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El Gobierno de la Ciudad eliminará los planes sociales
Los reemplazará por un programa de capacitación y empleo; la medida alcanzará a unas 5 mil personas
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LA NACION
El Gobierno de la Ciudad anunció el lunes que eliminará los planes sociales y los reemplazará con un programa de capacitación y empleo. La medida alcanzará a unas 5000 personas y prevé una transición de un año. Incluye pagos directos sin intermediarios, formación obligatoria y articulación con el sector privado para facilitar la inserción laboral.
El cambio en la política de asistencia social, que se formalizó a través de un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, elimina los planes sociales y crea un nuevo programa centrado en la capacitación y la inserción laboral formal.
Según anunció el gobierno porteño, “se pasa de un esquema asistencial a uno orientado a la generación de empleo y autonomía económica. “Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad”, indicaron.
La administración porteña informó que en el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1274 beneficiarios irregulares y que el sistema implicaba unos $10.000 millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja.
“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sostuvo Jorge Macri.
Uno de los principales cambios de esta nueva medida es la eliminación de intermediarios: los pagos se realizarán de manera directa a los beneficiarios, lo que permitirá mejorar el control y la transparencia. Además, se fijarán criterios claros de permanencia, como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos.
La medida deroga formalmente cuatro reconocidos programas: el plan de infraestructura VIEL, el emblemático “Veredas Limpias”, el sistema de formación FIT y el PREASIS, este último destinado a la reinserción de pacientes de salud mental.
Según los considerandos del decreto, estas estructuras habían quedado “desactualizadas u obsoletas” al no permitir el pago directo a los beneficiarios y depender de un esquema de intermediación que limitaba el alcance de la ayuda a un universo acotado de personas.
“Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”, aseguró el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida.
El nuevo programa está basado en la formación educativa, la capacitación laboral, el trabajo con impacto concreto y la vinculación con el sector privado. Para ello, se establecieron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades.
La participación en instancias de formación será obligatoria. Los beneficiarios deberán avanzar en su educación —cuando corresponda— y cumplir con estándares de desempeño. Quienes no cumplan con estas condiciones en el plazo establecido perderán el beneficio.
El sistema se basa en cuatro pilares fundamentales:
▪ Formación obligatoria: los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo.
▪ Plazo de un año: el programa tendrá una duración máxima de 12 meses y funcionará como un puente hacia el cierre definitivo de la dependencia estatal.
▪ Articulación con el sector privado para brindar prácticas formativas y facilitar la inserción laboral: se suman empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de cámaras empresariales y universidades.
▪ Criterios de elegibilidad claros: se establecen requisitos explícitos de residencia y situación social para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
Para blindar la transparencia del nuevo esquema, el decreto establece que cualquier gasto o afectación de recursos deberá contar con la intervención previa del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
En cuanto a los convenios que hoy se encuentran en ejecución, el texto aclara que no se interrumpirán de inmediato, sino que quedarán sujetos a las nuevas normas de trazabilidad que dicte la Ciudad, otorgando al Ministerio de Desarrollo Humano la facultad de renegociar o dar de baja aquellos que no se ajusten al objetivo de autonomía económica.
LA NACION
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