Durísimas críticas de expertos en ambiente a la reforma de la ley de glaciares que propone el Gobierno

“Una reforma que está a contramano de la evidencia científica y que gana en inseguridad jurídica”. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó un panel de expertos que diseccionó la reforma que propone el gobierno nacional a la ley de glaciares (Ley 26.639 de “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, aprobada por el Congreso Nacional en 2010). Lo hicieron en un acto en la sala de audiencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ayer miércoles. Y no solo eso: afirmaron que se trata de una “reforma apurada y hecha a espaldas de la sociedad”.

El panel estuvo integrado por abogados ambientalistas como Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y Claudia Villanueva, profesora de derecho ambiental de la misma UBA, además de Agostina Rossi Serra, bióloga e integrante de Greenpeace, y el juez federal Sebastián Casanello, que intervino en varias causas relacionadas con la aplicación de la misma ley que se encuentra en la picota.

Si bien está prevista para hoy toda una jornada de reunión de plenario de comisiones en el Congreso con presentaciones de ONG y expertos, además de empresarios mineros y representantes de las provincias mineras, la intención del oficialismo es que rápidamente salga el dictamen y se trate de manera exprés en el recinto para que la norma reformada esté vigente antes de fin de año, con el empuje de las elecciones de medio término y la nueva composición del Congreso. Lo central de la modificación es que se pasa de un concepto de protección que incluye glaciares y ambiente periglacial a uno restrictivo que abarca a los glaciares que cumplen la función de ser reserva de recursos hídricos o alimentan ríos y cursos de agua, con el fin de activar nuevos emprendimientos mineros.

Sin embargo, si eso sucediera se crearía un “zafarrancho normativo”, según dijo ayer Nápoli durante la jornada en la UBA, porque la norma actual de glaciares es de “presupuestos mínimos”, es decir, que busca un cuidado básico respecto del ambiente y en particular del agua dulce que contienen los glaciares en estado congelado; eso se perdería debido a que con la reforma quedaría su cuidado en manos de la discrecionalidad de cada provincia, que deberá decidir si los glaciares en cuestión aportan o no a los distintos cauces hídricos (algo difícil de determinar). Se alteraría así lo que indica la Constitución Nacional, que en su artículo 41 dice que la Nación es quien establece esos presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias los complementan con estándares superiores de protección, según se indicó.

“Es una ley que oculta cosas”, agregó Nápoli, “porque no habla de cambio climático, no habla de la protección de la biodiversidad, sino que apela a la mesa del cobre y del litio, lo que es casi una confesión”. Y concluyó: “Hace falta inversión en el país, pero también instituciones serias y esta reforma no lo es”.

Rossi Serra, por su parte, hizo hincapié asimismo en la discrecionalidad que ahora tendrán las provincias para habilitar actividades mineras y así afectar a los glaciares hasta ahora protegidos por la ley por su importancia por ejemplo para la existencia de cultivos ladera abajo ya que “todos los glaciares tienen de por sí relevancia hídrica”.

Con esta reforma, agregó, “vamos a contramano de la evidencia científica, porque además es cuestionable que las provincias tengan los recursos para hacer un correcto relevamiento de la importancia de los glaciares en los ecosistemas”.

La profesora Villanueva, en tanto, recalcó que el principio precautorio, que guía todas las normas ambientales, queda desdibujado en el proyecto oficial. Ella también cree que es difícil que las provincias (son 12 las involucradas con glaciares) estén interesadas en el cuidado pertinente y puedan crear marcos regulatorios consistentes.

Contextos políticos

A su turno, Enrique Viale, que participó activamente de la sanción de la ley hace 15 años, hizo una comparación entre los distintos contextos políticos que habilitaron aquella aprobación (aun así, costosa, ya que había habido un veto previo por parte de la presidencia de Cristina Kirchner en 2008) y esta actualidad. “Entonces hubo una discusión pública nacional que incluyó debates en los horarios centrales de la televisión con protagonistas como Fernando Pino Solanas, Miguel Bonasso y Daniel Filmus y ahora en cambio se busca un tratamiento exprés de espaldas a la sociedad”, sentenció.

Lo que resultará, cree Viale, en una gran inseguridad jurídica porque se trata de una norma que es, a su juicio, inconstitucional y que será cuestionada en juzgados nacionales e internacionales. “Si avanza el proyecto, se derrumba la columna vertebral del sistema normativo ambiental argentino… y posiblemente luego vayan por la ley de bosques”, teme Viale.

El juez Casanello, por último, si bien dijo que no podía expresarse específicamente sobre la nueva norma que busca aprobarse para evitar potenciales recusaciones, desmenuzó el fallo de la Corte Suprema que en 2019 declaró que la ley actual sí es constitucional.

“La Corte sostuvo que no se trata de conflictos intersubjetivos sino que se trata de un derecho colectivo. Y que el ambiente es indivisible. Además, (el fallo) tuvo una mirada eco-céntrica, donde no se trata de analizarlo desde una provincia, ni siquiera un país sino desde las consecuencias que tiene su cuidado en todo el planeta, más cuando se habla del agua”, explicó.

Y agregó que en ese fallo de la Corte se apela al Acuerdo de París (sobre cambio climático, aprobado por los países en 2015), los objetivos de desarrollo 2030 y en general a todas las crisis ambientales.

Por Martín De Ambrosio

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