Cómo podría cambiar el trabajo en la Argentina y qué empresas podrían llegar con la nueva ley que propone Sturzenegger
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado brindó detalles del proyecto de “sociedades automatizadas”; especialistas advierten sobre posibles consecuencias
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LA NACIONMaría Josefina Lanzi
Hace unas semanas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sorprendió a los argentinos con un anuncio: habló de un paquete de nuevas medidas en donde se incluye un apartado revolucionario, la creación de empresas gestionadas por inteligencia artificial. Días atrás, citó un posible caso de estas compañías: habló de que una firma danesa con robots destinada a cuidar ancianos que podría registrarse en la Argentina y ser manejada solo por inteligencias artificiales. En diálogo con LA NACION, brindaron algunos detalles de esta iniciativa.
El proyecto de ley ingresó al Senado a fines de mayo, con el número de expediente 193/26 y ya hay acuerdo para empezar reuniones informativas en comisiones, con expositores invitados, aunque todavía no se habla de dictaminar. Si llegara a aprobarse, la Argentina se convertiría en el primer país del mundo en contar con una legislación societaria de este tipo. Según detalló Sturzenegger durante la ExpoEFI 2026, la propuesta apunta a preparar el terreno para una economía en la que, en diez años, una porción considerable del PBI sea producida por agentes de IA. “En diez años, el PBI va a estar conformado por agentes de IA. Si creamos el régimen jurídico para que estos agentes se incorporen en la Argentina, podríamos ser 50 millones de argentinos y 50 millones de agentes de IA produciendo para todo el mundo, pero que pagan impuestos acá“, explicó.
Con esa posibilidad a futuro, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se prepara para ese posible escenario. “Sin un marco legal adecuado, las entidades operadas por IA quedan expuestas a un marco jurídico incierto”, explicaron del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a LA NACION y agregaron que “para que un agente de IA pueda operar en entornos impredecibles y asumir riesgos reales, necesita una estructura con patrimonio propio y responsabilidad acotada. Sin eso, no puede existir como actor económico legítimo”.
La idea de que la IA empuje la productividad de la economía que ya existe ha sido proyectada por otras instituciones. “Goldman Sachs estima un aporte de hasta 7% al PBI global en diez años, McKinsey calcula entre US$2,6 y 4,4 billones anuales”, explicó Joan Cwaik, autor y divulgador especializado en tecnologías emergentes y cultura digital. Ahora bien, advirtió que “cuando Sturzenegger habla de que el 90% del producto mundial lo van a generar agentes de IA, estamos en otro registro. Eso no aparece en ningún informe económico que yo conozca”.
Por su parte, desde el ministerio explicaron a LA NACION que el modelo que tienen en mente es el de Irlanda, país que hace varias décadas planteó un formato similar: “Proveyó un marco jurídico y fiscal atractivo para las empresas. Tanto así que se convirtió en la cabeza de playa de las inversiones extranjeras que llegaban a la Unión Europea. Nosotros queremos ser la cabeza de playa de las inversiones en empresas automatizadas”. Indicaron que Irlanda experimentó un salto extraordinario en su Producto Bruto Interno (PBI) cuando Apple trasladó allí la sociedad jurídica dueña del software/propiedad intelectual de los iPhones (la IP central del producto). “Esto ocurrió alrededor de 2015: el PBI irlandés creció un 26%, básicamente capturando una enorme porción del valor económico global generado por Apple”, detallaron.
“La propuesta que Milei-Sturzenegger defendieron en el Financial Times puso a la Argentina en el centro de una discusión global. En lugar de llegar tarde a una conversación escrita por otros, esta vez la abrimos nosotros. Que Yuval Noah Harari respondiera que sería un error confirma la magnitud de lo que se destapó. Acertaron al abrir el debate; otra cosa es darlo por resuelto”, explicó Sergio Pernice, físico, investigador y director de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial de UCEMA.
¿Cómo sería el régimen jurídico para empresas gestionadas 100% por IA?
Cwaik explica que el proyecto crea dos figuras que hoy no existen en nuestro derecho: por un lado, se encuentra la Sociedad Automatizada, una empresa que cumple su objeto con sistemas algorítmicos o agentes de IA, sin trabajadores en relación de dependencia. Por otro lado, surge la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), gobernada por código sobre blockchain.
Fuentes del ministerio de Sturzenegger explicaron a LA NACION que, aunque es imposible detallar con precisión qué empresas podrían registrarse en los próximos años con esta figura “no es descabellado imaginar empresas que provean robots humanoides que presten cuidado a adultos mayores o asistencia quirúrgica en medicina o sistemas autónomos que gestionen carteras financieras complejas, por poner ejemplos. Lo cierto es que el mundo avanza hacia la automatización y la apuesta es que la Argentina provea el entorno más favorable para ese tipo de empresas, incluso cuando operen en otros países”.
En cuanto al marco jurídico, explicaron que prevén un régimen con tres pilares: “Primero, ninguna regulación prematura sobre usos de la IA. La regulación es un limitante a cualquier innovación. Segundo, una nueva categoría societaria: la «corporación no humana», operada por agentes de IA o robots, con o sin accionistas humanos. Tercero, baja tasa corporativa, libertad para elegir el derecho de gobernanza interna y divulgación obligatoria de beneficiarios finales". Por último, señalaron que la mecánica de constitución y registro no está definida en detalle y es parte de la conversación pendiente a tener.
“Donde el diseño se pone delicado es en un punto específico. El proyecto permite que estas sociedades resuelvan sus conflictos internos bajo derecho extranjero o arbitraje internacional. Eso significa que parte de la litigiosidad podría no pasar nunca por un tribunal argentino. Es una decisión de arquitectura que conviene mirar con lupa, porque define quién termina teniendo la última palabra”, advirtió Cwaik.
Además, uno de los puntos claves de debate en relación a este proyecto de ley gira en torno a la responsabilidad: hoy, el Código Civil y Comercial prevé que, ante el daño responda el dueño o el guardián de la cosa, quien la controla o se beneficia de ella. Y si hay fraude, se puede correr el velo societario y demandar a las personas que estaban atrás. Por su parte, el proyecto prevé que la sociedad automatizada responda con su patrimonio por los daños de sus sistemas. Desde el ministerio detallaron que “la corporación como entidad legal responderá con su patrimonio que puede ser embargado o llegado el caso, la sociedad disuelta. Las mismas sanciones aplicables a empresas con managers humanos que cometen irregularidades se aplicarían a las firmas autónomas”.
“El problema es que no aclara cómo se llega hasta una persona. Si el algoritmo falla y solo responde el patrimonio del algoritmo, hay un eslabón que se corta. Acá el riesgo es quedarse frente a una caja cerrada con personería jurídica, donde el daño ocurrió pero nadie en concreto rinde cuentas”, advirtió el especialista Cwaik.
Por último, detallaron que estos organismos serán controlados por los mismos que aplican a las sociedades anónimas.
“No hay caminos hechos”
El proyecto de ley enseguida mostró discrepancias, incluso por figuras del calibre del historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari, quien cuestionó el artículo de Javier Milei publicado la semana pasada en el Financial Times, en el que se mostraba a favor de las sociedades automatizadas. “Cuando hablé en el Foro Económico Mundial en enero de este año, advertí que los gobiernos podrían algún día otorgar personalidad jurídica a los modelos de IA. Jamás imaginé que ese «algún día» llegaría tan solo cuatro meses después”, escribió Harari en un artículo publicado en el Financial Times bajo el título “No debemos otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA”.
En ese sentido, Pernice reconoció que el potencial positivo puede ser extraordinario en la salud y la ciencia. Pero su daño plausible en ciberseguridad, infraestructura crítica, sistemas militares y bioseguridad ya es tratado como asunto estratégico por los Estados, tal como ocurrió hace unos días, cuando la Casa Blanca ordenó a Anthropic bloquear el acceso a sus modelos más potentes. “Antes de preguntarse si corresponde dar responsabilidad limitada a empresas operadas por agentes de IA, conviene preguntar qué clase de tecnología es esta y qué lugar pueden ocupar en ella el mercado y el Estado”, advirtió.
“La discusión sobre «corporaciones no humanas» es importante, pero subordinada. Y por eso mismo, estratégica“, agregó Pernice, quien explicó que, si aparecen modelos mucho más testeados, con resguardos confiables y riesgos acotados, las sociedades automatizadas que imaginan Milei y Sturzenegger podrían tener enorme valor. Al mismo tiempo, señaló que “primero hay que entender cuál será el rol legítimo de las empresas privadas en una industria donde el daño potencial puede ser mucho mayor que patrimonio más seguro. Recién después tiene sentido elegir qué vehículos societarios convienen para desplegar agentes autónomos”.
“La pregunta decisiva ya no es si las máquinas pueden actuar; la verdadera pregunta es si el derecho seguirá siendo capaz de identificar quién debe responder cuando lo hagan”, agregó Gilberto Santamaría, abogado de plataformas de tokenización, quien explicó que el proyecto argentino establece que la sociedad responderá con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas, “pero una cosa es identificar con qué bienes podría afrontarse una eventual indemnización y otra muy distinta determinar quién debe responder jurídicamente por las decisiones adoptadas por sistemas autónomos”.
Santamaría señaló que la doctrina internacional ha identificado diversas manifestaciones de este problema: “Existe una dificultad para determinar quién es responsable cuando un sistema de inteligencia artificial adopta decisiones que ningún programador previó específicamente (Responsibility Gap). También aparece el desafío de identificar quién debe supervisar, explicar y rendir cuentas por el funcionamiento del sistema (Accountability Gap). Surgen además interrogantes sobre quién soportará finalmente las consecuencias económicas, regulatorias (Liability Gap) o penales (Retribution Gap) derivadas de esas decisiones. Y, más recientemente, comienza a plantearse una cuestión adicional: quién deberá responder tributariamente (Taxation Gap) cuando la generación de valor económico se produzca mediante sistemas autónomos operando dentro de ecosistemas digitales descentralizados”.
“Ser primero tiene un atractivo evidente. Escribís las reglas antes que el resto y podés capturar inversión, talento y renta fiscal mientras los demás todavía debaten. Es la ventaja de llegar temprano a un territorio que nadie mapeó. El riesgo es la otra cara de lo mismo. Llegás primero a un lugar donde tampoco hay caminos hechos”, concluyó Cwaik.
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