Analgésicos para tratar de calmar la inflación
Si los controles o congelamientos de precios dieran resultado, el inefable Guillermo Moreno no habría intervenido el Indec ni manipulado alevosamente sus índices durante casi nueve años para ocultar el recurrente fracaso de esas medidas intervencionistas, que siempre atacan los efectos y no las causas de la inflación .
El gobierno de Mauricio Macri puso fin al intervencionismo de la era K y recuperó rápidamente la confiabilidad de las estadísticas oficiales tras la designación de Jorge Todesca al frente del Indec. Pero no acertó con el diagnóstico ni con el tratamiento gradual para bajar la inflación que, en números redondos, trepó a casi 40% en 2016; 25% en 2017; 48% en 2018 y apunta por encima de 35% para 2019.
Esta performance decepcionante no solo ubicaría a la Argentina cerca del podio de países con mayor suba de precios, detrás de Venezuela, Sudán y Zimbabwe, según el FMI. También la alta y persistente inflación -que este año ya acumula 11%-, pasó a encabezar el ranking de preocupaciones sociales y a complicar las chances de reelección del Presidente y varios gobernadores oficialistas. De ahí que surgieran tensiones políticas dentro de las propias filas de Cambiemos.
Ante este escenario, las próximas medidas que anunciará la Casa Rosada están lejos de las expectativas que el ala política del oficialismo contribuyó a alimentar en los últimos días y generaron no poca confusión. Más bien son una módica respuesta política al reclamo de "hagan algo", que un obrero de la construcción le planteó personalmente a Macri semanas atrás durante un acto público.
Básicamente, consisten en la ampliación de la actual lista de 560 productos del programa "Precios cuidados", con alrededor de otros cuarenta de primeras marcas en 12 categorías de alimentos y bebidas, cuyos precios se mantendrán sin cambios en las góndolas durante 180 días.
Este plazo no es casual: su vencimiento coincidirá con la fecha de elecciones presidenciales y de gobernadores en la CABA y en la decisiva provincia de Buenos Aires. También es una excepción al sistema vigente, que prevé reajustes de precios cada tres o cuatro meses según los casos.
El listado adicional surge de nuevos acuerdos negociados directamente y contrarreloj por el Ministerio de Producción con las principales empresas industriales y grandes cadenas de supermercados. Así, habrá un nuevo conjunto de precios cuidados, acordados, pero también congelados mediante estos compromisos. Un símil de los "precios corajudos" (sin cambios por seis meses), que Carrefour promocionó últimamente para artículos de marca propia.
Aunque los productos con "precios cuidados" son una ínfima parte del amplio universo del consumo masivo (y de la oferta de las cadenas de supermercados, que equivale a un tercio del total), la inminente ampliación tiene una particularidad diferente.
Los nuevos rubros coinciden con los de la canasta básica alimentaria (CBA) del Indec que determina las líneas de indigencia y de pobreza. En otras palabras, si bien este congelamiento acotado difícilmente mueva el amperímetro de la inflación minorista (donde pesan mucho los aumentos de tarifas y precios regulados), atenuará la variación de la CBA, que vino subiendo interanualmente más que el nivel general del IPC por la incidencia de alimentos y bebidas.
En los despachos oficiales admiten que estos acuerdos apuntan a atender las necesidades de la población vulnerable más que a bajar la inflación. También explican que, a diferencia de la era K, los "precios cuidados" no se plantean como política antiinflacionaria sino como referencia para los consumidores.
Esta afirmación es válida si se tiene en cuenta que, tras el shock cambiario-inflacionario de 2018, es cada vez más difícil conocer los precios unitarios de muchos productos. En consumo masivo, los valores en las góndolas no son los mismos que paga el público, con descuentos que varían cada día según la forma de pago; y los fines de semana proliferan ofertas por cantidad para liquidar stocks, sin incluir los precios acordados con el Gobierno. O sea que cada precio es el resultado de un promedio, también difícil de calcular cuando se aceleran las remarcaciones, como viene ocurriendo con la inflación ubicada en la franja de 3,5/4% mensual.
En este marco y mientras no se desacelere la suba de costos, cualquier congelamiento de precios se asemeja a un resorte apretado que tarde o temprano habrá de desplegarse. La experiencia indica, además, que los márgenes que se sacrifican en los precios cuidados son compensados con subas en variedades similares, con lo cual se ensancha la brecha entre unos y otros e inclina la demanda hacia el producto más barato y menos rentable para fabricantes y supermercadistas. No por azar, muchos de estos productos son ubicados en los lugares más incómodos de las góndolas y aun así muestran espacios vacíos.
Los funcionarios que negocian los nuevos acuerdos aseguran que el abastecimiento de primeras marcas estará garantizado, aunque desde el sector privado advierten que hasta que se calcule la demanda adicional podrían surgir problemas de logística y distribución.
Por cierto que estas medidas equivalen a analgésicos o a parches sin efectos curativos para la enfermedad macroeconómica de fondo. Muchos especialistas las califican incluso como "fulbito para la tribuna", mientras el Gobierno espera que a partir de mañana las subastas diarias de dólares reduzcan la volatilidad cambiaria y que en mayo concluya la ola de ajustes de tarifas, pese a la incógnita de los combustibles. Con esta perspectiva, la inflación podría descender al escalón de 2% mensual, con cierto repunte del consumo en junio tras el medio aguinaldo, el nuevo ajuste de jubilaciones y los dispares aumentos salariales en paritarias.
En todo caso, este modesto panorama muestra los estrechos márgenes del Gobierno para manejar la política económica en los seis meses previos a las elecciones. Por un lado, el programa con el FMI implica restricciones fiscales y monetarias como tratamiento prolongado para bajar la inflación, a costa de salir más despacio de la recesión. Por otro, desde las propias filas de Cambiemos advierten que esa dinámica excede el calendario electoral, favorece a la oposición y presionan por medidas aisladas para mejorar las expectativas.
No solo eso. También el "fuego amigo" puede alimentar la desconfianza sobre el rumbo futuro. Una prueba es la controvertida "ley de góndolas" presentada por Elisa Carrió, bajo el supuesto de que las grandes cadenas de supermercados son responsables de las subas de precios y que se desmiente cuando operan en países vecinos con inflación de un dígito anual. Si prosperara en el Congreso, este proyecto intervencionista de 42 artículos (bajo el título ley de fomento de la competencia en la cadena de valor alimenticia), bien podría ser votado por los bloques peronistas.
Entre sus puntos más conflictivos está la exigencia de "contratos alimenticios" por escrito y "precio cierto" con pymes, cooperativas o productores primarios. Otro, prohíbe asignar a una sola marca un espacio superior al 20% de las góndolas para productos similares, y obliga a ubicar un 50% de productos locales y/o elaborados por pymes en los exhibidores contiguos a las cajas. También dispone que los productos con "precios cuidados" deberán ser ubicados en las góndolas a una altura no inferior a los 90 centímetros ni superior a los l60 (sic); prevé la "absorción equitativa" de costos de logística y reposición y, en casos de incumplimiento, sanciones de hasta 1% de la facturación bruta total.
En Twitter, el economista y fabricante de chacinados Gustavo Lázzari (hijo de la legendaria "Lita") no ahorra críticas a la iniciativa. Sostiene que además de regular todo, los contratos entre los eslabones del comercio de alimentos estarían gravados en el distrito bonaerense con el impuesto de Sellos y un efecto equiparable al de Ingresos Brutos. Entre sus seguidores no faltan quienes proponen que cada precio exhibido debería incluir además la alta proporción de impuestos que se trasladan a todos los consumidores.
nestorscibona@gmail.com
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