Silencio público y abogados reconocidos: la defensa de Boveri, Fini y Tati en la causa por la sustracción de propofol
Boveri, Lanusse y Leclercq evitaron declaraciones públicas y reforzaron su estrategia judicial mientras la investigación por administración fraudulenta se amplía y suma nuevos hospitales
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LA NACIONJosé María Costa
“Le pido disculpas, pero al menos de momento no estamos hablando con los medios. Si ocurre eventualmente, lo contacto”.
La respuesta llegó por mensaje luego de un intento de contacto de LA NACION con uno de los abogados defensores vinculados a la causa por la presunta sustracción de anestésicos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Días después, ante una nueva consulta y luego de presentar la apelación a los procesamientos, la contestación fue casi idéntica: “Como le dije el otro día, seguimos por el momento con la misma postura. Le pido disculpas”.
Las dos frases, breves y reiteradas, condensan una decisión común adoptada por los principales involucrados en el expediente que investiga el delito de administración fraudulenta por el robo de propofol del prestigioso hospital porteño: guardar silencio público y concentrar la estrategia exclusivamente en el plano judicial.
Desde que la causa tomó estado público hace un mes —en un contexto marcado por la conmoción generada tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, investigada en un expediente distinto— Hernán Boveri, Delfina “Fini” Lanusse y Chantal “Tati” Leclercq evitaron declaraciones mediáticas y canalizaron todas sus posiciones a través de escritos presentados ante la Justicia.
El repliegue comunicacional vino acompañado de cambios en las defensas y de una línea argumental común en los planteos judiciales: la crítica a la falta de prueba directa, el cuestionamiento al uso de testimonios indirectos y la idea de que el procesamiento fue “prematuro”, “conjetural” y “carente de sustento”.
En el caso de Hernán Boveri, anestesiólogo procesado por administración fraudulenta y embargado en más de $70 millones, la defensa actualmente quedó a cargo de Ramiro Lucini, abogado penalista que asumió la representación en medio del proceso y cuando la causa ya había adquirido fuerte exposición pública. Según consta en el expediente, Boveri cambió de abogado en esa etapa, una decisión que coincidió con la difusión del caso y con la ampliación del alcance de la investigación.
Fini Lanusse tomó un camino similar. También modificó su estrategia defensiva cuando el expediente dejó de circunscribirse al ámbito judicial y comenzó a ocupar un lugar central en la agenda pública. Desde entonces, quedó representada por Claudia Balbín, abogada con amplia trayectoria en el fuero penal, madre de Santiago Viola, actual viceministro de Justicia de la Nación que llegó a ese lugar de la mano de Juan Bautista Mahiques.
Ambos imputados apelaron el procesamiento dictado por el juez Javier Sánchez Sarmiento y, en esos escritos, expusieron con claridad la hoja de ruta de la defensa. Según surge de las presentaciones a las que accedió LA NACIÓN, tanto Boveri como Lanusse sostienen que “no hay prueba directa” que permita sostener la acusación y que “nadie presenció los hechos” atribuidos. En lugar de eso, afirman, el expediente se apoya en “conjeturas, inferencias y apreciaciones subjetivas”, así como en una “cadena de rumores”.
En ese contexto, ambas defensas pusieron el foco en el rol de “Mechi” S., también mencionada como “Pichu” en el expediente, a quien señalan como el punto de partida de esos relatos. Según sostienen en sus escritos, fue ella quien “construyó una narrativa” que luego se amplificó dentro del ámbito profesional, a partir de comentarios y versiones transmitidas de manera informal. Para los imputados, ese proceso dio lugar a un “grupo armado” que trasladó rumores al terreno institucional y judicial, sin que existan, siempre según su planteo, testigos presenciales ni hechos concretos que respalden las acusaciones.
En la apelación de Boveri, la defensa califica el procesamiento como “arbitrario y nulo”, cuestiona que se haya dictado sin hechos concretos acreditados y señala que el fallo es “prematuro”. En uno de los tramos más críticos, el escrito de 17 páginas sostiene que la imputación se construyó a partir de relatos indirectos y que no existe evidencia objetiva que pruebe la sustracción de anestésicos del ámbito hospitalario.
Lanusse, por su parte, pone el foco en otro eje. En su presentación, la defensa cuestiona el accionar de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba) y describe el procedimiento como “irregular y desprovisto de garantías”. Allí se afirma que se la sometió a interrogatorios que “rompieron el secreto profesional” y que un abordaje inicial vinculado a la salud terminó derivando en una persecución penal.
“El consumo no implica sustracción”, se remarca en uno de los pasajes de la apelación, junto con la advertencia de que no hay actas que documenten hechos concretos y que el encuadre penal resulta “carente de sustento”. En ese marco, la defensa sostiene que “se desplazó un problema de salud hacia una persecución penal”.
Como parte de esa estrategia, Lanusse incorporó al expediente un informe firmado por su psicólogo, en el que el profesional indicó que no presentaba consumo problemático de drogas. El documento, presentado como informe de parte y no como pericia oficial ordenada por la Justicia, es utilizado por la defensa para reforzar la tesis de que el caso fue inicialmente abordado como una cuestión de salud y luego reencuadrado en clave penal.
En ese punto, sin embargo, el expediente también recoge declaraciones de Pichu, quien describió un cuadro distinto al que ahora plantea la defensa. Según su testimonio, en los meses previos al estallido del caso, Lanusse “estaba muy mal”, atravesaba episodios de angustia y mostraba signos de deterioro que motivaron su preocupación y la de otros colegas. Seeber señaló que intentó intervenir en un primer momento desde un plano personal e institucional, convencida de que se trataba de una situación que requería asistencia y contención, antes de que el conflicto derivara en una denuncia formal. Ese contraste entre el diagnóstico presentado por la defensa y los relatos incorporados por otros testigos forma parte de los puntos que hoy están bajo análisis judicial.
Mientras Boveri y Lanusse concentran sus esfuerzos en revertir el procesamiento, la situación de Chantal Leclercq también empezó a cambiar. Según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales, la Justicia resolvió unificar la causa por la sustracción de propofol del Hospital Italiano con la investigación por el faltante de anestésicos del Hospital Rivadavia, un expediente que tiene como eje el rol de Tati, quien según surge de actuaciones incorporadas al expediente reconoció ante la Aaarba el consumo de ese anestésico con fines recreativos, fuera del ámbito hospitalario.
La decisión fue adoptada en los últimos días y ayer lunes fue ratificada formalmente la denuncia vinculada al Hospital Rivadavia. En ese marco, prestó declaración el anestesiólogo Martín Meiriño, secretario de Acciones Institucionales de Aaarba, lo que reforzó el impulso institucional de la investigación y amplió su alcance. Con esa ratificación, el expediente dejó de circunscribirse a un solo centro de salud y podría abarcar dos hospitales distintos, bajo una causa unificada.
Ese avance procesal explica, en parte, el silencio sostenido de Leclercq, quien tampoco realizó declaraciones públicas desde que el caso tomó estado público. Fuentes judiciales señalaron que la unificación de los expedientes reconfigura el escenario y amplía el análisis sobre la trazabilidad de los anestésicos también en el sector público porteño.
Mientras la causa por la muerte de Alejandro Zalazar continúa en un expediente separado, el proceso por administración fraudulenta avanza con una dinámica propia, marcada por el silencio público de los imputados y una disputa judicial que, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos.
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