La embajada de Ecuador le pidió al Ministerio de Salud información sobre el escándalo con el examen de residencia
La misión diplomática en la Argentina pidió que este hecho “no debe ser utilizado como un elemento para fomentar expresiones de xenofobia ni actitudes discriminatorias en redes sociales o medios de comunicación”
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LA NACION
El escándalo por las denuncias de fraude en el Examen Único de residencia médica que se rindió el pasado 1 de julio sumó un nuevo capítulo en las últimas horas: esta vez diplomático. Y es que la embajada de Ecuador en la Argentina le pidió al Ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones, información sobre el proceso que se está llevando adelante en la cartera luego de que el Gobierno anunciara que 268 postulantes deberán volver a presentarse y apuntara especialmente contra estudiantes ecuatorianos.
De acuerdo a lo que indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta semana, nueve médicos que estudiaron en la Universidad Técnica de Manabí (ubicada en el oeste de Ecuador) resultaron entre los primeros 20 del ranking del examen, algo que levantó sospechas cuando se publicaron los puntajes y surgieron las denuncias.
En ese contexto, la misión diplomática ecuatoriana manifestó su “profunda preocupación” por estas denuncias y “su interés de que esta situación se esclarezca cumpliendo los procesos y normativas correspondientes”.
A través de un comunicado, la embajada continuó: “Tan pronto trascendió la noticia en medios de comunicación y redes sociales, esta misión solicitó al Ministerio de Salud argentino la pertinente información con el objetivo de conocer, a través de fuentes oficiales, los datos y fundamentos de la investigación. Se espera la respuesta de esa cartera de Estado”.
En otro tramo del escrito, insistieron que “enfáticamente” que este tema “no debe ser utilizado como un elemento para fomentar expresiones de xenofobia ni actitudes discriminatorias en redes sociales o medios de comunicación”.
“La embajada de Ecuador dará seguimiento con mucha atención a este delicado asunto con el fin de mantener informada a la comunidad ecuatoriana a través de sus canales oficiales”, cerraron.
Por su parte, desde la cartera de Lugones confirmaron a LA NACION que recibieron una carta de la embajada en la que se ponían a disposición para esclarecer lo sucedido. Este diario pudo saber que el lunes se publicará el nuevo cronograma para el llamado a examen (que será entre el 4 y 7 de agosto) y que en ese marco se le brindará una respuesta desde la división internacional del Ministerio.
El viernes por la noche el Ministerio de Salud emitió un comunicado para confirmar la nueva convocatoria en el corte que se había anunciado esta semana: los 86 puntos. El proceso contará con expertos para analizar la coherencia de los 268 profesionales que deberán asistir. Se confirmó, en tanto, que no se modificará el inicio de las residencias, previstas para el 1.º de septiembre próximo.
Respecto a las sospechas que apuntan a médicos del exterior, aparecieron puntajes mayores a 90 (el máximo es 100) obtenidos por estudiantes recibidos en universidades extranjeras cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos.
El comunicado de la universidad ecuatoriana
Al escrito que envió la embajada se le suma al comunicado que emitió la Universidad Técnica de Manabí en el que aseguró que la institución “no avala ni encubre actos individuales” que incurran en fraudes o delitos. “Exhortamos a que se investigue con base en el debido proceso y la seguridad jurídica. Posterior a ello, y de ser el caso, que se sancione conforme a la ley a quienes resulten responsables, sin generalizar ni atribuir a una universidad hechos que corresponden, en su caso, a conductas personales”, manifestaron.
Y agregaron: “Hacemos un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a ejercer su legítimo derecho a la información con responsabilidad, evitando afirmaciones que afecten injustamente la imagen institucional de una universidad que trabaja de forma honesta y transparente por el desarrollo de Manabí y el país. La UTM reitera su apertura a colaborar con los procesos de investigación que correspondan, enmarcada siempre en la ley, la verdad y el respeto a los derechos fundamentales.
LA NACION
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