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Traductores públicos en vilo por el plan del Gobierno para recortar su injerencia en trámites
El anteproyecto, apoyado por Sturzenegger, propone modificar la ley que regula la profesión en la ciudad de Buenos Aires
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El Gobierno nacional trabaja en un anteproyecto de ley que propone modificar el régimen de las traducciones públicas. El borrador, que aún no fue enviado al Congreso, plantea derogar el artículo 6 de la Ley 20.305 — que regula el ejercicio de la profesión de traductor público en la Ciudad de Buenos Aires— e incorporar una disposición para que sea el Poder Ejecutivo quien determine, con carácter excepcional, en qué trámites, procedimientos o categorías documentales será obligatoria una traducción pública.
La iniciativa forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Semanas atrás, el ministro Federico Sturzenegger cuestionó la obligatoriedad de las traducciones certificadas en determinados trámites y las incluyó entre los requisitos burocráticos que, según sostuvo, encarecen procesos administrativos y desalientan inversiones.
“Argentina estaba enferma de trámites ridículos”, escribió en su cuenta de “X”. “Luego nos preguntamos por qué el país no crecía o teníamos poca intervención extranjera. Pedíamos certificados, reformas estatutarias, declaraciones negativas, ¡traducciones de toda la historia societaria!”, sumó en la publicación.
El anteproyecto, que aún se encuentra en elaboración, ya despertó preocupación entre traductores públicos porteños matriculados y el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes consideran que la modificación excede una cuestión administrativa.
¿Peligra la profesión?
Actualmente, distintos organismos públicos exigen que determinados documentos redactados en otro idioma sean traducidos y certificados por un traductor público matriculado para que tengan validez. “Lo que hoy es una obligación legal pasaría a ser una potestad del Poder Ejecutivo”, resumió Cecilia Andrea Irrazábal, traductora pública matriculada y abogada.
Mientras, desde la perspectiva del Gobierno, la medida se enmarca en una política de simplificación administrativa, Irrazábal sostiene que la discusión no pasa solo por quién realiza la traducción, sino también por quién responde legalmente ante el documento traducido: “No se trata de quién traduce, sino de quién responde frente a un trabajo mal realizado”, afirmó.
Explicó que el traductor público certifica la fidelidad del documento original y asume responsabilidad civil y profesional si la traducción genera un perjuicio. Además, señaló que los profesionales matriculados están sujetos a un tribunal de conducta de su colegio profesional y que, si un error ocasiona un daño, también pueden enfrentar reclamos civiles. “Sin este rol, cualquier persona podría presentar una traducción sin que exista un profesional identificado que responda por ella”, sostuvo.
“Somos escribanos de la lengua. Ponemos nuestra matrícula y damos fe. Si pasa algo con esa traducción, respondemos nosotros”, sumó Lorena Carassai Frías, traductora pública matriculada desde hace 26 años.
Según explicó, la profesión está presente en trámites cotidianos como la homologación de títulos universitarios, los procesos de ciudadanía, los certificados de antecedentes penales y la constitución de sociedades extranjeras. “No estamos encerrados en un laboratorio de idiomas; muchas veces nuestros clientes son ciudadanos de a pie”, señaló.
De Migraciones a la ANMAT
Para explicar el alcance de la reforma, el presidente del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Damián Santilli, mencionó distintos organismos que actualmente reciben documentación proveniente del exterior, como Migraciones, la Inspección General de Justicia (IGJ), la ANMAT o la Aduana.
“No desaparece un trámite; desaparece una garantía jurídica”, afirmó Santilli. Además, explicó que, por ejemplo, cuando una empresa extranjera presenta su estatuto para inscribirse en la Inspección General de Justicia (IGJ), el traductor no realiza una traducción literal, sino que interpreta el documento de acuerdo con el sistema jurídico argentino y responde profesionalmente por su contenido.
El presidente también destacó que la profesión trabaja con documentación en más de 35 idiomas y remarcó que muchos trámites involucran lenguas poco frecuentes, como ruso, chino, japonés o árabe.
El debate sobre los costos
Uno de los argumentos que el Ministro de Desregulación y Transformación planteó en la publicación de su cuenta oficial de “X” es que, para avanzar con la reforma, hay que reducir costos y eliminar requisitos que considera innecesarios.
Carassai rechazó que los traductores públicos constituyan un obstáculo para las inversiones. Sostuvo que las traducciones representan una parte menor del costo total de los trámites y que, por el contrario, aportan seguridad jurídica a empresas y particulares que presentan documentación ante organismos públicos. Además, cuestiona que la actividad sea presentada como un proceso burocrático. “Tenemos firma digital; todo el proceso está modernizado”, afirmó.
Según los aranceles mínimos orientativos publicados por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, actualizados a mayo de 2026, una traducción pública del inglés al español de una foja (500 palabras) de documentos personales parte de $69.900, mientras que los precios de contratos, escrituras y otra documentación jurídica al idioma extranjero comienzan en $117.400.
Consultado por LA NACION, voceros del Ministerio de Desregulación y Transformación explicaron: “El proyecto de ley se está trabajando y, si bien hay algunos borradores circulando, todavía no está cerrado. En cuanto se cierre, se va a enviar al Congreso para su tratamiento. Ahí lo vamos a explicar en detalle”.
Mientras tanto, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires informó mediante su página web que ya inició gestiones ante las autoridades nacionales para oponerse al anteproyecto. Además, comunicó que, si la iniciativa avanza y modifica las competencias exclusivas de los traductores públicos, “agotaremos todas las herramientas institucionales y jurídicas disponibles para defender el ejercicio de nuestra profesión”.
Por el momento, la iniciativa alcanza a la Administración Pública Nacional. En ese contexto, aún no está claro si las provincias, que cuentan con sus propios marcos regulatorios para el ejercicio de la profesión, impulsarán cambios similares.
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