El limbo que vive la abogada argentina acusada de racismo en Río de Janeiro a la espera de un “salvoconducto” diplomático
Agostina Páez, que llegó a Brasil como turista, hoy es la protagonista de un caso testigo que la justicia brasileña parece haber tomado como una bandera contra la impunidad racial
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El paisaje que Agostina Páez contempla cada mañana no es el de las postales de Copacabana ni el de los deslumbrantes morros que abrazan la zona sur de Río de Janeiro. Desde hace semanas, la abogada santiagueña de 29 años habita un encierro silencioso en un sector periférico y resguardado de la Cidade Maravilhosa, donde el único sonido es el de su propia incertidumbre. Lejos del ruido de Ipanema, donde comenzó su pesadilla el pasado 14 de enero, el tiempo se mide por los mensajes de texto que intercambia con sus abogados y sus familiares en la Argentina.
Páez, que llegó a Brasil como turista, hoy es la protagonista de un caso testigo que la justicia brasileña parece haber tomado como una bandera contra la impunidad racial.
Acusada de realizar gestos que imitaban a un mono frente al personal de un bar -un delito de injuria racial que en Brasil no prescribe ni tampoco permite fianza-, la joven se encuentra en un “estado de vulnerabilidad psicológica” que su defensa describe como “crítico”. Antes de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, la abogada estuvo detenida a principios de febrero en una unidad penitenciaria durante casi 48 horas.
“Está asustada, nerviosa y con mucho miedo”, aseguró a LA NACION Carla Junqueira, la abogada brasileña que lidera la estrategia de relaciones gubernamentales e internacionales de la defensa. Junqueira, quien viajará la semana que viene a Río para entrevistarse con su defendida y con autoridades consulares argentinas, dijo que Páez se siente perseguida. “Hay una situación de encierro que impacta en su psiquis”, explicó la letrada.
Hoy, la red de contención de Agostina se reduce a un puñado de personas. Su padre, Mariano Páez, y su hermana, Justina, ya regresaron a la Argentina tras un breve encuentro en suelo brasileño. En Río, la abogada está acompañada por una amiga carioca -una mujer afrodescendiente- que se encarga de llevarle víveres y de asistirla en las necesidades más básicas, dado que la propia medida cautelar limita sus movimientos al mínimo indispensable.
El caso de Páez se topa con un muro legal recientemente reforzado. En Brasil, tras la sanción de la Ley 14.532 en 2023, bajo la actual administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo. Esto transformó una figura que antes era excarcelable mediante fianza en un delito imprescriptible e inalienable. Actualmente, las penas para este tipo de delitos oscilan entre los 2 y los 5 años de reclusión, además de multas económicas.
“Existe una resistencia enorme del Ministerio Público para que ella no salga impune”, advirtió Junqueira. La lectura de la defensa es que la fiscalía busca dar un mensaje “robusto” a la sociedad, especialmente en un contexto donde los episodios de racismo en el deporte y el turismo han generado un enorme repudio en la sociedad brasileña.
El caso entró esta semana en una fase técnica determinante. Mientras en la Argentina circuló la versión de una inminente “elevación a juicio oral”, la defensa aclara que el sistema brasileño funciona de otra forma. Páez, sin embargo, recibió esta semana un revés del Ministerio Público, que se manifestó formalmente en contra de que pueda regresar al país para seguir el proceso desde allí.
Ahora, la decisión está en manos del Juzgado Penal 37 de Río de Janeiro, que decidirá si permite que el caso se convierta en un proceso de cooperación internacional o si mantiene a la argentina “retenida” en Brasil hasta el día de la sentencia.
El juzgado debe resolver en un escenario de extrema reserva: el caso tramita bajo secreto de justicia, una medida que limita el acceso público a las fojas del expediente y que refuerza el blindaje judicial. Junqueira fue tajante sobre la naturaleza de este pedido: “La posibilidad de responder al proceso en la Argentina no es un derecho de Agostina, sino una posibilidad jurídica discrecional de las autoridades judiciales y diplomáticas”.
Para lograr ese traslado, la defensa apunta a un involucramiento político que trascienda lo administrativo. Desde el Palacio San Martín, fuentes de la Cancillería argentina consultadas por LA NACION aseguraron que se está brindando “toda la asistencia que le compete al consulado desde el primer momento”. Según explicaron las fuentes, el consulado en Río recibió a Páez, la acompañó en todo el proceso judicial y le brindó el soporte institucional que se activa “cuando un argentino tiene un inconveniente en el exterior”.
Desde su refugio en Río, Agostina ensaya una explicación que mezcla el arrepentimiento con la sensación de haber caído en una trampa. Según relata a sus allegados, los gestos racistas fueron una respuesta “abrupta” a lo que consideró una estafa por parte del bar y una agresión previa por su condición de extranjera. “Cometió el error de, en vez de ir a la comisaría, intentar hacer justicia por mano propia y reaccionar a lo que entendió que era una trampa”, deslizan desde su entorno.
Sin embargo, el relato de la 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Río de Janeiro presenta una secuencia mucho más persistente y agresiva. Según la denuncia, la hostilidad de Páez se dirigió contra cuatro empleados distintos del establecimiento. El documento fiscal detalla que, incluso después de ser advertida por una de las víctimas de que su conducta era un delito en Brasil, la abogada se dirigió a la caja del bar para llamar “mono” a otra empleada mientras simulaba gestos de un simio.
La acusación del Ministerio Público señala además que la conducta continuó en la vereda, frente a otros tres trabajadores. Para los fiscales, existe un detalle que debilita la estrategia de la defensa: una de las amigas que acompañaba a Agostina intentó impedir que continuara con las ofensas, lo que para la justicia brasileña evidencia que existía plena “conciencia de la reprochabilidad de la conducta”.
Por ahora, Agostina Páez y el equipo de letrados que la asiste aguardan en un estado de tensa expectativa. La estrategia técnica apunta a que la justicia brasileña acepte analizar los videos “extendidos” de las cámaras de seguridad para intentar demostrar que sus gestos tuvieron un contexto previo de hostilidad. Mientras tanto, la verdadera batalla se libra en los despachos, donde sus abogados trabajan para que el Gobierno argentino entre finalmente “en campo”. El objetivo es conseguir que la abogada santiagueña pueda responder por este caso, pero en suelo argentino.
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