“Ninguno se ha solucionado”: denuncian que no se cumplen fallos judiciales de desalojo por usurpaciones de campos
La asociación Consenso Patagonia alertó que persisten ocupaciones de tierras rurales en Neuquén, Río Negro y Chubut y advirtió que hay sentencias firmes que los gobiernos provinciales no ejecutan
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LA NACIONMariana Reinke
En medio de un escenario de conflictos territoriales que persiste en distintas zonas de la Patagonia, la organización Consenso Patagonia advirtió que continúan vigentes múltiples usurpaciones de tierras rurales y alertó sobre la falta de acción de los poderes del Estado, incluso en casos donde ya existen sentencias judiciales firmes que ordenan desalojos.
En la entidad remarcaron que, pese al cambio de gobierno nacional, la problemática no se resolvió y en varios casos incluso se agravó. Según señalaron, hay establecimientos productivos ocupados parcial o totalmente y productores que dejaron de trabajar parte de sus campos por temor a robos, daños o vandalismo.
“La conflictividad territorial luego del cambio de gestión de gobierno no disminuyó; los conflictos siguen estando latentes y ninguno se ha solucionado”, sostuvo Juan Andrés Trebino, director ejecutivo de Consenso Patagonia, a LA NACION.
La organización nació en 2021 impulsada por productores preocupados por el avance de tomas de tierras públicas y privadas en la región. “Consenso Patagonia es una asociación civil sin fines de lucro que se creó motivada por un grupo de productores que estaban muy preocupados con lo que estaba sucediendo en la Patagonia con la usurpación de tierras públicas y privadas”, explicó Trebino.
Según indicó, uno de los objetivos iniciales fue visibilizar una problemática que no tenía suficiente repercusión pública ni respuesta estatal. “El Estado provincial y nacional no tomaban cartas en el asunto y en los medios nacionales no se conocía ni se hablaba del tema”, afirmó.
La ONG trabaja actualmente en Neuquén, Río Negro y Chubut, donde realiza monitoreo territorial, asistencia legal y elaboración de propuestas de política pública vinculadas a la crisis territorial y al abordaje de la política indígena.
Para Trebino, durante años la situación avanzó en un contexto de inacción oficial. “La situación de la conflictividad territorial y las usurpaciones de tierras durante muchos años fue motivada por el gobierno nacional y una inacción absoluta de los gobiernos provinciales”, aseguró.
En ese sentido, señaló que en distintos casos grupos se constituyeron como comunidades indígenas para reclamar tierras sin serlo. “Muchos se arrogaban o constituían falsamente comunidades indígenas, las inscribían y bajo ese paraguas salían a tomar tierras, reclamando ciertos derechos ancestrales”, dijo.
El ejecutivo recordó que hubo ocupaciones pacíficas, pero también episodios violentos que marcaron la escalada del conflicto. “Hay tomas absolutamente violentas y radicales como lo que sucedió en Villa Mascardi, donde quemaron casas y vandalizaron territorios del Estado”, afirmó sobre los episodios registrados en la zona.
Sin embargo, según advirtió, existe una impresión errónea de que la problemática terminó con el cambio de signo político a nivel nacional. “Hay una falsa percepción social de que con el cambio de gestión política las usurpaciones frenaron; nada más lejos de la realidad”, remarcó.
Para Trebino, lejos de haberse resuelto, los conflictos siguen activos y con mayor tensión. “La totalidad de los conflictos territoriales y las usurpaciones que existían con la gestión anterior están vigentes actualmente y la mayoría de ellas están mucho más crispadas y tensas”, sostuvo.
Uno de los puntos más graves que señaló la entidad es la falta de cumplimiento de decisiones judiciales firmes. “Las resoluciones judiciales que se dictan no se cumplen por el poder ejecutivo de turno”, denunció.
Actualmente, Consenso Patagonia tiene monitoreados más de 25 casos emblemáticos en las tres provincias patagónicas, aunque estiman que la cifra real es mayor porque muchos propietarios no denuncian o directamente abandonan la pelea judicial. “Una gran cantidad de campos que padecen usurpaciones no se han denunciado o no se van a conocer porque los titulares realmente decidieron dar por perdida esa batalla”, explicó Trebino.
Previo a las elecciones presidenciales de 2023, la organización presentó propuestas a distintos espacios políticos para abordar la problemática. Según detalló, algunas medidas fueron tomadas luego por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aunque advirtió que persisten dificultades en la articulación con los gobiernos provinciales.
“Se nos complica que los gobiernos provinciales tengan permeabilidad”, afirmó el directivo, quien consideró que actualmente las provincias “tampoco están queriendo abordarlo ni sabiendo muy bien cómo hacerlo”.
Uno de los casos mencionados por la organización es el de María Broers, propietaria de un campo entre Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche, que permanece ocupado desde hace más de 10 años.
Según explicó Trebino, en esa causa intervinieron más de 20 jueces y ya existen fallos firmes. “Hoy, esa causa tiene sentencia de desalojo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló.
Sin embargo, la orden no se ejecuta. “La semana pasada el juez ordenó por tercera vez el desalojo, pero no se produce porque la provincia no prestó los medios de seguridad necesarios”, denunció.
La organización dijo, además, que las ocupaciones generan daños ambientales y productivos. “En estas usurpaciones talan árboles, desmontan y dejan después tierra arrasada”, sostuvo Trebino.
Otro caso mencionado es el del productor Diego Ozollo, propietario de un campo en Villa Pehuenia. “Tiene un campo 100% productivo, lo compró y lo tiene tomado”, relató.
Según cuestionó, los productores enfrentan restricciones legales para trabajar sus propios campos mientras los ocupantes avanzan sin controles. “Para tirar un árbol en su propiedad, el dueño tiene que pedir permiso, pero vienen estos delincuentes, usurpan un campo y devastan absolutamente todo y nadie les dice nada”, afirmó.
Para Trebino, la falta de cumplimiento de las sentencias pone en riesgo el Estado de derecho. “Si los poderes ejecutivos provinciales no cumplen las sentencias judiciales quiere decir que estamos perdiendo el Estado de derecho”, advirtió. Y concluyó: “Esto es una anarquía porque cada uno hace lo que quiere; el dueño tiene que demostrar que es dueño y empieza un proceso kafkiano que no se sale nunca de ahí”.
LA NACION intentó tener una opinión de los gobiernos de Neuquén y Río Negro pero aún no tuvo respuesta.
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