Qué reformas ambientales impulsaría el Gobierno de Milei
El oficialismo avanza con modificaciones a las leyes de Bosques Nativos y Acuicultura; crecen las dudas sobre el impacto ambiental y los compromisos internacionales
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Reducción de la estructura estatal y flexibilización de las regulaciones. Este parece ser el objetivo del Ejecutivo en materia de política ambiental para este año. Si bien en el incendiario discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el presidente Javier Milei se refirió poco a esta cuestión, ratificó algo repetido en esta administración: la relevancia comercial de la Argentina recae en gran medida en los recursos naturales que resguarda.
“Vamos a buscar remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y su riqueza. Vamos a construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos”, declaró el presidente de la Nación, Javier Milei, el domingo pasado en su discurso de apertura.
Parece que para Milei algunas de las regulaciones ambientales vigentes ya llegaron a ese límite.
Al menos dos de ellas están entre los planes de reforma que la administración libertaria pretende impulsar este año. No hay claridad sobre cuándo se entregarían al Congreso; sin embargo, las discusiones ya están en curso.
De acuerdo con información que pudo confirmar LA NACION con una persona cercana a la Jefatura de Gabinete, miembros del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) y dos fuentes que trabajan dentro de la administración libertaria, hay dos reformas en la mira: la Ley de Bosques Nativos (26.331) y la Ley Nacional de Acuicultura (27.231). Esto forma parte de un paquete de reformas ambientales que también incluía la Ley de Glaciares, una que ya obtuvo media sanción la semana pasada en el Senado y que el oficialismo espera que se vote pronto en la Cámara baja.
Este medio se contactó directamente con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación para recibir una confirmación oficial de estas reformas y conocer la letra chica; sin embargo, no obtuvo respuesta hasta el momento.
A pesar de estar alineadas con el ideario libertario, estas modificaciones no serían planteadas por el Ejecutivo ni formarían parte de una ocurrencia presidencial, al menos en su propuesta original. Y es que desde hace tiempo, esto ha sido un pedido insistente de varias provincias desde el inicio de esta administración.
Las reformas a la Ley de Glaciares y a la de Bosques Nativos ya aparecían en el primer borrador de la Ley Bases y, aunque se desestimaron en un primer momento, nunca dejaron de discutirse. En diciembre pasado, en el informe final de la última reunión del Consejo de Mayo, las provincias insistieron en estas reformas y sumaron la de la Ley Nacional de Acuicultura.
El viernes pasado, un día después de que el Senado otorgara media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares y aprobara el Acuerdo UE-Mercosur, hubo una reunión del Cofema en la que se discutieron nuevamente estas reformas ambientales.
Los objetivos, en términos amplios, son dos: dar mayor potestad a las provincias en la regulación ambiental —y reducir la de la Nación— y disminuir los procesos que limitan la expansión, en este caso, de la salmonicultura y el desarrollo acuícola, así como de la producción agroganadera.
En materia de protección de bosques, un asistente a esa reunión, que prefirió no revelar su nombre, explicó a LA NACION que hubo dos pedidos específicos.
El primero tiene que ver con los permisos de desmonte. En las zonas verdes —la única categoría en la que puede haber tala— el gobierno nacional debe autorizar cualquier plan de desmonte. “Lo que plantean las provincias es un aviso de la tala después de haberlo hecho y no antes”, aseguró, y explicó que eso reduciría los trámites burocráticos.
Añadió: “También piden una flexibilización para la zona amarilla [de protección media] y que la autoridad provincial tenga más facultades que la Nación”. Además, en las propuestas incluidas en el informe final del Consejo de Mayo se establece la obligatoriedad de una Evaluación de Impacto Ambiental solo en los casos de desmonte y no en los proyectos de manejo sustentable, a menos que estos “tengan el potencial de causar impactos ambientales significativos”.
En el caso del proyecto de modificación de la Ley Nacional de Acuicultura, los cambios consisten en la ampliación de los sistemas de producción sin guiarse necesariamente por criterios ambientales estrictos. Se establecería que los sistemas se mantendrán “en lo posible” ecológicamente sustentables y se buscaría reforzar la potestad provincial en la toma de decisiones. Asimismo, se permitiría la producción “de cualquier especie de organismo acuático que se trate”, sea nativo o exótico. Esto sigue la misma línea de las modificaciones que la Ley de Acuicultura Sustentable de la provincia de Tierra del Fuego (1355) pasó a finales del año pasado con la intención de flexibilizar las regulaciones ambientales.
No hay certezas, pero varias fuentes mencionaron también la posibilidad de que el Estado impulse reformas a otras leyes, como la de Parques Nacionales o el Régimen Federal de Pesca. Si bien por ahora son rumores, parece haber un clima que favorece la desregulación de varias políticas ambientales, según deslizó una persona cercana a la Jefatura de Gabinete y con amplia experiencia en la política ambiental.
“Nos integraremos a los tratados internacionales necesarios, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos. Y esta relevancia proviene del aprovechamiento de nuestros recursos”, señaló Javier Milei
Y precisó: “Me refiero a todos los recursos, a los minerales críticos como el cobre y el litio, a la pesca y a la agricultura, a los hidrocarburos convencionales y no convencionales, a las economías regionales y al sector agropecuario”.
Habría que preguntarse a qué acuerdos internacionales se refiere. Y es que tanto el Acuerdo Argentina-Estados Unidos como el UE-Mercosur o incluso los criterios de entrada para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluyen criterios de protección ambiental y cumplimiento de acuerdos internacionales. En particular, los últimos dos son muy estrictos.
El exsecretario de Cambio Climático de la Nación con amplia experiencia en las negociaciones multilaterales, Rodrigo Rodríguez Tornquist, sostuvo que habría que repasar los criterios planteados en el documento del propio Acuerdo UE-Mercosur, que en su artículo 18 fija criterios estrictos en materia de protección ambiental, respeto a acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, la Declaración de Río de Janeiro y los Objetivos para el Desarrollo Sustentable. Un principio común en varios de los mencionados es el de no regresión a las políticas ambientales. Algo que en una carta de alrededor de 85 constitucionalistas señalaron hace unas semanas, en la antesala de la media sanción que el oficialismo obtuvo la semana pasada.
El documento del acuerdo también establece requisitos estrictos en la trazabilidad de productos asociados a la deforestación y a la producción acuícola. “El relajamiento de las regulaciones ambientales puede significar un límite importante a la entrada en vigor de Merco Sur-UE”, opinó Rodríguez Tornquist y advirtió que este tipo de regulaciones también se reproducen en los requisitos para formar parte de la exclusiva Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un espacio al que el gobierno argentino ha trabajado por años para pertenecer.
Para Elizabeth Möhle, investigadora especializada en ambiente y política pública de Fundar, tanto las declaraciones públicas como las políticas concretas impulsadas por el Gobierno en materia ambiental generan dudas sobre cómo se administrarán las tensiones territoriales entre desarrollo y protección ambiental. “Desde ese lugar tan adversarial, no parece promisoria la forma en que lo van a administrar. Incluso, con la forma en la que obtienen la media sanción de la Ley de Glaciares: se hizo rápido y sin demasiada discusión”, planteó Möhle.
Y agregó que la planteada “federalización” de la administración de los recursos naturales también puede esconder una descoordinación nacional. “La configuración que plantean termina siendo un mix en el que son solo las provincias las que impulsan estas actividades productivas, y si tienen o no capacidades de fiscalizar en clave ambiental”, añadió.
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