Rebeldes: el puñado de escuelas de la Ciudad que no quiere clases presenciales

El 97% de las escuelas porteñas mantuvo la presencialidad de sus clases tras la decisión de la Justicia Porteña, adoptada el pasado 18 de abril. Sin embargo, el porcentaje restante decidió tomar distancia, según datos aportados por la propia Ciudad.

En un principio estos colegios se adhirieron al paro fijado por los gremios docentes y luego, con argumentos que oscilan desde “el cuidado de la salud” hasta “la defensa de los valores democráticos y división de poderes”, no volvieron a abrir sus aulas. En el medio, padres, madres y alumnos se muestran perdidos, entre la incertidumbre y la desazón.

“Mi hijo está podrido, quiere tener una educación más normal”, cuestiona Ricardo Quesada, padre de un alumno de séptimo grado del Colegio Mariano Acosta, ubicado en el barrio de Balvanera y que integra el reducido grupo de escuelas que suspendieron la presencialidad. “Dos o tres hicimos un poco de lío, mandamos una carta a la dirección, pero no tuvimos una respuesta precisa”.

Quesada teme que la decisión de suspender la presencialidad sea política y explica que hay muchas familias que están en desacuerdo con la resolución, pero que por razones de ideología política “no lo expresan en público”; y desconfía que después del 30 de abril vuelvan a la modalidad presencial como lo anunció el Presidente al momento de dictar la medida.

“Somos conscientes de que no todos pensamos igual y que la presencialidad es irremplazable, pero también creemos que es fundamental valorar, por sobre todas las cosas, el cuidado de la salud, la continuidad de la relación pedagógica y la estabilidad emocional de quienes habitamos las escuelas”, explica en un comunicado el equipo docente del nivel primario del colegio Mariano Acosta a las familias para sustentar la decisión de suspender la presencialidad.

“La escuela está abierta. La presencialidad no fue suspendida, pero la ausencia de los maestros se remite al alto acatamiento al paro docente y también las mismas familias que me piden no mandar a los chicos al colegio”, dijo la rectora del Colegio Mariano Acosta, Andrea Berman a LA NACION.

A su vez, explicó que el problema “no es el lugar físico de la escuela”, sino la “movilidad” que genera y graficó que en la escuela a la concurren 1860 alumnos la mayoría de los chicos utilizan el transporte público.

Por otra parte, las autoridades del Instituto Gascón en una misiva que envió a las familias habló de la existencia de “una contienda política partidaria que nada tiene que ver con la escuela”. La institución que resolvió no continuar con las clases presenciales lo hizo con sustento en la vigencia del DNU del presidente Alberto Fernández. “Existe un DNU que indica el cierre de la presencialidad por razones epidemiológicas y dicho decreto continua vigente. La enorme incertidumbre en la que ya estamos inmersos se ve agravada ahora por una disputa jurídica que no es sencilla de explicar, pero que merece ser observada atentamente debido a la gravedad institucional que implica, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, quien tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia es la Corte Suprema”. “Nosotros, como escuela, somos defensores de los valores democráticos y de la división de poderes y como tales debemos hoy tomar una posición acorde a ello”.

El viernes vence el plazo fijado por el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/21 que suspendió la presencialidad en las escuelas del AMBA con el propósito de contener la suba de contagios producidos por la segunda ola de coronavirus. Mientras que la provincia de Buenos Aires acató la orden del primer mandatario; en la Ciudad la medida fue altamente resistida dando origen a un nuevo actor social: los padres, quienes -con una presentación ante la justicia porteña- consiguieron a última hora del domingo 18 continuar con presencialidad en las aulas.

En las próximas horas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolverá sobre la constitucionalidad del decreto presidencial que dispuso la suspensión de las clases presenciales, a raíz de la presentación realizada por el gobierno porteño. Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de educación, Soledad Acuña, cuestionaron duramente la medida adoptada por Alberto Fernández ya que, a su criterio, carece de evidencia y se contradice con la tasa “muy baja” de contagios de coronavirus que se registra en las escuelas.

“En el último mes tenemos un ratio inferior al uno por ciento de personas contagiadas”, dijo Acuña para quien el daño que se produce -con el cierre de la presencialidad- es “mucho más grande que las posibilidades de contagio”.