Las universidades fijaron la fecha de la cuarta marcha federal
La concentración será el 12 de mayo frente a la Casa Rosada y tiene como eje el reclamo para que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
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LA NACIONLucila Marin
La comunidad universitaria definió hoy la fecha para la cuarta marcha federal en contra del gobierno de Javier Milei. Será el próximo 12 de mayo e irán a Casa Rosada. Una vez más, convocaron a la sociedad civil a movilizarse en defensa de la universidad pública. El eje de esta marcha es el reclamo para que la administración nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocaron “a la comunidad estudiantil, docente, nodocente y a la sociedad”.
El Gobierno, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada el año pasado. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario para no actualizar los salarios docentes ni los programas de becas, tal como le ordenaron dos fallos judiciales.
El Ejecutivo insiste en que la norma no prevé en forma expresa su financiamiento y señala que “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. Marca que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
Implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia, y el cierre de ambas cámaras legislativas”.
A su vez, solicitaron que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia. La ley de medidas cautelares contra el Estado, aprobada por iniciativa de Cristina Kirchner, cuando los jueces jaqueaban sus medidas de gobierno, señala que la sola apelación de una cautelar mediante un recurso extraordinario suspende la medida, con lo que en el Gobierno señalan que, con la sola presentación de este escrito, no les corresponde pagar.
En paralelo a la vía judicial, según publicó LA NACION, el oficialismo buscará reactivar el nuevo proyecto de ley, que deroga la actual pero sí la modifica para amortiguar su impacto fiscal, presentado en Diputados durante las sesiones extraordinarias en febrero pasado.
El reclamo por más fondos consiguió movilizar a una multitud en la primera gran marcha contra la administración libertaria, en abril de 2024, a poco más de cuatro meses de asumir. En ese momento, el reclamo se centraba en la actualización para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Cerca de un 90% se destina al pago de salarios, que se renegocian a través de paritarias.
Aquella marcha del 23 de abril, luego de la imagen de universidades a oscuras, reunió cerca de 430.000 personas según el cálculo de LA NACION y obligó al Gobierno nacional a sentarse a dialogar y a conceder el aumento de 270% para estos gastos que reclamaba el sistema universitario luego de que para este año se prorrogara el mismo presupuesto que para 2023 dado que el de 2024 nunca se aprobó en el Congreso.
Después, los salarios docentes se volvieron la variable de ajuste. Son los más bajos de los últimos 23 años, acumulan casi un 34% de pérdida de poder adquisitivo.
El derrotero de la ley
La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado.
La amenaza del veto motivó la segunda marcha federal, en octubre de ese año. La tercera fue en septiembre de 2025 contra el veto de la iniciativa, cuando la Cámara de Diputados la sostuvo. Lo mismo hizo el Senado. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó.
En el último día del plazo para hacerlo, en octubre pasado, el Gobierno finalmente la promulgó, pero nunca fue aplicada. Al igual que sucedió con la Ley de Discapacidad, el Ejecutivo argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento, por lo que los rectores decidieron ir a la Justicia.
Doble revés judicial
El derrotero judicial de la ley se inició el 29 de octubre de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional. El 23 de diciembre de 2025, el juez de primera instancia Martín Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, que refieren a las actualizaciones salariales y de las becas. El 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida. El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con la firma de Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. Tras fracasar en su intento por derogar la ley aprobada por el Congreso el año pasado —fue ratificada por ambas cámaras parlamentarias tras el veto presidencial—, el Gobierno optó por presentar un nuevo proyecto que modifica el esquema vigente.
La ley actual contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de su sanción en un porcentaje que no puede ser inferior a la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Y obliga al Gobierno a convocar a paritarias con una periodicidad que no puede exceder los tres meses.
La iniciativa oficial ahora presentada solo contempla una actualización correspondiente a 2025 y no incluye lo perdido durante 2024. Propone una recomposición en tres tramos del 4,1% a pagarse en marzo, julio y septiembre sobre los salarios vigentes a fines de 2025. Establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias también cada tres meses, aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.
El artículo 6 apunta a la actualización automática de las becas estudiantiles también por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según difundieron los rectores, el presupuesto actual de las Becas Progresar se redujo un 82% en términos nominales entre 2026 y 2025, lo que ubica al gasto, en términos reales, más de un 95% por debajo del valor que tenía en 2023.
También introduce cambios respecto a la normativa actual en los gastos de funcionamiento de las universidades. Mientras que la ley aprobada contempla la recomposición de distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica, el nuevo proyecto no incluye actualizaciones para 2024 ni 2025 y condiciona los ajustes de este año a que la inflación supere el 14,5%, que es la reconocida en el presupuesto oficial. Solo en ese caso el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.
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