Usurpación de tierras. Fuerte rechazo de entidades del campo tras nuevos casos
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Luego de varios casos de tomas de tierras, además de la denuncia que ayer hizo el exministro de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, por una usurpación de un campo familiar en Entre Ríos donde terminó involucrando al dirigente social Juan Grabois, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Movimiento Compromiso Federal, una línea interna de la Rural, criticaron cualquier avance sobre la propiedad privada.
"La propiedad privada es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la Constitución Argentina, y un principio sobre el cual se ha construido la Nación a lo largo de sus más de dos siglos de vida. Su respeto y preservación constituyen un derecho y una garantía que, además de estar protegidos por el todo, el ordenamiento legal y jurídico de la República, gozan del más absoluto consenso social", señaló en un comunicado la SRA.
La entidad señaló que "resulta inaceptable que diversos agentes sociales, en nombre de causas pretendidamente propias o incluso ajenas, usurpen tierras y propiedades cuando, en rigor, lo hacen persiguiendo su propio interés particular o, directamente, para atentar contra el Estado de Derecho, que a los argentinos nos ha llevado tanto tiempo y esfuerzo construir".
La SRA instó a los tres poderes del Estado, y a todos los niveles de Gobierno, a utilizar los mecanismos constitucionales y legales con los que cuentan "para hacer valer y respetar la propiedad privada en todos los rincones de la patria, a su integridad y la de todos aquellos ciudadanos que ostentan derechos legítimos".
Daniel Pelegrina, presidente de la SRA, indicó que "lo preocupante es que desde sectores del propio Estado se envían señales equivocadas de que, dependiendo en qué contexto, la propiedad es un derecho que se puede relativizar".
"Estas señales son aprovechadas por individuos que, muchas veces disfrazando sus intereses antisistema o de otras motivaciones, se empoderan sobre ellas para ocupar tierras, propiedades, hacerse de terrenos con violencia y avasallamientos de todo tipo. Los métodos que usan no son indiferentes", señaló.
"Hay grupos muy violentos como los que estan actuando en el Sur de nuestro país, que no solo invaden la propiedad ajena sino que causan destrucción y ponen en riesgo la integridad física y hasta la vida misma de personas. Sus motivaciones son políticas, desafiantes y desestabilazadoras. Tienen conductas más cercanas a los métodos del terrorismo que a la de reivindicar supuestos derechos. Otros utilizan mecanismos intimidatorios y coercitivos para intrusar propiedades privadas como el caso de lo que sucedió en varios lugares del conurbano o ayer en Entre Ríos. Con la excusa de la necesidad o de un conflicto familiar que está siendo dirimido en la Justicia, avasallan propiedades. Estas metodologías que no se previenen o al contrario, se alientan muchas veces por actores de la política, son observadas por la pasividad de los gobiernos correspondientes y terminan socavando los cimientos mismos del Estado de Derecho", agregó Pelegrina.
En tanto, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también repudiaron los hechos de usurpación y tomas de terrenos. "Desde CRA venimos alertando de una larga ocupación y la violencia que en ella se ha desatado muestra de manera innegable la caótica situación que ha alcanzado la ocupación ilegal de tierras, para presionar luego de haber consolidado su ocupación violenta. Si los perjudicados son productores, el Estado y las provincias, con pocas excepciones, se desentienden del asunto pretendiendo que ello sea un conflicto entre privados, cuando está claro, que se trata del quebrantamiento de derechos otorgados por la Constitución Nacional y que ello sucede bajo la inacción del Estado", afirmó CRA.
"El que piense que este es un problema de los grandes estancieros se equivoca. El que piense que este es un problema de los extranjeros se equivoca. Y el que piense que este es un problema exclusivo de los que tienen campo también se equivoca", añadió. A su vez, remarcó que "es inadmisible el silencio y la inacción de la política para con ellos".
"Los títulos de propiedad los otorga la provincia entonces deja de ser un problema entre privados para ser un tema de Política de Estado que debe ser urgentemente atendido", expresó.
Por otro lado, el Movimiento Compromiso Federal (MCF) también repudió los hechos originados en la ocupación de campos, terrenos y propiedades urbanas.
"La pasividad de la justicia resulta inadmisible frente a estos embates que se han manifestado en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y en el sur de nuestro país, entre otros lugares. En el caso específico de la provincia del litoral, vemos una preocupación adicional al ser en las tierras productivas de una empresa asociada a la Sociedad Rural Argentina", precisaron.
Además, remarcó "el convencimiento de que el respeto por la ley y la convivencia pacífica, constituyen el único camino del progreso y el desarrollo".
"Todo otro artilugio o intento de vulnerar la paz social, debe ser rechazado, penalizado y repudiado por la sociedad en su conjunto", indicó MCF.
Por otra parte, la Mesa de Enlace de Entre Ríos habló de horas de "zozobra" debido a las tomas de tierras. "Son horas de preocupación y de zozobra. No debemos caer en la trampa de aceptar que, si los perjudicados son productores, el Estado intente desentenderse de los hechos pretendiendo que ello sea un conflicto entre privados, cuando es evidente que estamos ante el avasallamiento de derechos otorgados por nuestra Carta Magna, ya que las usurpaciones organizadas claramente violan el Art. 17° de la misma que protege al principio de la propiedad privada", dijo la Mesa de Enlace de esa provincia.
"La propiedad privada vive momentos complicados. El estado de derecho empieza a agrietarse a partir de acciones que ponen en jaque principios fundamentales, resultando necesario hacer un alto y exigir mesura, compromiso y responsabilidad. Puntualmente, nos referimos a las tomas de tierras, algunas concretadas, otras abortadas, que han tenido lugar en la provincia de Entre Ríos en estos días, más precisamente en los departamentos Gualeguaychú y La Paz", agregó.
En tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), pidió a las autoridades "actuar de acuerdo a derecho".
"Toda actitud permisiva por parte del Estado crea inseguridad jurídica y pone en grave riesgo al derecho de propiedad, por lo tanto cualquier persona podrá verse privada del mismo solo en virtud de razones declamatorias, demagógicas e interesadas", afirmó Carbap.
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