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Desregulación energética: el Gobierno incorpora estaciones móviles al sistema de expendio
La decisión apunta a fomentar la competencia, reducir costos y garantizar el suministro en zonas sin estaciones fijas
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LA NACION
El Gobierno incorporó formalmente las estaciones de servicio móviles al registro oficial de bocas de expendio de combustibles, una medida que habilita su operación dentro del marco regulatorio vigente y busca ampliar las alternativas de abastecimiento en distintas regiones del país.
La decisión se inscribe en el proceso de desregulación y modernización del sector energético que impulsa el presidente Javier Milei, orientado a fomentar la competencia, reducir costos y mejorar la calidad del servicio para los usuarios. En ese marco, las estaciones móviles aparecen como una solución para localidades del interior donde muchas estaciones fijas se encuentran en mal estado, dejaron de operar o directamente no existen.
Según se informó, la iniciativa permite garantizar el abastecimiento en zonas que hoy carecen de infraestructura tradicional, reducir los costos tanto para las empresas como para los usuarios —que ya no deberásofin trasladarse largas distancias para cargar combustible— y promover una mayor competencia en el sector. Además, apunta a mejorar la seguridad y la competitividad en la provisión local, con impacto positivo en el desarrollo productivo de las economías regionales.
Por ejemplo, a partir de este verano, YPF instalará una estación modular en los puntos de mayor demanda, como la costa atlántica. Durante el invierno, la unidad sería trasladada a los principales centros de esquí.
El nuevo esquema establece que las estaciones móviles y modulares deberán cumplir con estrictas normas técnicas y de seguridad basadas en estándares internacionales, como la NFPA 385 y la UL-2085. Entre los requisitos se incluyen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, kits de control de derrames y extintores certificados. Cada unidad deberá ser auditada por empresas externas habilitadas y contar con planes de contingencia y seguros vigentes.
Asimismo, el régimen contempla un sistema de sanciones severas para quienes operen fuera de la normativa. Las penalidades incluyen multas equivalentes a hasta 160.000 litros de nafta súper y la inhabilitación inmediata de las instalaciones que no cumplan con las condiciones de seguridad o carezcan de auditorías actualizadas.
Desde el Gobierno señalaron que la medida apunta a mejorar la eficiencia del sistema, liberar la iniciativa privada y asegurar un servicio de combustibles más accesible y competitivo en todo el país.
LA NACION
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