimidar, amedrentar y controlar; participación de niños y niñas en contextos de extrema violencia, con consecuencias traumáticas. Sin embargo, ante las reiteradas consultas de LA NACION, la AJB se negó a mostrar la denuncia y dicha evidencia presentada.
También afirmaron que hay documentación médica que da cuenta de lesiones compatibles con situaciones de violencia; pruebas digitales como capturas de mensajes, correos electrónicos y grabaciones de audio; y declaraciones periciales que dan cuenta de un patrón de violencia familiar. También se negaron a mostrar este apartado de la denuncia a este medio.
LA NACION también se comunicó con P.V.F., quien no realizó comentarios ni respondió a las solicitudes de acceder a la documentación correspondiente.
Al mismo tiempo de esta denuncia, Vázquez continuaba con una serie de reclamos en redes sociales sobre el juez. Los tuits se repitieron a lo largo de los años en particular en la cuenta de X de Vázquez y la de Liliana Hendel, la secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades del municipio de La Matanza. También prevalecían de una cuenta de X llamada @madresprotectoras, que constantemente compartía publicaciones de Vázquez.
“Ayer el juez Gustavo Damián Lullo avasalló nuevamente los derechos de una niña arrancándola de los brazos maternos y desoyendo su voluntad. Tiene un jury abierto 359/16 Vázquez Andrea c/ Lullo c entregar a niños a imputados por pedofilia. Caso que llegó a la CIDH”, escribieron.
Vázquez, además, realizó una serie de entrevistas en diferentes medios donde apuntaba en particular contra Lullo. En una entrevista con Jujuy es Noticia, trató al juez de “potencial femicida”. En sus redes sociales, insistía con que era un “violento” y pedía su apartamiento del cargo. Hendel la apoyaba.
Lullo afirmó que Vázquez entró en contacto con P.V.F. y le ofreció ponerle un abogado para iniciarle causas por violencia laboral. También negó las acusaciones presentadas en la denuncia. “Las leía y yo era un monstruo. Yo tengo un hijo de 20 años. Pensaba en él, en que ponían nuestro apellido…”, recordó.
En ese entonces, al tener acceso a la denuncia, Lullo aseguró que empezó a visibilizar patrones comunes entre la causa de Vázquez y la de P.V.F. “Yo veía presentaciones calcadas. Había un acuerdo en la manera de accionar y pedirme a mí medidas, tanto de la abogada Piermarini, como de Edith Puente, que era la abogada de Tomás [Ghisoni]”, explicó.
Fue entonces que el juez decidió excusarse de la causa: “Yo soporté todas las presiones, pero cuando se metieron con mi vida personal y me acusaron de semejante gravedad, yo pensé, por una cuestión de principios, que quizás no podía mantener la objetividad en la causa”.
Lullo, además, confesó vivir una serie de situaciones violentas de parte de P.V.F. “Sufrí agresiones físicas y psicológicas. Yo ya no sabía cómo mantener el equilibrio para poder estar con mis hijos [de su matrimonio anterior] sin que salgan perjudicados. Hubo escenas de violencia física frente a mi hija”, lamentó.
El juez denunció que sufrió violencia de parte de su expareja, que incluía agresión física -como golpes y arañazos- y verbal -con insultos constantes y la amenaza de exponerlo frente a los medios. “Si vos me dejás, yo salgo en los medios y te hago mierda”, aseguró Lullo que le decía P.V.F. Expresó, además, que decidió irse de la relación una vez que, en medio de un brote, la mujer le dijo a su hija menor que él “era un violento” y la golpeaba.
En otras situaciones, el juez también reportó que P.V.F. le rompió el celular, no le permitía hablar con su primera exesposa cuando se encontraba con sus hijos y que, cuando intentó distanciarse de ella y mudarse a la casa de su primo, P.V.F. lo vigilaba desde afuera de la vivienda, y se pasaba por allí varias veces por día. Lullo aseguró que no ve a su tercera hija, que tuvo con P.V.F., desde 2020.
“Hoy me arrepiento de no haber hecho la denuncia hacia ella. Pero me daba vergüenza. No quería salir a la calle porque sentía que me observaban como el monstruo que decían que era. Y yo lo único que quería era tener una vida normal. Por hacer justicia fallando a favor de Pablo [Ghisoni], hoy estoy suspendido y esperando volver a trabajar”, remarcó. Según Lullo, la vida en Lomas de Zamora se volvió una tortura, debido a la gran cantidad de conocidos que sabían de su situación. Entonces decidió mudarse a la ciudad de Buenos Aires.
La suspensión de Lullo
Tras ello, todo volvió a acrecentarse. El pedido de enjuiciamiento avanzó luego que P.V.F. denunciara a Lullo por desobediencia a una orden judicial. La mujer argumentaba que el juez había violado el perímetro establecido cuando se cruzaron en una fiesta del ámbito judicial. Lullo sostuvo que nunca la vio en dicha fiesta y que, cuando le notificaron que ella se encontraba allí, pidió ser escoltado afuera por la secretaria y psicológa de su juzgado. El informe redactado por la AJB asegura que, en realidad, Lullo permaneció en la fiesta, parado a centímetros de la denunciante, y que no se fue hasta que le insistieron repetidas veces.
Lullo fue suspendido y el 40% de su sueldo embargado. El día de la suspensión, el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires realizó una publicación. “Acompañamos la suspensión del juez Gustavo Damián Lullo”, escribieron. En la foto, había varias funcionarias de la cartera. En medio de ellas, se encontraba Andrea Vázquez.
“Yo me pregunté si no terminaría en el mismo escenario que atravesó Pablo Ghisoni. Pensaba que si entraba en contacto con ella para ver a mi hija [en ese entonces de un año y medio] iba a inventar otra denuncia. Y tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: dejar de ver a mi hija”, señaló.
Hoy, Lullo permanece suspendido y a la espera de la definición del Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense. Fuentes cercanas al tribunal aseguraron a este medio que planean que haya una resolución de su caso para antes de fin de año.
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