PEN internacional alerta sobre el deterioro de la libertad de expresión en la Argentina con el gobierno de Milei
El organismo expresó su “profunda preocupación por el empeoramiento del clima de hostilidad, censura e intimidación contra periodistas, escritores y medios de comunicación”
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LA NACIONDaniel Gigena
“Profundamente alarmado”, PEN Internacional expresó ayer su preocupación por “la escalada de ataques” del Gobierno; en especial, del presidente Javier Milei a periodistas y escritores. “Desde la censura y el abuso verbal hasta la violencia y la represión, periodistas y escritores se enfrentan a crecientes amenazas”, se lee en la cuenta de Instagram de la asociación mundial que custodia la libertad de expresión.
Día a día, periodistas y escritores, sobre todo mujeres, son atacados verbalmente por Milei, funcionarios y simpatizantes del Gobierno en redes sociales, actos y pronunciamientos públicos. Una de las consignas del Presidente -adoptada de Donald Trump- es “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. También este aspecto del mileísmo empieza a ser cuestionado en el exterior.
“El presidente de la Argentina y su gobierno deben poner fin inmediatamente a su campaña contra la libertad de prensa y fomentar un entorno en el que escritores y periodistas puedan llevar a cabo su vital labor sin obstáculos”, sostuvo el escritor kurdo de origen turco Burhan Sonmez, presidente de PEN Internacional, asociación con más de un siglo de trayectoria.
El Centro PEN Argentina está presidido por el escritor Gabriel Seisdedos. “Milei ha institucionalizado el abuso y la deslegitimación como norma en su trato con los medios de comunicación independientes -afirmó Seisdedos-. Es esencial garantizar un entorno en el que los periodistas, especialmente los que expresan opiniones críticas, puedan trabajar sin miedo ni censura institucional”.
PEN International manifestó su “profunda preocupación por el empeoramiento del clima de hostilidad, censura e intimidación contra periodistas, escritores y medios de comunicación”. En dieciocho meses de la presidencia de Milei, el organismo documentó un “patrón sistemático de ataques verbales, medidas institucionales restrictivas, acoso online y actos de violencia, que representan un grave retroceso para la libertad de expresión en el país”.
Se registran “repetidos insultos públicos” y el “descrédito del trabajo de reporteros, columnistas, autores e investigadores”, sin olvidar las restricciones al acceso a la información pública y las declaraciones de Milei que “alimentan un clima de estigmatización que pone en peligro el libre ejercicio del periodismo, así como los derechos a la información y a la libertad de expresión”. El Presidente denunció ante la Justicia a varios periodistas.
Los incidentes -que según la entidad “dibujan un panorama profundamente preocupante para la libertad de expresión”- fueron documentados por PEN International, PEN Argentina, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Reporteros sin Fronteras (RSF), Amnistía Internacional y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), entre otros. Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, la Argentina descendió 47 puestos en solo dos años.
Entre los “patrones” registrados se encuentran el “silenciamiento institucional” (en referencia al proyecto de implementar un botón silenciador en ruedas de prensa y los filtros de acreditación), la “legislación restrictiva” (como las modificaciones a la ley de acceso a la información pública), el “discurso de odio y lenguaje estigmatizador” de Milei y compañía, los ataques a periodistas, la difusión de contenidos difamatorios generados por IA (como el que afectó a la periodista Julia Mengolini), el cierre de medios de comunicación públicos, la represión durante las protestas (que casi le cuesta la vida al fotorreportero Pablo Grillo) y el intento de censura de libros.
Por último, el organismo mundial solicita al Gobierno que cesen los actos de acoso, incitación al odio y agresión contra escritores, periodistas y medios de comunicación y se restablezca la transparencia en la toma de decisiones públicas. Además, se exige la investigación de las agresiones físicas y digitales a periodistas y el respeto por la libertad de expresión de acuerdo con los tratados internacionales y regionales firmados y ratificados por la Argentina, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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