Para el cable, internet y celulares llega una regulación oxidada en un mundo digital

El mundo de los servicios públicos y las tarifas reguladas tiene nuevos habitantes. La telefonía celular, la prestación de conectividad por internet y la televisión paga quedarán ahora en la misma situación que la electricidad, el gas y las rutas o autopistas que cobran peajes.Sólo basta ver la prestación de servicios de cada uno de ellos para calificar la calidad regulatoria del estado argentino. La medida se oficializó a través del Decreto 690/2020 publicado en el Boletín Oficial.

El decreto que firmó el presidente Alberto Fernández tiene dos ejes. El primero, como se dijo, declara servicio esencial a estas actividades englobadas en las llamadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). La segunda, suspender cualquier aumento de precios o modificación establecido o anunciado desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Cada uno de los dos hemisferios tiene efectos concretos. La prohibición de subir los valores podría acarrear problemas de caja en el corto plazo que, con alguna ingeniería financiera y un aporte a la emergencia, se podría negociar con las empresas. Pero sin duda, el que trae nubarrones a largo plazo es el otro punto, el que iguala a las TIC a actividades reguladas como el colectivo urbano al que le dicta las normas el Estado.

Regular una actividad y convertirla en servicio público tiene un primer efecto concreto: las prestadoras dejan de tener precios y pasan a tener tarifas. Eso significa que es el Gobierno el que establece un valor a los que venden. A partir del ingreso de la empresa establece todo lo demás. Por caso, podría pedir calidad de servicio, obligar a invertir en determinadas zonas o lugares o decidir a qué universo se le cobra o no por la prestación.

La particularidad de este universo de empresa es que sus insumos no dependen de otro sector regulado. Por ejemplo, se congela el precio de la tarifa de electricidad que llega a un hogar, pero también se queda quieto, o se subsidia, el principal insumo que se compra al mercado mayorista eléctrico en el que están las generadoras. Los cables invierten en redes, tecnología y señales internacionales. Todas cobran en dólares y se ríen a carcajadas de las regulaciones argentinas. Las redes de internet, igual. Los fierros se pagan en dólares y ahora, las empresas, recaudarán en pesos regulados por el kirchnerismo.

Desde que empezó la cuarentena y el aislamiento, la manera de consumir internet cambió. Según datos del sector, en las primeras semanas de aislamiento el pico de consumo de datos creció hasta 60% en los hogares. Luego bajó, pero se estabilizó en un aumento de la demanda de alrededor de 35% respecto a los valores de marzo del año anterior. La única solución para que no aparezca ese círculo que gira y se autocompleta centrado en la pantalla cuando una serie no baja es la inversión.

Sólo una regulación eficiente podría lograr que ese renglón de las cuentas de una empresa no se convierta en la variable de ajuste. Pero claro, la historia reguladora argentina deja mucho que desear. Sólo para recordar algo. Hasta 2015, el capricho de aquel tercer gobierno kirchnerista generó un cuello de botella en las comunicaciones. Parte del espectro no se licitaba para entregárselo a Libre.ar, un germen de compañía celular virtual con la que se ilusionaban los camporistas y los devidistas que manejaban Arsat. La compañía nunca amaneció y las redes, entonces de 3G, se saturaban al punto que, para tener una conversación telefónica eficiente, era necesario acudir al fijo. El 4G es algo demasiado reciente en la Argentina.

La regulación kirchnerista se ha convertido en pródiga en cuestiones semánticas o discursivas que no tienen correlato con la realidad. Este no es la excepción.

En el inicio mismo del articulado se lee que este universo de actividades "son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia". Parece difícil entrever cómo podrán competir empresas que tengan tarifas reguladas, es decir, ingresos, a las que se les diga cómo, dónde, a quién y de qué manera tienen que atender a sus clientes.

Justamente, la regulación del Estado en materias esenciales es una creación para regular los monopolios naturales. No es posible, por caso, elegir entre dos empresas de gas o de electricidad. Tampoco hay dos autopistas paralelas que compitan con precios. Los colectivos urbanos tiene su recorrido y en esa traza son monopólicos, aunque compitan en algunos pequeños tramos. Justamente para que esas empresas que están solas se crearon los institutos reguladores, para que no haya abuso. No habrá competencia entre las telefónicas o prestadoras de internet si es el Estado el que dicta las normas para todas.

Pero hay algo más. La inversión en este tipo de sector es absolutamente perenne. La interrupción en la puesta a punto tecnológica es proporcional a la calidad de servicio. Los problemas de conectividad podrían regresar a la Argentina. Además, muchas actividades, como el comercio electrónico, basan su actividad sobre las redes.

Se podrían plantear varias situaciones absurdas. Por qué Mercado Libre, la empresa más grande de la Argentina, no podría negociar con una prestadora de internet la mejor conectividad posible. Por qué cualquier particular que quiera "volar" con su conexión no podría pagar más. El Estado ha metido los pies en un terreno fangoso.

La Argentina ha sido siempre más propicia a la regulación que a abonar la libre competencia. Esta es una muestra más del vicio de la intervención pero, claro, tiene una particularidad: hay redes de servicios públicos, el agua, por caso, que se mantienen con inversiones hechas hace décadas. Sólo mantienen caños de agua. Las tecnológicas prescriben. La velocidad de internet poco tiene que ver con el óxido que muestran los reguladores argentinos.

Por Diego Cabot

• Telefonía móvil

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