La lucha de 22 familias para sobrevivir en el bosque de El Impenetrable

EL PINTADO, Chaco.- La batea es un tronco calado de un palo borracho. La tintura, raíces de quebracho colorado. La piel que se curte en esa bacha rústica es la de una vaca que hasta hace unos días se alimentaba del monte. Así se las arreglan los Cuellar para trabajar el cuero. Hace más de un siglo que se las ingenian para vivir en El Impenetrable. Como los Segovia, los Estrada, los Salvatierra, los Juárez o los Palavecino. En total, 22 familias dispersas en 5880 hectáreas de parque chaqueño. Están apartadas hasta cinco kilómetros una de otra, pero funcionan como una comunidad que se asume en un mismo bosque del que obtienen casi todo lo que necesitan para vivir o subsistir.

"La vida en el bosque es en el 99% de los casos muy dura", sentencia Eduardo Segovia, referente de esta comunidad criolla de Pozo del Gato, 550 kilómetros al noroeste de Resistencia. "Hemos pasado hambre", asiente Mauricia Salto, madre de seis hijos. También sed. La escasez de agua es característica de la zona.

"Hicimos pozos, pero no sabemos si el agua es buena. A veces sale salada. Pero la tomamos igual. Peor es el dolor que causa la sed", dice Segovia. Y aunque se toca la panza, como recordando el malestar, sonríe: "Este techo nos puede cambiar la vida". El techo al que hace referencia es un tinglado de chapa y columnas de hierro que desentona con los ranchos de ladrillos y adobe. Es un colector de agua de lluvia capaz de almacenar 24.000 litros en dos tanques. Dejarán de pasar sed, regarán una huerta y sembrarán pasto para alimentar cabras y vacas.

Esa obra, pequeña pero revolucionaria, es una de las primeras mejoras tangibles de un plan nacional que nació en 2015 y este año empezó a tener impacto concreto en 75 comunidades criollas e indígenas que viven en áreas con bosques nativos de zonas pobres y aisladas de Chaco, Santiago del Estero y Salta.

El programa aspira a resolver necesidades básicas y ayudar a las comunidades a que aprovechen el potencial productivo del bosque mediante la explotación forestal y la cría de animales, pero sin degradarlo. Con esos objetivos, y financiado por el Banco Mundial, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable les da seguridad jurídica sobre sus tierras; lleva adelante obras de infraestructura, de acceso al agua y a energía solar; los capacita en oficios como apicultura y artesanías, y les ofrece herramientas productivas, como corrales para organizar a los animales, balanzas para pesarlos, hornos para producir carbón y tableadoras para trabajar la madera.

La apuesta del Gobierno tiene una aspiración doble. Por un lado, asiste a las comunidades. Mientras que al apuntalar la asociatividad de quienes viven del bosque sin deforestarlo evita que migren a zonas urbanas y que esas tierras queden expuestas a los desmontes que desde hace una década avanzan sobre la región de parque chaqueño. De las 136.000 hectáreas que se perdieron el año pasado, 125.000 (el 92%) fueron en esa región.

El programa Bosques Nativos y Comunidad surgió en 2015 y fue continuado por la gestión de Cambiemos. Las demoras en ver avances en el territorio se explican en la necesidad de generar consenso dentro de las comunidades y en la precariedad de la tenencia de tierras de muchas de las 2490 familias que conforman las 75 comunidades, ya que abarcan 410.000 hectáreas y en gran medida se trata de tierras fiscales. La primera contribución del plan es la gestión para que consigan de parte de las provincias las actas de ocupación, que debería terminar en la escrituración.

Unas 40 familias wichí de El Pintado conforman otra de las comunidades que se organizan a partir de la asistencia estatal. Tienen 2193 hectáreas a 42 kilómetros de El Sauzalito, localidad chaqueña sobre el río Bermejo, en el límite con Formosa. En ese predio harán un alambrado perimetral para evitar que el ganado de productores vecinos entre en su campo y se coma los brotes de algarrobo, quebracho y mistol que permiten la renovación del bosque. "Vamos a tener agua potable, una huerta y vacas propias. Y vamos a poder vender madera, algo que no podemos hacer porque no tenemos permisos", cuenta Mario González, vicepresidente de la asociación que reúne a los wichí.

La falta de ese permiso del que habla González es un tema central del programa. Ocurre que las comunidades están radicadas en zona de bosques catalogados, según el ordenamiento de la ley de bosques, como amarillos. Es decir que fueron intervenidos por el hombre y pueden ser aprovechados desde el punto de vista productivo, pero siempre que se garantice la conservación. Para vender madera, ganado o carbón deben hacerlo con autorización y según un plan de manejo aprobado por las provincias, algo que recién ahora empezaron a conseguir gracias al asesoramiento de técnicos del ministerio, del INTA o de distintas ONG.

Como la mayoría de las comunidades no tenían un plan de manejo, cuando se encontraban acorraladas por alguna necesidad solían recurrir a un mercado informal que paga muy por debajo de los valores del mercado y que muchas veces implica la degradación del bosque. "A los wichí les pagan por un equipo lleno (camión maderero) mucho menos que los $ 20.000 que en verdad vale", afirmó Mauricio Tinari, técnico de la Fundación Gran Chaco, que asesora a esa comunidad. Y con otro agravante: suelen ser los compradores los que realizan el desmonte y arrasan con árboles jóvenes, lo que provoca que esa zona necesite décadas para restaurarse.

"Lo que buscamos es promover un uso productivo del bosque, sustentable en el tiempo y que permita el arraigo de las comunidades", señaló el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos, Juan Pedro Cano, que adelantó que desde 2018 el plan se extenderá a comunidades radicadas en zonas de selva misionera y yungas jujeñas, lo que permitirá cumplir con el fin del programa de asistir a 250 comunidades hasta 2020, como fijan las condiciones del crédito de US$ 58,7 millones otorgado por el Banco Mundial.

La intención es que una vez que los proyectos con las comunidades estén formalizados puedan acceder a la financiación que ofrece el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, constituido por la ley de bosques para compensar a tenedores de tierras que conserven sus bosques, una partida que en 2018 estará algo diezmada. Se mantendrá en $ 556,5 millones, igual que la asignada este año. "La idea es crear condiciones legales para que puedan acceder a esos recursos y a un mercado formal, pero respetando la dinámica comunitaria y su cultura ancestral", profundizó Ariel Medina, un coordinador del programa.

Las comunidades deben agrupar a por lo menos 10 familias, sumar entre 2000 y 100.000 hectáreas, acreditar una ocupación de las tierras por 10 años o más y el área debe contener un 60% de bosque nativo. El guardaparques Lucas Giraudo, del equipo técnico que asesora a comunidades chaqueñas, tiene una máxima con la que simplifica las pretensiones del proyecto: "El bosque les puede dar todo a las comunidades. Pero si las comunidades se van del bosque, el bosque también se va, porque se pierde".

Nuevos planes para el sector

A diez años de la sanción de la ley de bosques, la deforestación descendió, pero sigue en niveles altos. En 2007, los desmontes fueron del 1% del total de bosques nativos, y en 2016 se los logró bajar al 0,33%. Esa tasa implicó una pérdida de 136.000 hectáreas. En paralelo a los planes para evitar deforestaciones, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable lanzará un plan de restauración de bosques degradados en el que planea desembolsar $ 30 millones en 2018. "La intención es trabajar sobre 1800 hectáreas en el primer año y llegar a 18.000 hectáreas en 2023", adelantó Juan Pedro Cano, director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos. El plan se implementará en seis regiones: monte y espinal; bosques patagónicos; selva misionera; cuenca del río Salí Dulce; áreas de la transición entre yungas y parque chaqueño, y predios del chaco seco. Desde el ministerio revelaron que la idea es hacer una convocatoria abierta para presentar proyectos de restauración de un mínimo de 100 hectáreas y que los adjudicatarios obtendrían una "financiación del 30% del proyecto". Además, se estudia capacitar a beneficiarios del plan Argentina Trabaja para colaborar.