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En una jornada que podría anticipar lo que pasará en los próximos meses, se multiplicó el pedido para que la Cámara de Diputados abra a debate y actualice la Ley Nacional de Salud Mental a 15 años de su sanción. Profesionales, jueces, pacientes y familiares coincidieron ayer en ese reclamo en el auditorio del edificio Anexo del Congreso.
“En el territorio, [la ley] no ha dado respuesta a los pacientes, la Justicia y los profesionales”, sostuvo la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), vocal de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja. Con las firmas reunidas durante la jornada, insistirá hoy en la reunión de comisión que preside su par Pablo Yedlin (Unión por la Patria), para que se trate el proyecto de reforma pendiente desde octubre de 2021. “Somos muy cuestionados hoy porque, aparentemente, le damos la espalda a la sociedad”, aludió a los legisladores.
Los organizadores debieron habilitar la transmisión vía plataformas porque los inscriptos superaron la capacidad del lugar. Pasadas las 15, arrancó el primero de los tres paneles de la Jornada de Salud Mental y Adicciones: necesidad de reformar la Ley 26.657, convocada por la diputada de la Coalición Cívica. El objetivo, según explicó Campagnoli a LA NACIÓN, fue “ilustrar cómo afecta la actual ley la cotidianidad de pacientes, familiares, especialistas y jueces”.
De hecho, todos estuvieron representados en el auditorio. No fueron tantos los legisladores, en cambio. Asistieron Vilma Ripol (MST, Frente de Izquierda y Trabajadores - Unidad), Agustina Propato y Carlos Castagneto (Unión por la Patria). También lo hizo Liliana González, directora de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la Nación.
Marina Charpentier, madre del músico Chano, coordinó la primera parte, dedicada a pacientes y familiares. “Si en 2010, al crear la ley, se hubieran convocado mesas como estas, el texto hubiese sido diferente y se hubiesen evitado un montón de muertes. El 30 de mayo de 2022 estuve acá dando mi testimonio en una situación de mucho dolor con mi hijo internado. ¿Qué cambió en estos tres años?”, planteó sobre la situación a nivel país. “No cambió nada –respondió, enseguida–. Solo se empezó a hablar de salud mental. Ese es un gran avance, pero no alcanza.”
Desde Familia Esperanza, la entidad que fundó y orienta con un grupo de profesionales ad honórem a familias de personas con problemas de salud mental y adicciones en el Museo Larreta, piden modificar los criterios exigidos para las internaciones involuntarias, como el “riesgo cierto e inminente” para un paciente o la revalorización de los hospitales especializados con mayor disponibilidad de camas para atender una demanda creciente en el país.
A la vez, que el Estado destine un presupuesto acorde al aumento de los padecimientos de salud mental y adicciones en la población, que la ley fijó en un 10% y osciló en casi el 2% del presupuesto de salud en más de una década.
El actor Gastón Pauls coincidió en la necesidad de “optimizar” una norma “antigua” para una realidad en la que se está normalizando los consumos y falta prevención. Lo hizo, también, como fundador de La Casa de la Cultura de la Calle (Cacuca). Al referirse a la expresión de voluntad de la persona adicta o con una enfermedad mental que pide la ley para su internación, lo hizo en primera persona. “De qué voluntad se sigue hablando si lo primero que pierde un adicto es la voluntad. Yo la perdí. Cuando encontré la cocaína, ya la venía perdiendo. Fue un proceso”, relató.
“Las decisiones que fui tomando estaban influenciadas por ese consumo: el alcohol primero, el porro después y la cocaína. Ninguna decisión al volante de la vida o un auto es buena en esas condiciones”, dijo, también, Pauls durante su exposición. Y planteó: “Mientras debatimos [por la norma vigente], tenemos que ver qué hacemos con una ley de más de 14 años que dice que en las escuelas tiene que haber prevención en adicciones y no se ejecuta como se debería”, sumó.
A Pilar Esteban, de 75 años, le pidieron contar su historia a modo de “caso testigo” de lo que les toca afrontar a las familias que una vez por semana se reúnen en el Museo Larreta. Habló sobre Javier, su hijo de 42 años. “Consume desde los 16 años. Fumó su primer porro cuando murió su padre y esa fue la puerta para todos los venenos que siguieron”, dijo la mujer, que tiene otro hijo y cinco nietos.
Ella se enteró al año y la familia arrancó “todo tipo de tratamientos”, seguidos de recaídas. “Hace dos años y medio, de la noche a la mañana, mi hijo se puso en situación de calle. Era algo impensado para mi”, repasó. Lo encontró, a los cuatro meses, durmiendo sobre un cartón o un colchón en las calles Palpa y Álvarez Thomas. Desde entonces, tuvo tres evaluaciones, de acuerdo con los criterios que define la ley, una internación que se de cuatro días e intervención de un juzgado. Cuando le preguntaron si quería estar internado, su hijo respondió no.
“Esa internación le podría haber cambiado su vida. El juzgado le preguntó al hospital por escrito cómo había cambiado en tan pocos días y esa consulta no se respondió. Visito a mi hijo en la calle. No lo juzgo más, pero no quiero que él ni ningún otro hijo muera en la calle. Pido que las puertas que golpeamos se abran y nos den respuesta. No puedo, como madre, hacer más. Pido a los diputados que escuchen el ruego de las familias por nuestros hijos enfermos que no pueden pedir ayuda solos”, completó Esteban.
Silvana Natale, de la Asociación de Ayuda a Familiares de Personas con Esquizofrenia (AAFE), remarcó que cualquier sea el diagnóstico de salud mental comparte con las adicciones los mismos “inconvenientes”, sean pacientes o familiares. Se refirió a, por ejemplo, la falta de creación de lugares de atención e internación en los últimos 14 años, que “la internación dependa de criterios distorsionados” y la ausencia de servicios de seguimiento.
“Muchas familias tenemos más de un familiar con enfermedad mental, que a veces está combinada con otra o adicciones. Son patologías duales que hacen todo más complejo. Los familiares [a cargo] hacen todo en el medio para acercar a los pacientes con los médicos y a la pregunta de si un paciente quiere internarse, la respuesta es siempre no”, expresó Natale.
La representante de la AAFE describió la norma nacional con términos que se replicarían en el resto de los paneles, como “obsoleta” y “anticuada” al insistir, como lo hicieron profesionales, en la necesidad de su actualización acorde a los consumos y las enfermedades que apunta a atender.
“Habla [por el texto] del manicomio como la mazmorra medieval. Los hospitales monovalentes, de especialidad, adaptados son el mejor lugar para las personas con enfermedades mentales que requieren internación para su tratamiento o durante una crisis”, mencionó Natale. “En el artículo 1° menciona que la intención de la ley es proteger. No está protegiendo a los pacientes ni a los familiares”, enfatizó.
Al psiquiatra forense Andrés Mega le tocó coordinar las exposiciones de los profesionales, en la que se reclamó abrir a debate la norma. “Usted es médico”, pidió Mega expresarle al diputado Yedlin, que se había excusado de participar por estar en Londres. “Juró, al prestar el juramento hipocrático, cuidar a la gente. Acá estamos, en un panel científico, pidiéndole que se digne a tratar la reforma de la Ley de Salud Mental de una vez y para siempre”, continuó.
Se refería a sus colegas Silvia Papuchado, doctora en psicología clínica y psicoanalista; Ignacio Brusco, neuropsiquiatra y decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Andrea López Mato, psiquiatra y fundadora del Instituto de Psiquiatría Biológica Integral; Fernando Taragano, secretario de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), e Ignacio Loreal, psicólogo y perito del fuero penal juvenil que analizó nueve puntos a modificar, incluidas fallas en las definiciones. “¿Las adicciones están dentro o fuera de la salud mental?”, preguntó, a modo de ejemplo, de esos errores de concepto.
“Quiero defender al hospital neuropsiquiátrico. Hoy, no hay manicomios ni usuarios como dice la ley. Los nuestros son pacientes mentales”, abrió López Mato sobre el “sesgo ideológico” que se criticó a la redacción de la norma durante la jornada. “¿A alguien se le ocurre cerrar un hospital especializado en oftalmología o gastroenterología? Entonces, ¿por qué un hígado, los ojos o el corazón es más que el cerebro?”, planteó al auditorio. Como coincidieron otros de sus colegas, expresó que eso no va en contra de que los hospitales generales cuenten con servicios de salud mental para la atención ambulatoria o de bajo riesgo. En casos de brotes, excitación o internación, por ejemplo, consideró indispensable el cuidado a cargo de profesionales formados, incluida la enfermería especializada.
El decano de la UBA, por su parte, resumió los “tres grandes problemas” de la ley nacional. El primero que mencionó fue el criterio de “riesgo cierto e inminente” para la internación involuntaria de un paciente por la complejidad que conlleva definirlo en medicina, sobre todo en salud mental. “Pedir certezas [para la internación] ante estos diagnósticos es un error muy grande”, planteó. Luego, mencionó, además, la necesidad de contar con hospitales monovalentes o especializados en salud mental y adicciones, y por último, el rol asignado al psiquiatra, que se calificó de “discriminatorio” para con la especialidad.
“Como decano de Medicina –dijo Brusco–, considero que es increíble que todavía no se haya modificado este texto.” Como Papuchado y López Mato, criticó que no se hayan abierto en estos casi 15 años “nuevas camas” para atender la demanda social. “Algunos centros cerraron y no se proyectaron nuevas camas. Esto es parte de la crisis total del sistema de salud”, agregó Brusco.
El cierre quedó reservado para representantes del Poder Judicial. Juan Roza Alconada dialogó sobre la experiencia cotidiana de los magistrados con los términos de la ley vigente. Lo hizo a como hermano de Rodrigo, que en septiembre de 2020 mató de una puñalada al inspector Juan Pablo Roldán en la esquina del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) durante un brote psicótico severo, según se determinó. El moderador también pidió que la Cámara de Diputados “abra el debate” de la ley. “No todo está mal, pero hay algunos puntos que hay que modificar. Le falta la dimensión humana”, opinó Roza Alconada.
Por su parte, Horacio Barberis, exjuez de menores y excamarista del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal, consideró, por ejemplo, que cuando existe riesgo cierto e inminente para la persona o terceros, los plazos para expedirse son “ridículos”. Habló de un “sesgo ideológico” en el texto y coincidió con los profesionales en que “deja de lado” el rol de los psiquiatras en tanto profesionales con responsabilidades civiles y penales en estos casos que, a diferencia de otros integrantes del equipo multidisciplinario a que se refiere la ley debido a su especialidad profesional. “Esta ley fue un desastre. No lo digo yo, sino los resultados. Fue especialmente dañosa”, evaluó Barberis.
En tanto, Alejandro Siderio, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 82, insistió en que el problema no es la ley, de la que ponderó que hace “un adecuado balance de derechos y garantías” de los pacientes. “Podemos cambiar la mención al riesgo cierto e inminente por riesgo grave, como plantean, pero el problema con las internaciones lo vamos a seguir teniendo –dijo–. El problema está con las familias que vienen al juzgado civil. Llegan porque falló algo antes y tiene que ver con las políticas públicas y cómo transitan el sistema de salud. El juez no interna [a una persona] y eso está bien porque no es un profesional de la salud.” Y agregó: “La ley no se cumple y nadie la acata; tampoco, lo que dicen los jueces”.
El magistrado planteó la necesidad de contar con equipos de atención de emergencias entrenados y preparados para asistir en casos de brotes o crisis. “Esto depende del Estado, no de la Justicia”, afirmó. En cuanto a los hospitales especializados, dijo que, en el contexto actual, “no hay posibilidad alguna de cerrarlos” y reclamó más dispositivos para internar pacientes.
Hacia el final, el padre de una paciente con esquizofrenia reclamó la palabra para refutar a Siderio ante el malestar que crecía en el auditorio, sobre todo entre los familiares de pacientes. “¿Quién es un juez para decidir o no una internación? ¡La ley no solo no funciona, sino que es un estorbo!”, dijo, molesto. “No dije lo contrario”, se defendió el juez.
González, directora nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, pidió la palabra desde el auditorio que quería sostener el debate. La funcionaria informó que la cartera está elaborando un protocolo con el Ministerio de Seguridad de la Nación para la intervención de uniformados en situaciones con personas que estén atravesando una crisis o brote y que tengan un arma, además de otorgar habilitaciones a las comunidades terapéuticas.
