

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla procesó al piloto Gastón Mazzacane, que corre en Turismo Carretera; a su padre Hugo Héctor Mazzacane, que es presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), y a otros integrantes de la familia y empresarios en una causa en la que están acusados de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.
La deuda investigada supera los 5500 millones de pesos (2021–2023) y asciende a más de 8000 millones de pesos incluyendo 2024.
Según un dictamen del Ministerio Público Fiscal, al que accedió LA NACION, la maniobra investigada consistía en usar empresas vinculadas, contabilidad paralela y operaciones en efectivo para ocultar ingresos y vaciar la empresa principal.
El objetivo habría sido evitar el pago de impuestos y frustrar el cobro por parte del Estado generando una “aparente insolvencia”, según el expediente judicial.
El procesamiento alcanza a cinco empresarios (Hugo Héctor Mazzacane, Liliana Mónica Videla, Gastón Hugo Mazzacane, Juan Manuel Mazzacane y Eduardo David Gómez) y a las sociedades Quilmes Tolosa S.A., CEAGA S.A., Maverick S.A. y MDNAJMM S.A. por evasión fiscal e insolvencia fiscal fraudulenta.

El perjuicio al fisco nacional alcanzaría la cifra de $3.965.225.508, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
La fiscal federal María Laura Roteta y la delegación La Plata de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organizamos que es querellante en la causa, habían solicitado las declaraciones indagatorias de directivos de la firma Quilmes Tolosa S.A. —distribuidora de la marca cervecera— y a otras sociedades vinculadas.

La pesquisa se inició a partir de una denuncia hecha por ARCA sobre presuntas maniobras de evasión vinculadas a distintos tributos correspondientes en los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024. Además, se sospechaba de un proceso de vaciamiento patrimonial sostenido durante casi una década.
La investigación recayó en la Fiscalía Federal Nº1 de La Plata. La representante del Ministerio Público Fiscal y su equipo de trabajo reconstruyeron la estructura societaria del grupo económico, determinó el alcance real de su operatoria comercial “y verificaron la existencia de circuitos de ventas no registradas y traspasos patrimoniales”, se informó de manera oficial.
Durante la investigación hubo allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales, en los que se secuestró documentación contable, societaria y financiera relevante, además de dinero en efectivo. Las tareas contaron con la asistencia de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA).

De acuerdo con lo reconstruido por la fiscalía, “la firma principal registraría una deuda fiscal millonaria cuya ejecución habría sido obstaculizada mediante la transferencia de activos y flujos económicos hacia otras sociedades del mismo grupo”, según se informó en el citado sitio de noticias.
Para el Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían desplegado, al menos entre 2014 y 2024, un esquema destinado a provocar o agravar la insolvencia fiscal de la firma principal del grupo con el fin de frustrar el cobro de sus obligaciones tributarias.

“Entre las maniobras detectadas se incluyen la transferencia de bienes registrables a sociedades vinculadas, el desvío de flujos financieros, la utilización de sistemas de contabilidad paralela, la continuidad de la actividad comercial a través de estructuras societarias alternativas y el vaciamiento patrimonial deliberado”, se explicó.



